El Gobierno informó que declarará el estado de emergencia económica como respuesta a la situación fiscal y presupuestaria que enfrenta el país.
El anuncio se realizó este viernes 19 de diciembre y fue ratificado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, durante la más reciente rueda de prensa de política económica del Banco de la República. La decisión apunta a habilitar herramientas extraordinarias para enfrentar el faltante de recursos del Estado.
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Según explicó el funcionario, la declaratoria funcionará como un mecanismo para expedir normas orientadas a recuperar cerca de $ 16,3 billones, recursos que el Ejecutivo considera necesarios para lograr el equilibrio del Presupuesto del 2026. La decisión, indicó, está directamente relacionada con el hundimiento del proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República.
En ese contexto, Ávila afirmó: “Fue negado por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios para que equilibren el Presupuesto aprobado por el mismo Congreso”.
El ministro agregó que el Ejecutivo avanza en la definición de alternativas para suplir ese faltante fiscal y precisó: “Entre ellas estamos terminando de concretar la alternativa de declaración de emergencia económica, con la cual pretendemos que esos recursos que no han sido posible acudir a ellos para equilibrar el Presupuesto, va a ser necesario lograrlos a través de medidas acompañadas de la declaración de emergencia económica”.
La medida busca recuperar cerca de $16 billones para equilibrar el Presupuesto General de 2026. Foto:Presidencia
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¿Qué es una emergencia económica y cómo está regulada?
La emergencia económica, social y ecológica está contemplada en el artículo 215 de la Constitución Política. Esta disposición faculta al Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, para declarar el estado de emergencia cuando se presenten hechos distintos a la guerra o a la conmoción interior que alteren o amenacen gravemente el orden económico, social o ecológico.
La norma constitucional establece que esta declaratoria puede extenderse hasta por 30 días, con posibilidad de prórroga, sin que supere un total de 90 días en un mismo año calendario. Durante este periodo, el Gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley, siempre que estén dirigidos exclusivamente a enfrentar la crisis y a impedir la ampliación de sus efectos.
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Uno de los aspectos centrales de esta figura es la naturaleza de los decretos que se expiden. De acuerdo con el Consejo de Estado, estos actos tienen carácter legislativo, lo que significa que cuentan con la misma fuerza jurídica que una ley aprobada por el Congreso. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que estas facultades están sujetas a límites estrictos y deben cumplir varios requisitos:
- Tener relación directa y específica con la crisis.
- Ser proporcionales y temporales.
- No desmejorar los derechos sociales de los trabajadores.
- Estar sujetos a control automático de constitucionalidad
Esto implica que, aunque el Gobierno puede actuar de manera expedita, todas las decisiones adoptadas durante la emergencia serán revisadas posteriormente por la Corte Constitucional, que tiene la facultad de anular los decretos si considera que exceden lo permitido por la Carta Política.
El anuncio se produce tras el hundimiento en el Congreso del proyecto de reforma tributaria. Foto:iStock
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*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.
