Un proyecto de ley para prohibir cambio de sexo menores de edad en Colombia fue radicado en el Congreso de la República. Esta iniciativa legal es una propuesta que busca evitar que niños, niñas y adolescentes accedan a tratamientos de transición de género como bloqueadores de pubertad, terapias hormonales o cirugías. La propuesta, liderada por congresistas como Andrés Forero, Carol Borda y Luis Miguel López, se fundamenta en el principio de precaución médica y la protección de los derechos de la niñez en el país.
El objetivo central de este proyecto es salvaguardar a los menores de edad de procedimientos que, según sus impulsores, podrían tener consecuencias irreversibles. Los congresistas sostienen que una persona menor de edad no posee la madurez ni la autonomía legal suficiente para consentir tratamientos de esta naturaleza. La iniciativa ha sido denominada “Ley Laura”, en referencia a un caso de una menor que, presuntamente sin suficiente información, se sometió a terapias con daños irreversibles.
¿Qué implica prohibir cambio de sexo menores en el contexto colombiano?
La radicación de este proyecto para prohibir cambio de sexo menores abre un significativo debate ético y legal en Colombia, con profundas implicaciones para el sistema de salud y los derechos de las poblaciones trans. A nivel global, varios países han adoptado diferentes posturas; mientras algunos estados en EE. UU. han prohibido estas terapias para menores, naciones europeas como Suecia o el Reino Unido han revisado sus guías, optando por un enfoque más cauteloso o restringido a casos muy específicos, privilegiando la observación y el apoyo psicológico antes que las intervenciones médicas.
En Colombia, la propuesta establece un régimen sancionatorio estricto. Los médicos que presten, ordenen o ejecuten estos procedimientos en menores podrían incurrir en una falta grave contra la ética médica, con posibles sanciones que llegan hasta la suspensión del ejercicio de la profesión por un término máximo de cinco años, de acuerdo con la Ley 23 de 1981. Adicionalmente, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que autoricen o faciliten estas conductas también serían objeto de sanciones administrativas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, incluyendo la revocatoria de su certificado de habilitación.
El proyecto de ley, no obstante, precisa que la prohibición no afecta el acceso a la atención integral necesaria en casos de pubertad precoz clínicamente diagnosticada, ni a alteraciones congénitas, genéticas o cromosómicas que incidan en el desarrollo sexual. La medida se enfoca exclusivamente en la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes, sin regular las intervenciones médicas de afirmación de género en personas mayores de edad, un punto crucial que busca delimitar su alcance y evitar confusiones. Esta diferenciación es importante para entender el marco de la discusión que tendrá lugar en el Congreso, donde se espera una amplia deliberación con diversos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de derechos humanos y asociaciones médicas, como lo ha sido en otros contextos internacionales, según reporta BBC Mundo sobre debates similares.
Este proyecto para prohibir cambio de sexo menores plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la autonomía progresiva de los niños y adolescentes y el deber de protección del Estado, así como los modelos de atención de salud mental y física disponibles para jóvenes con disforia de género en el país. El desenlace de esta iniciativa podría redefinir aspectos importantes de la legislación y la práctica médica en Colombia.
