Colombia
Procuraduría abre proceso por presunta participación política de funcionarias en terminal de transporte de Cúcuta
La Procuraduría General de la Nación ha abierto un proceso disciplinario contra la gerente general de la Central de Transportes Estación Cúcuta, Belkys Alejandra Forero Gélvez, y la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, por presunta participación política inapropiada.
Como informó la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, el objetivo de esta investigación es determinar si las funcionarias organizaron y asistieron a una reunión política el 23 de septiembre de 2025, que tuvo lugar en las instalaciones de la Terminal de Transporte de la ciudad.
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El comunicado del Ministerio Público señala: “La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes ‘Estación Cúcuta’, Belkys Alejandra Forero Gélvez, debido a la presunta participación política inapropiada”.
Según la información proporcionada por la Procuraduría General de la Nación, el propósito de la investigación es comprobar si ocurrieron los hechos denunciados y determinar si constituyen una falta disciplinaria bajo la legislación vigente.
La entidad de control ha señalado que la investigación evaluará si las personas involucradas actuaron por alguna causa que las eximiera de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones públicas.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander enfatizó que la investigación está en sus primeras etapas y se orienta a recoger pruebas que aclare la naturaleza de la conducta presuntamente inapropiada de las funcionarias. El proceso disciplinario se centrará en determinar si hubo incumplimiento de la normativa que prohíbe la participación política de los servidores públicos.
La información oficial indica que la Central de Transportes Estación Cúcuta fue el escenario donde presuntamente ocurrió la reunión política.
La subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, junto con la gerente general de la terminal, son los principales sujetos de investigación en este asunto.
La Procuraduría General de la Nación ha anunciado que, tras la recopilación de evidencias y testimonios, se determinará si hay fundamento para proceder a fases avanzadas del proceso disciplinario o si se archivará la investigación.
Hasta el momento, no se han hecho públicos resultados preliminares ni se han tomado decisiones sobre la responsabilidad de las funcionarias involucradas.
La Procuraduría General de la Nación ha calificado la posible falta del exalcalde Cesar Armando Lozada Durán como grave, mientras que la del exasesor de Planeación Efraín Andrés Ríos Calderón se clasifica como gravísima, en el contexto de una investigación disciplinaria sobre supuestas irregularidades contractuales en Matanza, Santander.
De acuerdo con la investigación, Ríos Calderón, quien actuó como supervisor del contrato, podría haber certificado la recepción adecuada de una obra destinada a mejorar las redes de captación del sistema de acueducto, aunque esas labores no estarían funcionando correctamente.
“La Procuraduría Provincial de Bucaramanga trata de aclarar la conducta de los acusados en relación a la formalización de un contrato bilateral para la realización de una obra por calamidad, que busca optimizar las redes de captación del sistema de acueducto en la cabecera urbana; pues supuestamente el alcalde no presentó a la autoridad fiscal competente el decreto que declara el estado de calamidad pública, el contrato y la documentación que lo respalda”, se menciona en el comunicado de la Procuraduría.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga busca confirmar si el exalcalde omitió presentar a la entidad fiscalizadora el decreto de calamidad pública, así como el contrato y la documentación relacionada que dio origen a la obra.
La entidad disciplinaria ha formulado cargos contra ambos exfuncionarios por la ejecución de un acuerdo bilateral establecido para la vigencia 2022, cuyo propósito era atender una situación de calamidad pública en la cabecera urbana de Matanza.
