¿Qué va a pasar con el bono pensional para adultos mayores si se cae la reforma pensional? Habla el director de Prosperidad Social

Todavía no se sabe si la Corte Constitucional tumbará o no la reforma pensional, la cual contempla un pilar solidario para dar una mesada mensual de 230.000 pesos a más de 3 millones de adultos mayores que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. En diálogo con EL TIEMPO, Mauricio Rodríguez, nuevo director de Prosperidad Social, cuenta qué va a pasar con estas rentas y con las que reciben los jóvenes y mujeres vulnerables. “Los subsidios no sacan de la pobreza”, asegura. 

¿Qué pasaría con las mesadas de los adultos mayores si se cae la reforma pensional?

En la actualidad, el programa Colombia Mayor entrega recursos a 1,6 millones de adultos. De estos, solo 500.000 reciben 225.000 pesos. Sin embargo, en octubre independientemente de que salga la ley vamos a entregarles 230.000 pesos a 1,1 millones de personas mayores, es decir, aumentamos la cobertura porque antes recibían 80.000. Esos recursos ya los tenemos.

¿Y si se aprueba la ley tendrían todos los recursos que se necesitan para pagar a 3,1 millones de adultos mayores?

En el caso de que en este 2025 entre la ley pensional, con la cual se buscaría dar 230.000 pesos a 3,1 millones de adultos mayores, el Ministerio de Hacienda nos tendría que trasladar recursos vía funcionamiento. Hoy en día, solo tenemos los recursos para 1,6 millones, pero en el momento en que la Corte Constitucional le dé el visto bueno a la reforma nos trasladarían el resto. Hacienda no puede hacer ya la transferencia porque no está la ley. Con los cálculos que hicimos para el Presupuesto del 2026, más o menos necesitamos unos 8,4 billones de pesos para atender a las personas del pilar solidario.

¿Y qué pasaría en el 2026?

Habría dos posibilidades. El Presupuesto de Prosperidad Social ya contempla los recursos para los 3,1 millones de adultos mayores que recibirían un bono pensional de 230.000 pesos. Si bien en este 2025 nuestro presupuesto es de 5,6 billones de pesos, en el 2026 sería de 9,9 billones de pesos, lo que incluye el pilar solidario y las demás transferencias que entrega la entidad, como es el caso del programa Renta Ciudadana. Y si hay ley, solo tendríamos que pasar los recursos a funcionamiento.

Algunos congresistas dicen que el pilar solidario estaría realmente sujeto a la disponibilidad de los recursos que se tengan en cada momento y, por tanto, no están asegurados…

Nosotros tenemos en cuenta los documentos técnicos y lo que vemos es que el proyecto sí incorpora esos recursos.

Uno de sus programas clave es Renta Ciudadana, ¿cuántos recursos contemplan ahí?

En la actualidad, son más de 700.000 hogares que reciben 500.000 pesos. Esos recursos están asegurados porque hemos realizado una priorización para atender a las familias más necesitadas. Por ejemplo, a las mujeres cabezas de hogar, con alguna persona en condición de discapacidad, en línea de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

Cuando comenzó el programa era habitual ver largas filas de personas en el Banco Agrario. ¿Ya se solucionó?

Actualmente, funciona bien. Esa situación se fue arreglando. Aquí, por ejemplo, hay otro aliado que podría venir si se resuelven temas de regulación en la Superintendencia Solidaria y son las cooperativas de ahorro y crédito. Esperamos que también nos puedan a ayudar a integrar esos recursos. Si una persona está vinculada a la transferencia a través de una cooperativa, también se le puede acompañar en su proceso productivo.

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¿Y cómo va el programa Renta Joven?

Es una transferencia condicionada a 300.000 jóvenes y estudiantes que están vinculados a las universidades y al Sena. Ahí tenemos una discusión, pues les hemos propuesto hacer una transición. Si bien requieren esos recursos, existen otras maneras en las que se los podemos llevar. Nuestra propuesta es que pasemos de una transferencia a un proceso asociativo a través de cooperativas estudiantiles. Esta transición es urgente y este es un debate que vamos a abrir porque queremos que ellos sean aliados. Obviamente habrá quien diga que no está de acuerdo, que prefieren que la plata les llegue directamente, pero la política tiene que cambiar porque está probado que ninguna transferencia saca a la gente de la pobreza de forma permanente. La experiencia muestra que toda política de transferencia al final tiene un efecto placebo y no resuelve el problema estructural.

¿Y qué tanto avanzan esos recursos para proyectos productivos?

Lo que se trata es de dar herramientas a la población que está en capacidad de trabajar para que se asocie. Por eso, desde el año pasado Prosperidad Social organizó un área de la economía popular. La gente puede juntarse con cooperativas y asociaciones ya existentes en su territorio o crear una propia. En 2024 se dejaron unos recursos que se encuentran en vigencias futuras para una convocatoria inicial de apoyo a emprendimientos, mayoritariamente individuales, en un fondo con Innpulsa. Para este año también hay unos recursos en acuerdo con el Banco Agrario.

¿Eso significaría que a futuro disminuirían los recursos dirigidos a subsidios?

Las transferencias siguen, pero seguramente en el futuro y de manera gradual se vaya pasando a recursos que vayan a inclusión productiva. Por ejemplo, son claves las asociaciones de mujeres. El Presidente nos ha pedido la incorporación productiva de los jóvenes y las mujeres. Además, otro gran aliado son las Juntas Comunales porque nos van a ayudar a levantar la base de datos de los adultos mayores. Necesitamos buscar a 1,5 millones que nos faltan por incorporar de los 3,1 millones totales.

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¿Con la devolución del IVA ustedes siguen?

Sí, actualmente estamos atendiendo a 700.000 hogares registrados. Estamos hablando de familias en las que hay jóvenes y mujeres que se pueden meter a un modelo asociativo. Lo fundamental es cambiar el chip para que las personas que hoy son beneficiarias de forma individual a través de su familia entren al modelo asociativo. Por ejemplo, en Brasil parte de las cifras de reducción de pobreza tienen que ver con el incremento de la asociatividad.