“En términos generales, se ha observado una notable reestructuración del gasto en los años recientes y, lamentablemente, ya existe poco margen de maniobra. Según las estadísticas que ofrece Hacienda, en 2026 aún no tendríamos la regularización fiscal, ya que se prevé un déficit público del 2.7% del PIB”, comentó Pamela Díaz Loubet, economista principal de BNP Paribas.

El 73% de este ajuste se focalizará en tres categorías del gasto no programable: costos financieros de la deuda, participaciones de estados y municipios, y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas); en total, se reducirán 179,500 millones de pesos.

El saldo del recorte previsto, que equivale al 27%, se aplicará al gasto programable que se disminuirá en 66,400 millones de pesos, lo que implica una caída del 1% en términos reales.

“Lo que realmente me preocupa es la dependencia de la reducción del gasto no programable, que no está enteramente sujeta a la situación de gasto del gobierno; por ejemplo, si se presenta un clima más desfavorable, México no podrá recortar partidas de la forma contemplada, por lo que el costo financiero puede renovarse en la búsqueda de alcanzar los objetivos propuestos”, expresó Díaz Loubet.

El gasto no programable no financia el funcionamiento de las instituciones del gobierno federal, mientras que el gasto programable se refiere a aquél que sustenta la operación de las instituciones del gobierno federal para ofrecer servicios como educación, salud, infraestructura vial o relaciones con otros países, según información del Sistema de Información Legislativa (SIL).

Aunque es positivo desde el punto de vista crediticio disminuir el déficit, “reconocemos que los recortes tienen efectos muy desfavorables para la población”, indicó Félix Boni, líder de Análisis en HR Ratings.

La SHCP afirma en los Precriterios que estas reducciones no afectarán las prioridades del gasto social, ni comprometerán la provisión de servicios públicos, el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales, ni los proyectos estratégicos que benefician al bienestar de la ciudadanía y al desarrollo económico del país.