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En Bogotá, los habitantes y emprendedores enfrentan un momento “crítico”, según comentaron los especialistas. Según la firma Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera con corte al mes de octubre de 2025, se contabilizaron 4.305 peticiones de insolvencia de individuos.
La firma informó que en 2024 se realizaron en Bogotá 3.024 peticiones de insolvencia de individuos durante todo el año, lo cual indica que hubo un incremento en 2025 de 51,54 por ciento en el número de personas que se declararon en quiebra.
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El descenso en la situación financiera de los bogotanos se presentó como uno de los más significativos en todo el país, de acuerdo con los datos de Insolvencia Colombia. Esto se debe a que, con corte a octubre de este año, la capital fue la que más lideró el listado de ciudades con mayor número de insolvencias de individuos.
Este fenómeno no es exclusivo de los particulares, ya que, según María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá Región, las peticiones de insolvencia a nivel nacional, así como las de la ciudad de Bogotá y las solicitudes de liquidación judicial de empresas han mostrado un crecimiento constante desde 2021.
Insolvencia Bogotá. Foto:archivo particular
“Es un asunto que genera inquietud en medio de la situación económica que atraviesa el país, que aunque presenta algunos indicadores económicos que parecen favorables, lo que se observa al recorrer las calles y los negocios es que las cifras a menudo no representan la realidad”, comentó María Alejandra Osorio, vicepresidenta nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).
Osorio destacó que, en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), encontraron datos de la Superintendencia de Sociedades que muestran un aumento en los procesos de insolvencia, con más de 4.600 reportados desde 2024. “Esto confirma que no solo las viviendas, sino también las empresas, especialmente las más pequeñas, están experimentando parte de los efectos de la contracción económica”.
Según Acopi, los sectores que más están contribuyendo a los procesos de insolvencia son el comercio y los servicios, que se han visto perjudicados por una operación limitada y márgenes de utilidad bastante bajos en términos generales, no solo por la situación actual. Asimismo, Osorio indicó que los factores que explican esta vulnerabilidad están relacionados con dificultades a nivel estructural.
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Las principales razones
Según la firma Insolvencia Colombia, las razones más significativas de quiebra entre los colombianos se deben a un mal manejo de sus finanzas, desempleo e informalidad, excesiva deuda y fracasos en emprendimientos.
Según Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, el informe muestra un deterioro en la capacidad de los hogares para alcanzar acuerdos, una situación que se agrava por las normativas cada vez más restrictivas de algunas entidades financieras para apoyar a los deudores en sus propuestas de pago.
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Asimismo, agregó: “El incremento de insolvencias en individuos con trabajos informales es un dato impactante en este análisis, pues generalmente se piensa que solo el desempleo puede conducir a una quiebra. El gobierno actual tiene una deuda pendiente en cuanto a lograr la formalización de los trabajos para mejorar el desarrollo económico y financiero de los colombianos”.
La presidenta de ProBogotá Región añadió que, en el caso particular de los habitantes de la capital, uno de los elementos es el impacto de la pospandemia, dado que la ciudad aún no ha logrado recuperar los indicadores de confianza del mercado, la generación de inversión y la promoción empresarial que tenía en 2019, antes de la emergencia sanitaria.
María Carolina Castillo, presidenta ejecutiva de ProBogotá Región Foto:Región de ProBogotá
María Alejandra Osorio expresó que una de las causas por las cuales esta situación se manifiesta en el comercio y el sector servicios es el alto costo de las tarifas de energía eléctrica. Indicó que existe una gran inquietud por el proyecto de ley presentado que alteraría las condiciones de los subsidios, aumentando aún más la carga sobre los estratos altos y el sector industrial, sin abordar de raíz el problema del desabastecimiento.
Castillo también advirtió que en la nación se está configurando un contexto poco favorable para la formalidad empresarial, impulsado por decisiones del Gobierno Nacional que, según comentó, están desincentivando la creación y sostenimiento de empresas formales.
“Consideramos que hay un factor importante relacionado con la desincentivación…
de la formalidad que ha sido impulsada por el Gobierno Nacional”, manifestó Castillo, al referirse a lo que considera un contexto de cargas regulatorias y fiscales desmedidas. Aclaró que este panorama surge, por un lado, debido a la elevada carga impositiva y las reformas que han incrementado los costes laborales, y por otro, por el debate relacionado con el incremento del salario mínimo.
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Castillo advirtió que este mensaje impacta negativamente en la competitividad económica, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97 por ciento del entramado empresarial colombiano. “Los emprendedores pequeños y medianos pueden creer que les resulta más ventajoso operar en la informalidad. No es que dejen de realizar sus actividades económicas, sino que optan por dejar de ser formales”, enfatizó.
En su parte, la presidenta de ProBogotá Región destacó un fenómeno que representa un gran reto, ya que se manifiesta en un contexto global incierto y de políticas públicas locales que también generan desconfianza. “Es sumamente complicado que una idea de negocio o de inversión se materialice y perdure en el tiempo en un entorno con tanta incertidumbre” concluyó.
Asimismo, mencionó que las pequeñas y medianas empresas en Colombia operan con márgenes de rentabilidad bastante reducidos, entre el 2 y el 3 por ciento.
En su estructura de costes, la porción laboral representa aproximadamente el 70 por ciento de los gastos operativos anuales, por lo que cualquier incremento en el salario mínimo afectaría de manera directa su viabilidad. “Cuando se eleva el salario mínimo, el indicador del 70 por ciento es el primero que se ve afectado”, aclaró.
De acuerdo con las expertas, ante esa presión financiera, muchos empresarios terminan enfrentándose a dos alternativas: cerrar sus empresas o recurrir a la informalidad, trasladando algunos servicios que anteriormente eran formales a esquemas independientes.
La carga de los costes laborales, más que las inversiones de capital, provoca que el aumento del salario mínimo tenga un efecto inmediato sobre la operación de las mipymes en el país.
En lo que respecta al comportamiento de los individuos, Osorio apuntó que el acceso al crédito y las oportunidades de conseguir financiamiento continúan siendo limitadas. En este sentido, explicó que la alerta que emite este estudio sobre los hogares coincide con la situación que también se está presentando en el sector empresarial.
María Alejandra Osorio, vicepresidenta nacional de Acopi. Foto:@MaAlejaOso
Las recomendaciones
Desde ProBogotá, María Carolina Castillo subrayó que es urgente Establecer un esquema formal, con mayor conocimiento, que no se limite únicamente a la provisión de capital.sino que también incluya un acompañamiento al modelo y al caso de negocio de las pequeñas y medianas empresas, para hacerlas mucho más eficientes.
Para Osorio,
la solución no radica únicamente en endeudarse, sino en llevar a cabo una reorganización interna que facilite la identificación de la raíz del inconveniente, ya sea financiero, de cartera, proveedores o ventas. Antes de solicitar créditos, tanto las personas como las empresas deben analizar su verdadera capacidad de endeudamiento y evitar compromisos que excedan lo que pueden generar.
“La conclusión es que es fundamental adaptarse a las posibilidades reales y planificar a corto, mediano y largo plazo para potenciar la productividad antes de asumir nuevas obligaciones”, afirmó María Alejandra Osorio.
Se resaltó la relevancia de incorporar herramientas digitales y capacitar al talento humano en TIC Foto:iStock
El panorama para el 2026
Las previsiones para el próximo año, de acuerdo con la presidenta de ProBogotá Región, María Carolina Castillo, apuntan a que en 2025 el crecimiento económico del PIB será un poco más alto que el del año anterior.
En este contexto, Castillo aclaró que al finalizar el año se anticipa que el número de empresas cerradas o en proceso de liquidación judicial sea menor que el de 2024 y más cercano al de 2023. No obstante, todavía se mantendría por encima de los niveles de 2019, “por lo que sigue siendo vital una política que aborde esta situación”.
Por su parte, la vicepresidenta nacional indicó que, en términos generales, el panorama económico no es muy optimista.
“Nuestra economía aún es bastante frágil, carece de capacidad productiva y pierde empresas cada día”, aseveró María Alejandra Osorio.
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ
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