“Reversar el alza del salario mínimo sería caótico”: ANIF tras aumento del 23,7 % en 2026

José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), expresó que revertir el aumento del 23,7 % del salario mínimo podría ser tan complicado como la manera en que se tomó esta decisión. Estas declaraciones surgen tras la confirmación del Gobierno de mantener esta variación para 2026, en el marco de un plazo de ocho días establecido por el Consejo de Estado para revisar esta determinación.

La información fue reportada por Blu Radio, que incluyó las declaraciones del líder gremial en un contexto de debate jurídico y económico sobre el ajuste salarial. El alto tribunal considera que no se habrían satisfecho varios criterios legales al momento de establecer el aumento.

A pesar de que ANIF ha cuestionado desde el principio la base utilizada para definir este incremento, la actual postura del gremio sugiere que no hay alternativa viable más allá de aceptar el escenario ya establecido. López subrayó que la revisión ordenada por el Consejo de Estado llega cuando la cifra ya está incorporada en decisiones económicas.

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López indicó que tras el anuncio oficial del nuevo salario mínimo, trabajadores, empresas y mercados financieros ajustaron sus expectativas y compromisos basados en ese valor. Advirtió que modificar ahora la cifra podría provocar efectos negativos.

“Retirar el aumento podría resultar tan caótico como la decisión no técnica de su implementación”, expresó López al referirse a la posibilidad de revertir el incremento. Con esta afirmación, sugirió que un cambio posterior al anuncio podría generar desorden e incertidumbre comparable a los problemas generados por una decisión adoptada sin una base técnica suficiente.

El presidente de ANIF resaltó que revertir el aumento del 23,7 % del salario mínimo crearía un clima de desorden e incertidumbre económica. Esta advertencia está en el contexto del debate sobre la legalidad y los criterios utilizados para definir el ajuste correspondiente a 2026.

López comentó que el llamado del Consejo de Estado es razonable desde una perspectiva institucional. Según su opinión, el incremento no contaba con todos los fundamentos necesarios para justificar una decisión tan considerable.

“Creemos que el aumento fue una decisión quizás más política que técnica”, dijo el presidente de ANIF, cuestionando así los fundamentos utilizados para establecer el salario mínimo.

De acuerdo a sus declaraciones, el pronunciamiento del alto tribunal también es un mensaje que resalta la importancia de respetar las reglas institucionales y de detallar cómo se toman decisiones que afectan al país. En su opinión, estas discusiones deberían fundamentarse en criterios técnicos y transparentes.

López recordó que aunque el incremento beneficia a un grupo de trabajadores que recibe el salario mínimo, también puede tener efectos indirectos sobre toda la población. Entre estos impactos, mencionó el posible incremento de precios asociado a costos más altos para las empresas.

Además, alertó que el encarecimiento del empleo formal podría llevar a un incremento de la informalidad o a complicaciones para mantener ciertos puestos de trabajo. En su análisis, los mayores costos laborales pueden influir en las decisiones empresariales.

El dirigente gremial advirtió que el aumento puede resultar en incrementos de precios y mayores presiones sobre el empleo formal. Estas reflexiones están en línea con el análisis que ANIF ha sostenido desde el anuncio del aumento del 23,7 %.

El líder de la asociación también enfatizó que este episodio debería iniciar una discusión más amplia sobre el mecanismo utilizado para establecer el salario mínimo en el país, mencionando en particular la falta de inclusión de los trabajadores informales en el proceso de concertación.

López explicó que aunque el salario mínimo se establece en una mesa específica, las decisiones tomadas afectan no solo a los participantes de esa instancia, sino también a otros sectores de la economía que no están directamente representados en la discusión.

Subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad que regula este procedimiento para que las decisiones se basen en soportes técnicos adecuados y consideren sus impactos sobre diversos grupos de la población.