Reactivan órdenes Calarcá contra ocho integrantes de las disidencias de alias “Calarcá”, una determinación oficializada por el Gobierno Nacional el 5 de agosto de 2026. Esta medida revoca el estatus de miembros representantes otorgado a estas personas en el marco de la política de Paz Total, lo que significa la reanudación de los requerimientos penales que pesaban sobre ellos. La revocatoria de estos estatus es la acción que suspende los beneficios jurídicos temporales y reactiva las órdenes de captura.
El Gobierno del presidente saliente Gustavo Petro adoptó esta decisión a través de las Resoluciones 297 y 298 de 2026. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz notificó inmediatamente a las autoridades judiciales y a la Fuerza Pública para proceder con la reactivación de los requerimientos, siguiendo lo establecido en la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 2272 de 2022.
¿Por qué el Gobierno reactiva órdenes Calarcá y a otros delegados?
La administración argumentó distintas razones para reactivar órdenes Calarcá y retirar el estatus a los ocho delegados. Para seis de ellos, la justificación fue la ausencia de “voluntad de continuar apoyando el proceso de paz”, según el texto oficial. Entre estos se encuentra Alexander Farfán, conocido por su implicación en secuestros durante su tiempo en las antiguas FARC y su captura en la Operación Jaque de 2008.
En el caso de Yenimahr Nasare García y Andrés Orlando Ayala Garzón, el Ejecutivo precisó que la revocatoria se debe a la presunción de su fallecimiento. Pese a haber participado en las sesiones iniciales de la Mesa de Diálogos de Paz, su desaparición imposibilitó su continuidad en el proceso.
Esta decisión se produce en un momento complejo para la estrategia de Paz Total del Gobierno, que ha enfrentado “severos estancamientos” en su tramo final. De los diez procesos de acercamiento anunciados inicialmente, la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se rompió formalmente en septiembre de 2024, dejando activa solo la negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Las implicaciones de esta medida son significativas y afectan varios aspectos del proceso de paz:
Suspensión de beneficios: Los delegados pierden los amparos jurídicos temporales que les permitían movilizarse sin ser capturados.
Reactivación penal: Se reestablecen todas las órdenes de captura y procesos judiciales pendientes contra los implicados.
Impacto en Paz Total: La decisión subraya los desafíos y dificultades que ha enfrentado la política de Paz Total.
Escenario de seguridad: Contribuye a un panorama de orden público disperso y la persistencia del conflicto en algunas regiones.
Según Asuntos Legales, el retiro de estos delegados agrava el complejo escenario de seguridad en las regiones, marcado por la persistencia del conflicto y la afectación a las comunidades rurales. La fragmentación de los grupos armados y el limitado avance en el desarme complican aún más el panorama de seguridad.
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