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La emisión del Decreto 1197 por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo originó un revuelo esta semana que rápidamente fue más allá de lo financiero. Lo que inició como una discusión sobre el efecto productivo de establecer en 0 por ciento el arancel para 37 insumos esenciales de la industria textil —entre ellos hilos de seda, fibras sintéticas, tejidos en bruto, hilos texturizados y fibras acrílicas— culminó transformándose en un inusitado enfrentamiento entre empresarios y Zhu Jingyang, embajador de la República Popular China en Colombia.
La decisión, que según el Gobierno representa un alivio para los confeccionistas y una respuesta a presuntos problemas de suministro y precios, fue recibida con preocupación por sectores industriales, sindicatos, cultivadores de algodón y exministros. La discrepancia adquirió una magnitud inesperada cuando Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó la medida y recibió a cambio un intercambio desafiante de mensajes públicos con el diplomático chino a través de la red social X.
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El diplomático se burló del presidente de la Andi y lo tildó de “avestruz” por no considerar —según él— los beneficios para los consumidores colombianos.
Mac Master respondió de inmediato: “Me entero, señor embajador, de que usted representa a un país extranjero que está realizando comentarios públicos sobre asuntos internos de Colombia… Confunde la libertad de expresión con el respeto que esperamos en los debates internos de nuestra nación”.
Para Mac Master, presidente de la Andi, gremio de los empresarios del país. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
El líder gremial se mostró atónito por el tono del diplomático, a quien acusó de actuar como si la “superioridad” de su país le otorgara el derecho a interferir en discusiones nacionales, al mismo tiempo que también cuestionó el silencio de la Cancillería: “Me gustaría saber si nos va a respaldar o no”, precisó.
Intereses del imperio
La disputa no pasó desapercibida para quienes siguen la política exterior china. Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, quien ha analizado la expansión diplomática y económica del gigante asiático, fue contundente al señalar que: “China actúa como un imperio. Cuando alguien desafía sus intereses, ejerce presiones muy severas”.
Santos recordó situaciones similares de diplomáticos chinos confrontando públicamente a líderes políticos en Chile, Perú, Brasil y Panamá, y enfatizó que el comportamiento del embajador en Colombia se ajusta a esta tendencia.
Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia. Imagen:Lenin Nolly. EFE
Para él, la medida arancelaria colombiana claramente favorece a China, y la respuesta del diplomático intenta garantizar que no se revierta. “China no se ajusta a normas internacionales al momento de proteger sus intereses”, indicó.
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El exvicepresidente también alertó que el panorama internacional ha cambiado: “Mantenerse neutral entre Estados Unidos y China será cada vez más complicado. China está utilizando medios informativos y políticos para salvaguardar sus intereses, no los métodos diplomáticos convencionales”.
Política industrial
Sin embargo, más allá del incidente diplomático, el análisis fundamental continúa siendo la política industrial del país. Mac Master enfatizó que las resoluciones en este ámbito no pueden estar supeditadas a presiones políticas ni a intereses de un único sector.
“No es posible que la política industrial dependa de los altibajos de grupos políticos o electorales. Ya es bastante difícil sostener nuestras industrias”.
El caso de compañías icónicas como Fabricato, que han realizado inversiones a lo largo de los años en modernización, representa para el dirigente un ejemplo de los peligros de poner a la industria nacional en riesgo por distorsiones externas y prácticas desleales del comercio.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Colombia, actualmente rector de la Universidad EIA. Imagen:El Tiempo / cortesía
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y ahora rector de la Universidad EIA, concuerda en que Colombia requiere una política industrial coherente y que funcione para toda la cadena, no para un solo segmento.
Acerca del decreto, manifestó que “es una decisión sumamente negativa que perjudica la producción nacional y es inconsistente con las propias directrices del Gobierno”.
Señala que si la finalidad es reducir costos de insumos, no tiene sentido mantener un arancel del 40 por ciento para las confecciones terminadas, mientras se elimina para los insumos, ya que esta distorsión solo favorece a un subsector históricamente dominante: los confeccionistas.
“Este subsector siempre ha solicitado incrementar el arancel al producto acabado y disminuir el arancel al insumo”, indicó, añadiendo que la política tiene un evidente componente político, relacionado con actores que han presionado por decisiones en comercio exterior.
Beneficio se restringe a importaciones de países sin acuerdos comerciales con Colombia. Imagen:
Imagen creada con ChatGPT
EL TIEMPO intentó obtener la posición del Ministerio de Comercio respecto a estas opiniones, sin embargo, al cierre de esta edición, Diana Morales, que lidera esta Cartera, no había emitido ningún comentario al respecto.
Desde la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture expresó su esperanza de que “la resolución no busque favorecer a proveedores de países sin acuerdos comerciales con Colombia, sino reducir costos de insumos y fomentar la producción nacional”. Afirmó que cualquier modificación arancelaria debe ser evaluada en un contexto integral que considere los efectos en la regla de origen del TLC con Estados Unidos.
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Para Lacouture, resulta erróneo sostener que los exportadores colombianos no cumplen con la regla yarn-forward. Diversas empresas sí organizan sus cadenas de producción bajo esa norma, logrando exportar con arancel cero a Estados Unidos. Un cambio en la lógica de insumos podría perjudicar ese cumplimiento y, eventualmente, incrementar los aranceles para aquellos que exportan al principal mercado colombiano.
Asistencia a empresarios
En defensa de la medida, la ministra Morales indicó esta semana que el Gobierno busca “atender una insuficiencia de oferta de insumos esenciales”, mitigar las presiones de precios derivadas de la competencia internacional y enfrentar “distorsiones” que podrían amenazar la competitividad del sector.
Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Foto:Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Según el Gobierno, la disminución arancelaria ayudará a reducir costos, combatir el contrabando, formalizar el mercado de confecciones y crear un entorno más competitivo. “La visión del presidente Gustavo Petro se refleja en decisiones de política industrial que consolidan, con rigor y estrategia, las cadenas productivas del país”, aseguró la funcionaria.
Una explicación que no convence del todo al empresariado colombiano, quienes coinciden en que el decreto desprotege a los eslabones más vulnerables de la cadena y facilita una mayor entrada de insumos asiáticos a precios con los cuales la industria colombiana no puede competir.
Las salidas
Para Conalgodón, el decreto “destruye la producción nacional de algodón”. El gremio advierte que las 20.000 toneladas proyectadas para la cosecha Costa–Llanos 2025/2026 quedarían sin mercado, amenazando 8.000 empleos directos y 30.000 indirectos, muchos de los cuales pertenecen a mujeres jefas de hogar.
El Gobierno estableció un arancel de 0 para 10 subpartidas que constituyen materia prima para la elaboración de prendas. Imagen:Ministerio de Comercio
La Confederación General del Trabajo (CGT) se unió al rechazo, advirtiendo sobre cierres de empresas y la eliminación de puestos de trabajo en áreas donde la industria textil es fundamental para la economía.
¿Existen soluciones para esta problemática? Santos considera que sí, pero resalta que dependerá de la capacidad de los sectores perjudicados y de la presión social: “Hay acciones que se han revertido en otros países. Sin embargo, China ejerce una fuerte presión cuando se ven afectados sus intereses”.
Organizaciones como Conalgodón y la CGT ya están explorando vías legales y administrativas para pedir la revisión del decreto. Otros sectores proponen la implementación de mecanismos de salvaguardia o de estudios de impacto que forzarán a reconsiderar la medida.
Desde la Andi, la prioridad es que el Gobierno reconozca el peligro para el empleo y la producción nacional, y analice alternativas que no desmantelen la base productiva.
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