Procuraduría urge definir régimen sancionatorio aduanero en Colombia

La Procuraduría General de la Nación instó al Congreso de la República a tramitar con celeridad una ley que establezca el régimen sancionatorio aduanero, con el fin de evitar un vacío jurídico a partir del 21 de junio de 2026. El régimen sancionatorio aduanero es el conjunto de normas que regulan las multas, decomisos y procedimientos aplicables a las infracciones en materia de aduanas, y su ausencia impactaría directamente el control fronterizo del país.

Esta advertencia surge tras la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la facultad del Gobierno Nacional para expedir esta regulación, al considerarla materia de reserva de ley. La Corte difirió los efectos de su decisión hasta el 20 de junio de 2026, otorgando al legislativo un plazo perentorio para llenar este vacío normativo y asegurar la continuidad de las herramientas de control aduanero.

¿Qué implica la ausencia de un régimen sancionatorio aduanero para Colombia?

La Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública manifestó que la inexistencia de una regulación clara a partir del 21 de junio del próximo año podría desencadenar múltiples problemáticas. Entre los riesgos identificados, el ente de control señaló:

Limitaciones en la imposición de sanciones a quienes incumplan la normativa aduanera.
Dificultades en el decomiso de mercancías ingresadas o exportadas ilegalmente.
Controversias significativas en los procesos en curso relacionados con infracciones aduaneras.
Afectaciones al recaudo de impuestos y derechos aduaneros del Estado.
Impacto negativo en el control del contrabando y otras actividades ilícitas.

Seguimiento preventivo y articulación institucional

Ante este escenario crítico, la Procuraduría ha iniciado un seguimiento preventivo al trámite legislativo y promueve espacios de articulación interinstitucional para analizar los riesgos asociados. Esta intervención busca que los diferentes actores actúen con celeridad antes de que expire el plazo otorgado por la Corte Constitucional.

La entidad reiteró que su labor preventiva busca anticipar riesgos y proteger el interés general, garantizando que el Estado colombiano mantenga las herramientas esenciales para el control aduanero y la protección de la economía nacional. Para conocer más sobre temas económicos y de regulación en el país, explore más noticias de economía.