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Luego de la polémica que se generó en el país y la purga que se realizó al interior de la Unidad de Regulación Financiera, el Gobierno Nacional decidió aplazar hasta el segundo trimestre de 2026 la presentación del decreto que revisaría el destino de las inversiones de los fondos privados de pensiones, en un giro notorio frente a la instrucción de avanzar con máxima urgencia.
La normativa pretendía canalizar mayores recursos hacia activos locales y promover la inversión productiva nacional, alineada con el objetivo presidencial de traer de vuelta el ahorro pensional invertido en el exterior, en medio de las afugias fiscales que apremian al Ejecutivo por la falta de ingresos a la Nación.
La noticia se conoce después de semanas de tensión institucional, marcadas por la salida de Mónica Higuera de la dirección de la Unidad de Regulación Financiera y según fuentes consultadas, la decisión responde a la necesidad de revisar con mayor detalle las implicaciones de una medida que, de haberse expedido de manera acelerada, habría obligado a las administradoras de fondos de pensiones a liquidar posiciones en múltiples mercados del mundo, con inversiones estructuradas a 30, 40 y hasta 50 años.
Los fondos privados advirtieron que un cambio de este tipo no es conveniente para este país. Foto:Imagen de ChatGPT
No obstante, el aplazamiento plantea un escenario distinto al de los últimos meses, en los que el Ejecutivo insistió en acelerar las decisiones alrededor del régimen de inversiones. De acuerdo con las fuentes, el presidente Gustavo Petro expresó su interés reiteradamente y llegó a solicitar que la repatriación se lograra no en cinco años, sino en seis meses, instrucción que generó preocupaciones técnicas sobre la maniobrabilidad real de los portafolios, debido a su estructura compleja y diversificada, y al riesgo de afectar ahorros individuales y mercados financieros.
En ese contexto, la publicación del proyecto de decreto incluyó un objetivo más amplio, “fortalecer el mercado de capitales colombiano” mediante un marco regulatorio que amplíe la profundidad y liquidez del sistema, incentive el acceso a financiamiento de largo plazo y promueva “una mayor canalización del ahorro pensional privado hacia activos locales, en condiciones consistentes con una adecuada gestión de riesgos”.
El documento, publicado en la página de la URF también destacó la importancia de una asignación más eficiente del ahorro hacia actividades productivas de la economía. Dicho de forma simple, al parecer el Gobierno primero se enfocará en hacer más atractivo y rentable el mercado local, antes de traerse los recursos que están en el exterior.
Cabe destacar que este giro hacia un cronograma más extenso llega tras insistentes llamados de analistas y técnicos del sector para evitar decisiones precipitadas; los cuales resaltaban que deshacer posiciones externas en plazos breves habría sido inviable, por la naturaleza ilíquida de muchos activos y por el riesgo de pérdida de valor asociado a ventas forzadas.
Mónica Higuera, exdirectora de la URF Foto:URF
Así mismo, el cambio repentino hacia el peso colombiano y los títulos locales habría implicado presiones adicionales, al tiempo que la volatilidad en los portafolios pensionales podría traducirse en una menor rentabilidad para los trabajadores afiliados.
En medio de estas discusiones, la exdirectora de la URF se refirió públicamente al aplazamiento. Mónica Higuera explicó que la medida había pasado de ser “súper ultra urgente” a convertirse en un tema programado para 2026 y añadió que espera que exista “un estudio técnico riguroso”, acompañado de “cálculos actuariales” y de una revisión de alternativas relacionadas con profundidad y liquidez.
En declaraciones recientes, la exfuncionaria afirmó que “si mi salida de la URF sirvió para que reflexionaran y le dieran un compás de espera al tema en el que exista participación de todos los agentes y discusiones técnicas, valió la pena irme”.
Ahora bien, falta ver si este aplazamiento es tan solo una pausa estratégica en el pulso entre la urgencia política y el rigor técnico o el desistimiento de la administración de Gustavo Petro por cumplir este objetivo, ya que hacia el segundo trimestre del 2026, el país estará concentrado en las elecciones presidenciales y las prioridades podrían frenar el avance de la discusión técnica que se plantea en el anuncio.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio
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