Red de Veedurías cuestionó a Carolina Corcho y Guillermo Jaramillo por nombramientos polémicos en el Fomag: “Una cortina de humo”

La Red de Veedurías de Colombia ha denunciado ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría supuestas irregularidades en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La organización alertó sobre posibles fallos administrativos y cuestionó el nombramiento de exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud en posiciones directivas del fondo.

El director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó la queja ante el órgano disciplinario el 17 de febrero, donde recibió un número de registro. Según el documento, se mencionó una presunta crisis interna relacionada con la falta de formalidad en las contrataciones, debilidades en la supervisión de servicios y demoras en el pago de facturas, lo que podría comprometer la estabilidad institucional.

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Bustos centró sus cuestionamientos en Hernán Arnulfo Bayona, vicepresidente del Fomag. El veedor argumentó que el directivo “podría estar en un conflicto de intereses” debido a su relación con su exesposa, Glenda Paola Arlant Cobo, quien fue superintendente delegada para Investigaciones Administrativas en la Superintendencia Nacional de Salud.

En un comunicado público, la Red de Veedurías manifestó: “El actual vicepresidente del Fomag se habría posesionado incurso en un conflicto de intereses porque su exesposa era la responsable de las investigaciones en la Supersalud que intentó multar a Fiduprevisora y al Fomag; y, sorpresa, su esposo ahora ocupa un cargo en el fondo, contraviniendo el Estatuto Anticorrupción, que prohíbe la llegada de personales que ejercen vigilancia a las entidades que supervisan”.

La organización también añadió: “Además, Salomón Figueroa, quien era subordinado de su esposa en la Supersalud, ahora se encuentra del lado opuesto. ¿Cómo responderán Luis Carlos Leal, el exsuperintendente de Salud y Carolina Corcho, exministra ahora candidata al Senado, junto al actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo?”.

“La falta de experiencia ha generado esta crisis. A su llegada a la Vicepresidencia del Fomag, imitan un estilo de autoridad de inspección y vigilancia, revisando y atacando todos los aspectos que consideran deficientes, pero descuidan la realización de pagos a servicios de salud y contratos. Todo se convierte en una distracción, afirmando que protegen a la población docente mientras atacan lo anterior, no siempre con argumentos objetivos”, concluiría.

El veedor reiteró que la posible incompatibilidad es sancionable según la normativa vigente: “En su puesto, incurrió en un conflicto de intereses, ya que su esposa supervise la Fiduprevisora y el Fomag, encargándose de las sanciones. La ley prohíbe tal conexión cuando hay una relación directa entre quien vigila y la entidad supervisada”.

La denuncia no se limita a Bayona, ya que la Red de Veedurías también cuestionó la llegada de otros exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Salud al fondo, como Salomón Odín Figueroa, actual director jurídico, y Any Alejandra Tovar Castillo, vinculada a procesos contractuales, ambos con antecedentes en dicha entidad de control.

Para Bustos, este movimiento de personal desde organismos de vigilancia hacia la dirección del fondo “plantea dudas serias sobre la independencia institucional”. Argumentó que el tránsito de funcionarios desde la autoridad de control hacia la entidad vigilada compromete la confianza pública y requiere revisión por parte de las autoridades competentes.

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El caso también involucra a personajes como Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud; Carolina Corcho, exministra y candidata al Senado por el Pacto Histórico; y Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro, quienes han sido mencionados en el pronunciamiento de la veeduría por su papel en la dirección del sector salud.

La organización destacó que el Fomag enfrenta retrasos en la formalización de contratos y en el pago a prestadores de servicios de salud, lo que ha generado cartera pendiente y el riesgo de acciones judiciales por obligaciones no satisfechas.