Colombia
Reclusa que presuntamente fue abusada por miembros del Inpec solicitó ayuda a la ministra Ángela María Buitrago
Andrea Valdés Contreras, una interna en la cárcel El Buen Pastor, localizada en Bogotá, ha denunciado un supuesto caso de abuso sexual que habría tenido lugar durante su tiempo en la cárcel El Pedregal, ubicada en Medellín.
La mujer, que se encuentra condenada por homicidio agravado, afirma haber sido víctima de agresiones sexuales perpetradas por guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que habría resultado en un embarazo, según lo reportado por Semana.
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Actualmente, Valdés se encuentra bajo amenazas y enfrenta un alto riesgo para su vida y la seguridad de su bebé en gestación.
Según el medio, el 6 de marzo, la oficina de abogados Alzate Hernández, que representa a Valdés, envió una carta a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, solicitando medidas urgentes para proteger a la interna.
De acuerdo con información publicada por Semana, los incidentes denunciados por Andrea Valdés ocurrieron mientras ella cumplía su condena en El Pedregal. Valdés, condenada por homicidio agravado, afirma haber sido víctima de agresiones sexuales llevadas a cabo por funcionarios del Inpec durante su reclusión.
El 11 de octubre de 2024, Valdés se enteró de que estaba embarazada, lo cual, según su abogado, podría ser una consecuencia directa de las agresiones sufridas.
Luego, fue trasladada al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, donde se le diagnosticó una amenaza de aborto. Según el abogado Felipe Alzate, defensor de Valdés, las sustancias abortivas encontradas en su organismo podrían haber sido administradas sin su consentimiento por los mismos guardias del Inpec.
El hospital recomendó que Valdés fuera ubicada en una “celda abierta” para garantizar su atención adecuada, dado que su embarazo fue clasificado como de alto riesgo. Sin embargo, las autoridades penitenciarias no hicieron caso de esta recomendación. Finalmente, el 10 de enero de 2025, Valdés fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde permanece en la actualidad.
El caso de Andrea Valdés ha sido analizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que realizó una evaluación médica de la interna. Según el dictamen, las condiciones en las que se encuentra Valdés constituyen actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El informe indica que la falta de atención médica, la rotación frecuente de guardias para perpetuar un ciclo de abuso y la negativa a facilitar el contacto con autoridades o fundaciones de apoyo evidencian un patrón sistemático de violencia institucional.
Además, se detallan otras vulneraciones, como el aislamiento, la privación de derechos fundamentales y amenazas constantes. Estas condiciones, según el protocolo internacional de Estambul, constituyen actos de tortura sexual y violencia de género, especialmente graves en contextos de privación de libertad.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, visitó a Andrea Valdés en la cárcel El Buen Pastor y tomó conocimiento directo de su situación. Sin embargo, en declaraciones al medio, la ministra aseguró no haber recibido el documento enviado por la defensa de Valdés el 6 de marzo, en el que se solicitaban medidas urgentes para proteger a la interna.
El abogado Felipe Alzate criticó la falta de medidas efectivas por parte del Ministerio de Justicia y del Inpec, argumentando que mantener a Valdés bajo la custodia de la misma institución que presuntamente la agredió representa un acto de revictimización. “No es posible que la señora se encuentre bajo la autoridad de las mismas personas -desde un punto de vista institucional- que la vulneraron, la agredieron y afectaron sus derechos fundamentales”, afirmó Alzate en el memorial dirigido a la ministra.
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación están investigando el caso de Andrea Valdés para esclarecer las circunstancias de las agresiones sexuales y las posibles irregularidades cometidas por funcionarios del Inpec.
Según el abogado de Valdés, las diversas amenazas y hostigamientos que ha enfrentado la interna buscan silenciarla y obstaculizar las investigaciones en curso.
En este contexto, la defensa de Valdés ha solicitado que se le conceda prisión domiciliaria para garantizar su seguridad y la de su bebé. Además, se ha sugerido que sea trasladada a un lugar de reclusión especial, como una guarnición militar o un centro de estudios policiales, donde no se encuentre bajo la custodia del Inpec.
El caso de Andrea Valdés expone las serias deficiencias del sistema penitenciario colombiano en cuanto a la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Según la legislación tanto nacional como internacional, los reclusos son susceptibles de poseer condiciones dignas de reclusión, lo que incluye el acceso a atención médica adecuada y a la protección contra toda forma de violencia o abuso.
