Presentan proyecto de ley contra el hostigamiento judicial a la prensa: “Abusa de un sistema de justicia congestionado”

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien busca un asiento en el Congreso de la República para el próximo cuatrienio, ha presentado un proyecto de ley destinado a contrarrestar el hostigamiento judicial que padecen los periodistas. Esta iniciativa se ha desarrollado en colaboración con la organización El Veinte, que es una “red dedicada al acceso a la justicia en la defensa de la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales”.

Según Ana Bejarano, abogada y codirectora de El Veinte, la propuesta (ley anti-cepo) tiene como objetivo identificar y sancionar el acoso litigioso hacia la prensa. Para lograr esto, se sugieren modificaciones en la legislación procesal –en línea con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, con el propósito de dotar a los jueces de herramientas que les permitan argumentar, reconocer y sancionar este hostigamiento.

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“El acoso litigioso contra la libertad de expresión también vulnera el derecho de la comunidad a informarse sobre estos asuntos que algunos intentan silenciar. Además, explota un sistema de justicia que ya está colapsado, sin los recursos necesarios y con prioridades urgentes para abordar otros conflictos”, enfatizó Bejarano en una conferencia de prensa.

La codirectora de la organización señaló que, aunque todas las personas tienen el derecho de acceder a la defensa de su honor y buen nombre ante situaciones de falsedades o inexactitudes, en ocasiones esos derechos son utilizados como pretexto para silenciar e intimidar a periodistas y medios de comunicación.

Esto se considera un “abuso del derecho”. Por ello, el proyecto de ley introduce mecanismos procesales concretos para proteger a quienes son objeto de acoso judicial. “En la ley se incluye una definición de este fenómeno. No se limitará el derecho a acceder a la justicia, pero cuando se haga con fines de silenciamiento, los jueces tendrán más recursos para determinarlo”, aclaró.

Este tipo de legislaciones, como destacó la codirectora de El Veinte, han presentado resultados favorables en otras regiones del mundo, jugando un papel esencial en la lucha contra el hostigamiento hacia periodistas. Por ejemplo, en países de habla anglosajona se promovieron leyes anti-SLAPP (Pleito Estratégico contra la Participación Pública), que la Unión Europea ha replicado en su normativa.

“Decidimos adoptar un nombre más representativo para nuestro contexto: ley anti-cepo, que se dirige contra los casos de silenciamiento de la prensa y la opinión pública”, comentó.

No es la primera vez que en Colombia se presenta una propuesta para detener el uso del sistema judicial como herramienta de silenciamento de la prensa. En noviembre de 2021, se aprobó la Ley Anti-SLAPP en el Congreso, que buscaba “reformar el Código General del Proceso y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, información y asociación,” según lo declarado por el Senado en un comunicado.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), los periodistas en Colombia no solo enfrentan el hostigamiento judicial, sino que también son vulnerables a otras formas de violencia, que incluso los ha llevado al exilio.

En 2025, la organización documentó 469 agresiones contra 305 periodistas, resultando en “efectos más severos y duraderos” en sus vidas. Además, se reportaron 192 amenazas y más de 100 comunicadores se vieron afectados por estos acontecimientos en 29 de los 32 departamentos del país.

“Las repercusiones fueron inmediatas y dolorosas: 14 periodistas se vieron forzados a desplazarse dentro del país para salvaguardar sus vidas, y otros siete tuvieron que buscar asilo en otros lugares por motivos de seguridad. El silencio, una vez más, fue el precio impuesto a quienes intentaron informar,” señala la Flip en un comunicado emitido en febrero de 2026.