Revelaron la millonada que tendrán que ahorrar ahora los colombianos para pensionarse con el salario mínimo en un fondo privado

El incremento del 23,7% en el salario mínimo dictado por el Gobierno de Gustavo Petro ha cambiado las condiciones para acceder a la pensión mínima en el país. Este aumento conlleva la necesidad de reunir un capital significativamente mayor para lograr una jubilación básica, complicando así el acceso a una pensión digna.

Ante esto, el presidente de Protección, Juan David Correa, declaró a El Colombiano que “con incrementos tan drásticos como el actual, se vuelve más complicado alcanzar el capital requerido para una pensión mínima”. Aclaró que, conforme a la Constitución, la pensión mínima en Colombia siempre debe ser equivalente al salario mínimo vigente, que ahora se sitúa en $1.750.905 mensuales (sin incluir el auxilio de transporte). Este ajuste afecta a aproximadamente 20 millones de cotizantes del sistema nacional.

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Señaló que el sistema enfrenta retos en ambos regímenes. “En el régimen público de Colpensiones, los requisitos de semanas y edad permanecen, pero la mesada se ajusta. En el sistema privado, donde es posible pensionarse anticipadamente si se cuenta con el capital suficiente, el desafío es mayor”, añadió. Destacó que “antes del incremento, una renta vitalicia para una pensión de salario mínimo costaba alrededor de $350 millones. Con los efectos del aumento salarial y otros decretos, actualmente se requieren cerca de $550 millones. Esto representa un aumento de casi el 50% en el capital necesario”.

Asimismo, señaló que el impacto no cambiará, incluso si la reforma pensional se implementa.

“Independientemente de la reforma, el sistema pensional colombiano tiene al salario mínimo como variable clave. Al ser la mesada mínima, cualquier aumento que exceda los cálculos técnicos —más allá de la inflación y la productividad— genera un impacto. Existe un fenómeno técnico denominado deslizamiento, que se refiere a la diferencia entre el IPC y el incremento del salario mínimo; cuando esta decisión es política en lugar de técnica, se generan sobrecostos en el sistema,” enfatizó en la entrevista.

Sobre los fondos de pensión privados y sus afiliados que ya están pensionados, Correa explicó que en el retiro programado se calcula anualmente la mesada en función del capital acumulado y la esperanza de vida. “Dado que la ley prohíbe pagar menos de un salario mínimo, si el salario aumenta significativamente y los rendimientos no son suficientes, el capital se agota más rápidamente. Esto genera la necesidad de ajustar o incurrir en un sobrecosto considerable para asegurar que el dinero dure toda la vida del pensionado,” agregó.

También abordó la situación actual de la reforma pensional. Recordó que esta se encuentra en un limbo jurídico, ya que fue aprobada por el Congreso de la República en 2024, pero la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre su exequibilidad. Mencionó que, a pesar de esto, ya hay elementos que están en funcionamiento. Uno de ellos es la ventana de traslado para personas en sus últimos diez años laborales.

Como ejemplo, especificó que en Protección, entre 50.000 y 60.000 personas optaron por trasladarse a Colpensiones, mientras que otras llegaron a la entidad tras recibir asesoría doblada, un proceso que continuará vigente hasta mediados de 2026.

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Referente al análisis fiscal y los riesgos estructurales, destacó que la reforma incluye elementos positivos, como el pilar solidario para la población vulnerable y la unificación de regímenes para eliminar desigualdades. Sin embargo, en su opinión, no soluciona problemas estructurales, dado que no incrementa la cobertura y plantea una enorme complejidad fiscal.

“Al extender subsidios hasta los 2,3 salarios mínimos, el costo para el Estado es muy elevado. El pasivo pensional del país, que actualmente es del 120% del PIB, podría aumentar hasta el 180% o 200%. Esto compromete la sostenibilidad fiscal futura del país,” advirtió.

Respecto a la política de inversiones y la medida del Gobierno sobre la repatriación de inversiones, Juan David Correa subrayó que la base de cualquier inversión es la diversificación, es decir, evitar poner todos los recursos en un solo lugar. Como ejemplo, mencionó que gracias a esta práctica, hoy de cada $100 que recibe un pensionado en Protección, alrededor de $70 provienen de rendimientos generados.

“Actualmente, el 48% de los ahorros de los colombianos —que suman $525 billones en fondos privados— está dirigido al exterior,” indicó.

Sobre el proyecto normativo que establece límites para la inversión internacional, añadió que “la propuesta es que, en un plazo de cinco años, los fondos tengan un tope del 35% de sus inversiones en el exterior. Esto significaría traer al mercado local cerca de 13 puntos porcentuales (pp) de la inversión total. El riesgo técnico reside en que limita la facultad de los colombianos para construir un mayor valor de pensión”.

Respecto a la rentabilidad, advirtió sobre las variaciones en los rendimientos. Recordó que un análisis basado en datos desde 2011 ilustra lo siguiente:

• $1.000.000 invertido con diversificación internacional hoy valdría $3.200.000. $1.000.0000 invertido solo en el mercado local valdría $1.600.000.

“Es decir, la rentabilidad local ha sido la mitad de la internacional. Restringir la diversificación podría significar una pérdida de valor para el ahorro de los trabajadores”, lamentó.

Para el presidente de Protección, las perspectivas para el futuro del ahorro pensional y la situación de las cesantías presentan señales positivas y riesgos en el horizonte.

“Las perspectivas son favorables en cuanto a los niveles de empleo. A pesar de la situación actual, los índices de ocupación se han mantenido. Aunque la informalidad ha aumentado ligeramente y se sitúa entre el 55% y el 60%, su impacto real no ha sido significativo en el flujo de recursos. Mientras no haya un deterioro considerable de la formalidad, los aportes no deberían presentar un impacto negativo,” concluyó el directivo.