La Rectoría Uniatlántico es el objeto de una nueva controversia institucional en la Universidad del Atlántico, luego de que la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, el 5 de agosto de 2026, exhortara formalmente a Rafael Castillo Pacheco, rector encargado, a entregar el cargo de manera inmediata a Leyton Barrios. Esta disputa se genera al considerar el Ministerio Público que la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Atlántico ya produjo efectos jurídicos.
La controversia sobre la Rectoría Uniatlántico gira en torno a un auto judicial que suspendió provisionalmente resoluciones del Ministerio de Educación, expedidas en diciembre de 2025. Dichas resoluciones impusieron vigilancia especial a la Universidad y separaron a Barrios de su cargo. La Procuraduría Regional, a través de Javier Enrique Bolaño Higgins, concluyó que la suspensión de estas resoluciones ministeriales dejó sin soporte jurídico la designación de Castillo como rector encargado.
¿Qué implica la disputa por la Rectoría Uniatlántico?
La Procuraduría sostiene que, al desaparecer los actos administrativos que originaron el relevo, el nombramiento de Castillo pierde fuerza ejecutoria. Por tanto, debe restablecerse la situación anterior, que era la elección de Leyton Barrios por el Consejo Superior Universitario.
El organismo de control enfatiza que:
Las resoluciones ministeriales que permitieron la designación de Castillo como rector encargado fueron suspendidas.
La desaparición de estos actos administrativos invalida el nombramiento del rector en funciones.
Las medidas cautelares son de cumplimiento inmediato; una solicitud de aclaración no suspende sus efectos.
Mantener el ejercicio de la Rectoría podría acarrear consecuencias disciplinarias e incluso penales por fraude a resolución judicial o usurpación de funciones.
La postura del rector encargado ante el requerimiento
Horas después del requerimiento, Rafael Castillo Pacheco publicó una carta dirigida a la comunidad universitaria y a la opinión pública. En ella reiteró su respeto por las decisiones judiciales, pero explicó que solicitará la aclaración y complementación del fallo para disipar dudas sobre su alcance, según reportó El Tiempo. Su intención, afirmó, no es desconocer la decisión, sino asegurar una ejecución con seguridad jurídica y sin generar incertidumbre institucional.
Castillo enfatizó que la Universidad del Atlántico no es solo una “controversia procesal”, sino una institución que necesita estabilidad para sus miles de estudiantes, docentes y trabajadores. Destacó además que, durante su administración, se normalizó el calendario académico de la institución. Para más información sobre asuntos universitarios y educativos en el país, explore más noticias de Colombia.
