Reforma tributaria al borde del hundimiento: Gobierno evalúa eliminar impuestos a cerveza y gasolina para salvarla

La reforma tributaria impulsada por el Gobierno está atravesando su fase más crítica, justo una semana antes de que concluyan las sesiones ordinarias del Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que el Gobierno está abierto a revisar impuestos controversiales, incluyendo la eliminación del impuesto al consumo de cerveza y el tributo al carbono sobre la gasolina para facilitar la aprobación del proyecto de ley y asegurar los recursos necesarios para financiar el Presupuesto de 2026.

Según explicó Ávila en una columna en La República, el Gobierno tiene como objetivo considerar “la eliminación total del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, especialmente para la cerveza; y tal vez eliminar el impuesto al carbono en los $100 que afecta el precio de la gasolina”.

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Esta flexibilización busca desbloquear un debate que se ha extendido desde septiembre, debido a la oposición de varios sectores políticos y sociales, en particular en lo relativo a estos impuestos específicos.

El avance del proyecto continúa detenido en las comisiones económicas del Congreso. La ley podría dejar de tener efecto si consigue suficientes votos en contra, de los cuales 11 se requieren en las comisiones terceras y nueve en las cuartas de Cámara y Senado para que sea archivada sin posibilidad de llegar a las sesiones extraordinarias programadas para mediados de mes.

En relación con los posibles riesgos de estancamiento legislativo, la representante Katherine Miranda advirtió sobre una estrategia dilatoria que podría llevar a un eventual estado de emergencia económica para facilitar y aprobar la reforma vía decreto.

“La Corte ha establecido que la emergencia solo se aplica en casos de hechos sobrevinientes, imprevisibles y externos, no por derrotas políticas ni por crisis fiscales”, enfatizó.

La reforma está diseñada para recaudar 16,3 billones de pesos colombianos (aproximadamente el 0,8% del PIB), según lo expuesto en el artículo del ministro Ávila:

“El Proyecto de Ley de Financiamiento busca obtener fuentes adicionales de ingresos nacionales para 2026 por $16,3 billones (0,8% del PIB), y es otro paso hacia un Pacto Fiscal que involucre a la ciudadanía y al gobierno en la consecución de un doble objetivo.”

El Gobierno aspira a implementar el principio de progresividad tributaria y restablecer la regla fiscal tras haber hecho uso de una cláusula de escape en junio del año anterior.

Ávila señaló en su columna que las tres medidas con mayor potencial recaudatorio son: “Impuesto al consumo sobre bebidas alcohólicas y tabaco ($3 billones); impuesto sobre patrimonios superiores a los $2.600 millones, incrementándose a partir de los $6.200 millones ($2,2 billones); e impuesto a personas jurídicas con mayores tasas para las instituciones financieras y el carbón ($1,3 billones)”.

El ministro remarcó que el impuesto al patrimonio se dirige a las más grandes fortunas del país y detalló: “Quizás también les preocupa que se graven patrimonios altos, especialmente aquellos que superan los $6.000 millones, o peor, los que superan los $148.000 millones. Preguntémonos: ¿Cuántos trabajadores colombianos, personas de clase media o pequeños y medianos empresarios tienen este nivel de patrimonio? ¿No es justo que personas con tanto capital contribuyan más al financiamiento de los bienes y servicios sociales?”.

El documento hace referencia al artículo 363 de la Constitución Política, que establece que el sistema tributario debe basarse en equidad, eficiencia y progresividad, lo que implica que aquellos con mayor capacidad de pago asuman la mayor parte de la carga fiscal. Ávila observó: “Porque reduce la desigualdad y proporciona recursos para financiar políticas sociales y servicios públicos fundamentales”.

El Gobierno enfatiza que la nueva ley de financiamiento es crucial para sustentar programas sociales y asegurar la estabilidad de las cuentas públicas. Ávila advirtió: “Un pequeño grupo de senadores en las comisiones económicas se opone a debatir y aprobar esta ley de financiamiento, y lo hace sin considerar argumentos o el impacto de los cambios propuestos, incluso sin reconocer la posibilidad de eliminar impuestos que ellos mismos han criticado. Esta resistencia no es razonable ni responsable con el país.”

Finalizó su columna con un mensaje directo al Congreso: “Hago un llamado para que la razón y la empatía prevalezcan en los debates, y no sacrifiquemos recursos necesarios para los programas sociales que son demandados por los colombianos más necesitados”.

Si la reforma tributaria no alcanza los votos necesarios antes del cierre de la legislatura, el gobierno convocará sesiones extraordinarias. El desenlace definirá el futuro fiscal para 2026 y el alcance de las políticas públicas establecidas en el presupuesto aprobado. Todo el proceso está siendo monitoreado, ya que el resultado podría implicar cambios significativos en la estructura tributaria del país.