Las inundaciones no solo dejaron viviendas destruidas y vías colapsadas. También arrasaron cultivos, desplazaron ganado, interrumpieron clases y pusieron contra las cuerdas a miles de pequeños productores que hoy no saben cómo pagar sus créditos ni cómo volver a sembrar. Frente a ese panorama, el Gobierno expidió tres decretos —0174, 0175 y 0176— que van más allá de los impuestos y buscan intervenir directamente en el campo y en las aulas.
Las cifras oficiales que sustentan estas decisiones dejan ver la magnitud del daño causado por la actual ola invernal: más de 176.000 hectáreas afectadas y más de 46.000 productores impactados, con una concentración crítica en Córdoba; pérdidas de cultivos y ganado; daños en infraestructura rural; y un aumento en los precios de alimentos básicos como el tomate y la papa tras la disrupción en las cadenas de suministro. A esto se suma la afectación de cientos de sedes educativas y miles de estudiantes en los ocho departamentos cobijados por la emergencia.
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En ese contexto, el Decreto 0174 introduce una de las decisiones más sensibles: la posibilidad de reubicar o relocalizar, de manera temporal o definitiva, unidades de producción agropecuaria y activos rurales afectados por dichas inundaciones. La medida se enmarca en lo que el Gobierno denomina un “reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente”, con el argumento de que la persistencia de las inundaciones ha impedido restablecer las actividades productivas y ha generado una afectación continua e imprevisible de los medios de vida rurales.
El diagnóstico que sustenta esta decisión se basa en que solo en Córdoba, Sucre y Antioquia, el 94,7 por ciento de los predios afectados corresponde a sistemas de doble propósito —carne y leche— y más del 65 por ciento son pequeños productores, cuya actividad pecuaria es su principal fuente de sustento.
Además, este fenómeno hidrometeorológico deja hasta el momento más de 170.000 hectáreas impactadas y comprometió la seguridad alimentaria y la capacidad de pago del sector rural.
La reubicación no es automática ni generalizada, pero abre la puerta para trasladar producción y activos cuando las condiciones del territorio hagan inviable su permanencia. El decreto insiste en la necesidad de proteger la tierra, los medios de vida y los derechos de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad hídrica.
El decreto también activa mecanismos extraordinarios para proteger derechos sobre la tierra. Foto:Getty Images/iStockphoto
El decreto también activa mecanismos extraordinarios para proteger derechos sobre la tierra y acelerar decisiones administrativas. La Agencia Nacional de Tierras podrá asignar provisionalmente derechos de uso sobre playones y sabanas comunales y ejercer facultades para recuperar terrenos indebidamente ocupados. Además, se simplifican procedimientos agrarios y se priorizan registros inmobiliarios para agilizar soluciones en medio de la emergencia.
Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras podrá compensar en especie o en dinero a beneficiarios cuyos predios hayan sido afectados.
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Alivios financieros
Pero mover la producción no resuelve, por sí solo, el problema más inmediato, las obligaciones financieras de los miles de damnificados damnificados. Por eso el Decreto 0175 se concentra en el financiamiento, el crédito y el alivio de pasivos del sector agropecuario.
Medidas buscan evitar que la tragedia climática termine convertida en una quiebra masiva del campo. Foto:Banco Agrario
El texto de la norma advierte que la pérdida masiva de cultivos y animales ha afectado directamente la capacidad de pago de los productores, generando un riesgo de aumento acelerado de la cartera en mora y de descapitalización del campo.
El impacto no es marginal. En Córdoba, por ejemplo, se reportó la afectación de 25.801 hectáreas de cultivos y la pérdida o movilización de casi 13.000 cabezas de ganado bovino y 800 bufalinos, lo que golpeó directamente a más de 10.800 agricultores, según cifras oficiales.
Ahí es donde este decreto juega el papel más delicado de toda la emergencia: evitar que la tragedia climática termine convertida en una quiebra masiva del campo.
La primera medida es la condonación parcial de capital y eliminación total de intereses de mora en obligaciones derivadas de garantías pagadas por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). No se trata solo de aplazar pagos, sino de reducir la carga financiera acumulada tras la emergencia, con respaldo presupuestal para que el Fondo no pierda capacidad de seguir garantizando crédito.
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También se crea el Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (PADA), dirigido principalmente a pequeños productores de bajos ingresos y, de manera subsidiaria, a pequeños productores con créditos vigentes en el Banco Agrario. El objetivo es reestructurar obligaciones antes de que colapsen, restablecer la viabilidad financiera del productor y frenar el deterioro generalizado de la cartera.
Se crearán nuevos rogramas de financiamiento orientados a producción primaria. Foto:montaje con imágenes de iStock y el DPS
Pero el decreto va más allá del alivio individual. También autoriza un Programa Especial de Compra de Cartera Agropecuaria, que permitirá vender cartera deteriorada a la Central de Inversiones (CISA). Con esto se busca limpiar balances del Banco Agrario y de Finagro, liberar espacio para nuevos créditos y evitar que los activos siniestrados bloqueen la reactivación productiva.
Al mismo tiempo, se refuerza el músculo financiero del sistema. El decreto autoriza la capitalización extraordinaria del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (FNRA) con hasta el 20 por ciento de las utilidades estatales de Finagro y hasta el 10 por ciento de las utilidades estatales del Banco Agrario correspondientes al ejercicio 2025. Estos recursos deberán destinarse solo a instrumentos de gestión del riesgo agropecuario, es decir, a proteger la producción futura frente a nuevos eventos.
Un frente adicional es más crédito. La norma habilita la creación de nuevos programas de financiamiento orientados a producción primaria, esquemas de cadena de valor y generación de valor agregado. Además, permite que hasta el 20 por ciento de la cartera agropecuaria otorgada con recursos propios pueda computarse como colocación sustitutiva, bajo condiciones específicas, lo que incentiva a las entidades financieras a colocar más recursos en el sector.
El 10 % de las ganancias de Banco Agrario van par el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. Foto:Banco Agrario
Jornada escolar en casa
El tercer frente está en la educación. El Decreto 0176 autoriza medidas en materia de calendario académico y en el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los departamentos afectados. La emergencia dejó 69.235 familias afectadas, 252.233 personas impactadas, daños en 19.798 hectáreas productivas, miles de viviendas y decenas de centros educativos comprometidos
Con corte a febrero, el Ministerio de Educación reportó inicialmente 426 sedes educativas afectadas, cifra que luego se elevó a 763, con incrementos significativos en Antioquia, Córdoba y Magdalena.
En este escenario, el decreto contempla la posibilidad de suspender el calendario escolar y ordenar jornadas académicas en casa en los ocho departamentos cobijados por la emergencia.
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El punto crítico es el PAE. La normativa vigente establece que la alimentación escolar se presta durante el calendario académico y en el marco de la jornada escolar. Sin embargo, la emergencia puede alterar ese esquema, pues miles de niños, niñas y adolescentes han visto afectado su derecho a la educación integral, que incluye el acceso al complemento alimentario.
El punto más sensible es el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Dado que la normativa ordinaria limita su operación al calendario académico y a la jornada escolar. En otras palabras, se busca que la emergencia no interrumpa ni el aprendizaje ni el acceso a la alimentación escolar, dos pilares fundamentales en territorios donde la vulnerabilidad ya era alta antes de las inundaciones.
