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Tras el fracaso en las negociaciones entre empresarios y sindicatos, se espera que en las próximas horas el presidente Gustavo Petro anuncie de cuánto será el incremento del salario mínimo para 2026, que impactará a cerca de 2,4 millones de trabajadores.
Uno de los criterios técnicos que rigen la fijación de este aumento es la fórmula que suma la inflación causada y la productividad. Con este cálculo, se busca compensar la pérdida del poder adquisitivo y reconocer la eficiencia de la fuerza laboral.
Teniendo en cuenta que la inflación de noviembre fue del 5,3 por ciento y la productividad total de los factores a septiembre se situó en el 0,91 por ciento, el alza mínima debería ser del 6,21 por ciento.
Sin embargo, desde 2015 el ajuste ha superado de forma recurrente la cifra sugerida por esta fórmula y, al parecer, este año no sería la excepción. En varias oportunidades se ha planteado que el Gobierno Nacional estaría contemplando un aumento superior al 10 por ciento.
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Por ahora, la única certeza es que, a partir del 1.° de enero, diferentes servicios y rubros se ajustarán en la misma proporción en que lo haga el salario mínimo, que actualmente está en 1’423.500 pesos (sin auxilio de transporte).
Aunque no es una obligación legal inmediata, muchas copropiedades indexan sus cuotas de administración al salario mínimo para cubrir el incremento en los costos de servicios tercerizados, como vigilancia y aseo.
Asimismo, se verán impactados los aportes a salud y pensión, dado que las bases de cotización se ajustan según el salario básico de cada trabajador. En ambos casos, el descuento de ley para el empleado corresponde al 4 por ciento.
A esto se suman los subsidios de vivienda que entregan las Cajas de Compensación Familiar, pues se tasan en salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). Son de hasta 30 SMMLV para la adquisición de vivienda nueva y de hasta 22 SMMLV para usada.
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Igualmente, los precios máximos de las viviendas de interés social (VIS) y prioritaria (VIP) se han establecido en 135 y 90 SMMLV, respectivamente. Sin embargo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció ajustes al respecto.
Con el Ministerio de Hacienda se está revisando la posibilidad de desligar el incremento del mínimo del sector vivienda, así como de los servicios públicos domiciliarios, específicamente el agua potable, para mitigar el impacto sobre la inflación.
El aumento que defina el Gobierno Nacional también podría sentirse en algunas instituciones educativas privadas, dado que sus costos pueden estar ligados al salario mínimo para cubrir la nómina docente y administrativa.
Es importante tener presente que, gracias a los decretos de desindexación emitidos en los últimos años, varios rubros ahora suben con la inflación o están tasados en UVB (Unidad de Valor Básico), que suelen ser menores al aumento del mínimo.
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Por ejemplo, las multas de tránsito, los trámites notariales como matrimonios, divorcios o escrituras, al igual que los copagos o cuotas moderadoras de las EPS, se calculan actualmente en UVB.
En cuanto a la inflación, impacta directamente los cánones de arrendamiento de vivienda urbana y las tarifas de los peajes a cargo de la ANI y el Invías que, en su mayoría, experimentarán ajustes a partir del próximo 16 de enero.
Respecto al Soat, las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo se ajustan teniendo en cuenta la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT) determinada por la Dian.
Para las demás categorías, el ajuste se basa en un análisis de las condiciones técnicas y financieras de la operación del Soat, sumado a variables como el comportamiento del parque automotor, historial de siniestros y costos médicos, entre otros factores.
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El pulso por el mínimo
Para los empresarios, el incremento debería ser del 7,21 por ciento, pues garantizaría el poder adquisitivo de los trabajadores y tiene en cuenta la inflación actual, así como el aumento del número de personas que están en la informalidad.
Desde el lado de los trabajadores, las centrales sindicales aspiran a un alza del 16 por ciento. Con ese porcentaje, el salario mínimo ascendería a 1’651.260 pesos, lo que supone un incremento de 227.760 pesos.
De acuerdo con Anif, un incremento del mínimo por encima de los fundamentos económicos eleva el umbral de entrada a la formalidad. Eso dificulta que micro y pequeñas empresas, o trabajadores de baja calificación, puedan cumplir con los requisitos asociados a un empleo formal.
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Además, grandes aumentos reales del mínimo pueden generar presiones inflacionarias adicionales, especialmente en bienes y servicios indexados, donde la mano de obra representa una parte sustancial de los costos.
Cálculos de Anif muestran que rubros como educación, salud, transporte, cuidado personal y servicios domésticos tienden a acelerar sus precios cuando los incrementos salariales superan la inflación.
“Los incrementos excesivos del salario mínimo, si bien persiguen un objeto loable, pueden terminar afectando justamente aquello que se busca mejorar: la formalización y la capacidad de generar empleo estable”, aseguró.
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