Pueden los agentes de inmigración exigir información sobre inquilinos a propietarios – Advierten que ICE ya lo hace | Estados Unidos | MAG

Las autoridades de inmigración en Estados Unidos están exigiendo a los propietarios de viviendas que entreguen información detallada sobre sus inquilinos, incluyendo contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío e identificaciones. Esta medida, revelada por The Associated Press, sugiere que la administración Trump está focalizándose en los propietarios para que colaboren en su estrategia de deportaciones masivas. Eric Teusink, un abogado de bienes raíces en Atlanta, ha confirmado que varios de sus clientes han recibido recientemente citaciones judiciales (subpoenas) solicitando expedientes completos de sus inquilinos.

Las citaciones, de dos páginas y descritas como “subpoenas de cumplimiento de información”, también piden datos sobre otras personas que residen con el inquilino. Una de ellas, fechada el 1 de mayo, está firmada por un oficial de la unidad antifraude de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de EE.UU. (USCIS), pero carece de la firma de un juez. Aún se desconoce la magnitud de estas citaciones, pero podrían indicar una nueva fase en los esfuerzos de la administración por localizar a personas que se encuentran en el país de forma irregular, muchas de las cuales proporcionaron sus direcciones en el país norteamericano como condición para su entrada inicial sin visado.

La legalidad de estas demandas está siendo cuestionada por expertos legales y administradores de propiedades, quienes señalan que la falta de una firma judicial podría invalidar las solicitudes. Además, advierten que, al cumplir con estas citaciones, los propietarios podrían violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional. Los críticos también expresan su preocupación de que los propietarios puedan sentirse intimidados a cooperar sin una orden judicial, mientras que las personas cuya información es solicitada podrían nunca enterarse de que sus registros privados están en manos de las autoridades de inmigración.

Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de vivienda en la Universidad de Tulane, subraya el “peligro del exceso de cumplimiento”, enfatizando que “el hecho de que un propietario reciba una citación no significa que sea una solicitud legítima”. Aunque los oficiales de ICE han utilizado durante mucho tiempo citaciones firmadas por un supervisor de la agencia para intentar ingresar a los hogares, los grupos de defensa han impulsado campañas de “Conozca sus Derechos” instando a las personas a negar la entrada si no hay una orden judicial firmada por un juez. La citación revisada por AP, proveniente de la dirección de detección de fraude y seguridad nacional de USCIS, aunque no está firmada por un juez, amenaza con desacato judicial a los propietarios que no cumplan.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, defendió el uso de estas citaciones sin confirmar su emisión, declarando: “No vamos a comentar sobre las tácticas de aplicación de la ley en investigaciones en curso”. Sin embargo, enfáticamente desmintió que las citaciones de ICE puedan simplemente ignorarse, advirtiendo sobre “serias sanciones legales” por incumplimiento y acusando a los medios de “difundir estas mentiras”. Esta postura contrasta con la confusión manifestada por propietarios y abogados del sector inmobiliario ante la novedad de estas solicitudes.

Eric Teusink, el abogado de bienes raíces de Atlanta, señaló que sus clientes, acostumbrados a recibir citaciones para otros fines como grabaciones de vigilancia o acceso policial, estaban confundidos al no ver una firma judicial en estas nuevas demandas de inmigración. Tras consultar con abogados de inmigración, concluyó que el cumplimiento es opcional a menos que un juez las haya firmado, considerándolas esencialmente como una “expedición de pesca” por parte de un oficial. De manera similar, la abogada de bienes raíces de Boston, Jordana Roubicek Greenman, aconsejó a su cliente no devolver una llamada de un oficial de ICE solicitando información sobre un inquilino, una situación que otros abogados locales también reportaron.

Anthony Luna, CEO de Coastline Equity, una empresa de gestión de propiedades comerciales y multifamiliares en el área de Los Ángeles, indicó que los administradores de propiedades comenzaron a contactarlo hace unas semanas debido a las preocupaciones de los inquilinos sobre rumores de estas citaciones de ICE. La mayoría de sus clientes no planean cumplir si las reciben, cuestionando la necesidad de los archivos de los proveedores de vivienda si el objetivo son los “criminales”. Esta postura refleja una resistencia creciente y una demanda de procesos legales más transparentes.

Según Lindsay Nash, profesora de derecho en la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva, las citaciones de ICE existían antes del primer mandato de Trump, pero experimentaron un aumento significativo bajo su administración. Sin embargo, antes era raro que los propietarios las recibieran, siendo las fuerzas policiales estatales y locales los destinatarios más comunes. Nash explica que ICE puede hacer cumplir las citaciones, pero primero tendría que presentar una demanda en un tribunal federal y obtener la aprobación de un juez, un paso que permitiría al destinatario de la citación oponerse. La preocupación radica en que muchos cumplen sin informar a la persona cuyos registros son divulgados, al percibir las citaciones como “oficiales” y con lenguaje “amenazante”.

Ronie Bautista