¿Qué se sabe de la mesa de concertación para nuevo decreto del salario mínimo de Colombia en 2026?

El Gobierno nacional, los empresarios y los trabajadores pondrán nuevamente sobre la mesa sus propuestas del incremento del salario mínimo para este año, luego de la decisión del Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que este viernes suspendió de manera provisional el decreto que aumentó en un 23,7% el salario mínimo de este año en Colombia y le ordenó al Ejecutivo expedir en un plazo máximo de ocho días hábiles un decreto transitorio que determine el porcentaje de un aumento del mínimo mientras se adopta una decisión de fondo sobre el decreto original. Para ello, el Gobierno del presidente Gustavo Petro convocó a una mesa de concertación.

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Lo que se sabe hasta ahora es que la discusión tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo este lunes 16 de febrero a las 10 a.m. Los empresarios le dijeron a Noticias Caracol que mantendrán su propuesta de un aumento que no supere el 7,2% para futuras contrataciones. “Vamos a mirar dentro del diálogo cuál inflación se va a tomar realmente como variable para fijar el salario mínimo. Entonces, lo lógico hoy sería unir factor de productividad con inflación. Eso nos da el 7,2%, por ahora llevaremos a la mesa la fórmula que nosotros tuvimos inicialmente”, afirmó María Elena Ospina, presidenta de Acopi, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, las centrales de trabajadores piden que el Gobierno se mantenga en ese 23,7%. Así lo manifestó John Jairo Caicedo, presidente de la CTC. “La cifra que se va a plantear va a ser la misma, o sea el mismo de 23%, dado que ya los colombianos y colombianas han venido aplicando esto en sus salarios, han venido percibiendo este incremento”, explicó.

El Consejo de Estado señaló este viernes que “el nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales”. Y citó variables como la inflación, el crecimiento del PIB y la productividad, entre otros.

El salario mínimo para 2026 fue establecido el pasado 30 de diciembre en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, en lo que el presidente Gustavo Petro calificó como un paso hacia el “salario vital”, ajuste que, según el Gobierno, beneficia a 2,3 millones de trabajadores, el 10% de los asalariados del país. Este viernes, luego de la decisión del alto tribunal, el mandatario colombiano aclaró que respeta la decisión y convocó a una “reunión de concertación” para expedir uno nuevo, como se lo ordenó el tribunal. El mandatario adelantó que “la reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del ‘salario vital’ en el incremento de precios en algunos productos alimenticios”.

En Colombia el aumento del salario mínimo suele definirse a finales de año en una negociación tripartita entre las centrales obreras, los empresarios y el Gobierno. En caso de que no haya acuerdo, como ocurrió en diciembre pasado, el Ejecutivo puede fijarlo por decreto. La subida del 23,7%, anunciada por el presidente colombiano superó las expectativas incluso de los sindicatos, que pedían un incremento del mínimo del 16%, mientras que los empresarios ofrecían alrededor del 7%.

Entretanto, algunos  empresarios dicen que mantendrán el aumento del 23% en su nómina actual. “Algunos dicen que la van a mantener, otros están esperando cuál va a ser ese nuevo decreto para mirar qué se hace. Lo que pasa es que si ya yo tengo un contrato por el salario mínimo como fue decretado, es muy difícil que yo pueda decirle al empleado mañana, y por ley no se puede”, afirmó María Elena Ospina, presidenta de Acopi.

Pero entre los empresarios no hay consenso. La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), por ejemplo, respaldó la suspensión y señaló que el incremento del 23,7 % “no responde a la realidad económica del país”. “La ilegalidad del decreto era evidente”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien afirmó que un aumento desmedido del salario mínimo puede poner en riesgo la generación y estabilidad de empleo formal y trasladarse a mayores precios de bienes y servicios.

En cambio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, señaló en un comunicado que esa entidad no demandó en su momento el citado decreto y pidió a las empresas que, “en la medida de sus posibilidades se busquen mecanismos para no afectar a los trabajadores” pues se trata de hechos consumados “que como sociedad se deben asumir”. “Se han generado algunos derechos que consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso”, expresó Mac Master, habitualmente enfrentado con el presidente Petro.

En Colombia, unas 2,4 millones de personas devengan el salario mínimo. Para ellas, es aún mayor la expectativa por la discusión que influirá directamente en el ingreso de sus hogares.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL