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El debate sobre la intervención del Estado en el sistema financiero colombiano ha vuelto a escena con fuerza en las últimas semanas.
En medio de una emergencia económica y climática, el presidente Gustavo Petro ha impulsado la idea de establecer inversiones forzosas, un instrumento que obliga a las entidades financieras a destinar parte de sus recursos a sectores prioritarios definidos por el Gobierno.
Inundaciones en Montería, Córdoba Foto:Néstor Gómez – Portafolio
¿Qué son y cómo funcionarían?
Las inversiones forzosas son un mecanismo regulatorio mediante el cual el Estado exige a los bancos y otras entidades de crédito que destinen una proporción de los recursos que captan —de acuerdo con la administración Petro, el ahorro de los colombianos— a instrumentos o créditos específicos señalados como estratégicos por la autoridad.
En el proyecto que impulsa el Gobierno, esa obligación estaría orientada a créditos con tasas bajas dirigidos a sectores como la agricultura y otras actividades afectadas por la ola invernal que ha generado daños y pérdidas en varias regiones del país.
El presidente ha sostenido que esta figura permitiría movilizar recursos para la reactivación sin recurrir a aumentos de impuestos o mayores endeudamientos tradicionales.
Actualmente, Colombia ya cuenta con una forma de inversión forzosa en el sector agropecuario a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), administrados por Finagro, un esquema que obliga a los bancos a depositar un porcentaje de sus recursos con ese propósito. La propuesta de Petro implicaría ampliar estas obligaciones a otros segmentos de la economía bajo una lógica similar.
El argumento del Gobierno
Desde la Casa de Nariño, se justifica esta intervención bajo la premisa de que el sistema financiero por sí solo no está canalizando suficientes recursos hacia actividades productivas que el Ejecutivo considera cruciales para la reactivación y el desarrollo económico.
Petro sostiene que sin mecanismos más directos de asignación de crédito —como las inversiones forzosas—, sectores como el agro o regiones afectadas por desastres naturales quedarían desatendidos.
Críticas del sector financiero y gremios
La propuesta ha generado un fuerte rechazo entre sectores del mundo financiero y económico. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) ha sido una de las voces más claras en advertir que imponer inversiones forzosas podría encarecer el crédito en el país, con un posible aumento en las tasas promedio de colocación de entre 50 y 100 puntos básicos, afectando tanto a empresas como a hogares.
Los gremios y expertos señalan que este encarecimiento podría reducir la disponibilidad de crédito y limitar la capacidad de inversión y consumo, lo que, en su visión, contradice el objetivo de fomentar crecimiento y facilitar el acceso al financiamiento.
Además, enfatizan que una medida de este tipo altera el funcionamiento natural del sistema financiero al obligar a bancos a colocar recursos sin considerar criterios técnicos de riesgo y rentabilidad.
BRAYAN SILVA HERNÁNDEZ
Periodista PORTAFOLIO
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