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El aumento del 23,7 por ciento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno, no solo tendrá efectos directos sobre los ingresos de los trabajadores que devengan este salario. Distintos gremios, analistas y centros académicos advierten que el ajuste tendrá impactos en cadena sobre el mercado de la vivienda, la estructura de costos de las empresas, la generación de empleo formal y la inflación, en un contexto en el que la productividad no muestra avances significativos.
Desde la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el incremento fue recibido con preocupación. El gremio considera que se trata de una decisión “sin respaldo técnico suficiente”, que introduce presiones relevantes sobre la economía y afecta de manera directa la capacidad de los hogares para acceder a una vivienda, en especial a los segmentos de menores ingresos.
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VIS: precios altos y menor acceso
Uno de los impactos más sensibles se dará en el mercado de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyos precios están indexados al salario mínimo. En la práctica, el aumento decretado implica un encarecimiento automático del valor de este tipo de viviendas, lo que reduce la capacidad de compra de miles de familias.
Fedelonjas advierte que las familias que adquirieron una vivienda VIS o VIP y cuya escrituración se realice a partir de enero de 2026 deberán asumir el mayor precio, incluso si el proceso de compra se inició con anterioridad. Este efecto es especialmente crítico si se tiene en cuenta que, a octubre de 2025, cerca del 50 por ciento de las viviendas con licencia aprobada en el país correspondían a vivienda social.
“Un ajuste de esta magnitud, sin una base técnica sólida y sin concertación, termina afectando a quienes busca proteger: los hogares de menores ingresos. En vivienda, significa menos acceso, mayores costos mensuales y más presión financiera sobre las familias”, señaló Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas.
Alza del salario mínimo también se trasladará a las cuotas de administración de las copropiedades. Foto:Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO
Más costos de vivir en copropiedad
El impacto no se limita al precio de compra. El alza del salario mínimo también se trasladará a las cuotas de administración de las copropiedades, que suelen ajustarse con base en este indicador. Servicios como vigilancia y aseo —que representan entre el 60 y el 70 por ciento del presupuesto de una propiedad horizontal— se encarecerán de forma significativa.
Según Fedelonjas, este ajuste golpeará directamente a más del 60 por ciento de las familias colombianas que habitan en copropiedades en ciudades principales e intermedias, incluso a hogares cuyos ingresos no están indexados al salario mínimo. En la práctica, el mayor salario se traduce en mayores costos mensuales de vivienda, ampliando la presión sobre el presupuesto familiar.
Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas Foto:Fedelonjas
Empresas: un choque directo
Desde la óptica empresarial, el impacto del aumento es aún más amplio. Rodrigo Cifuentes, socio de Deal Advisory de BDO Interaméricas, explica que el salario mínimo tiene un efecto multiplicador sobre los costos laborales, ya que no solo aumenta la remuneración básica, sino todos los componentes asociados: seguridad social, parafiscales, primas, cesantías, vacaciones e intereses.
Con el ajuste decretado, que eleva el salario mínimo a 1’750.905 pesos, más auxilio de transporte, el costo real por trabajador supera los 2,9 millones mensuales. En sectores intensivos en mano de obra —como vigilancia, turismo, construcción y gastronomía— el impacto es crítico.
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En vigilancia privada, por ejemplo, el costo mensual de un puesto permanente con tres turnos pasará de 15,3 millones de pesos a cerca de 18,8 millones, y podría llegar hasta los 19,6 millones si se suman los efectos de la reducción de la jornada laboral y los recargos nocturnos. En hotelería, donde la nómina puede representar hasta el 50 por ciento de los costos operativos, el aumento rompe los esquemas de planeación financiera.
En la hotelería el alza del samalio para 2026 rompe los esquemas de planeación financiera. Foto:iStock
Replantear modelos de negocio
Para los analistas, este no es un ajuste que pueda asumirse como un simple cambio contable. Obliga a las empresas a revisar sus modelos de negocio, buscar eficiencias operativas y acelerar procesos de automatización y digitalización para reducir la dependencia de la mano de obra.
Además, muchos sectores operan con contratos pactados bajo supuestos macroeconómicos distintos, lo que limita la capacidad de trasladar el mayor costo al consumidor. En el comercio y la gastronomía, por ejemplo, un restaurante promedio tendría que vender al menos 15 almuerzos adicionales diarios solo para cubrir el incremento salarial, sin generar utilidad adicional.
Las mipymes, que representan el 99,7 por ciento del tejido empresarial y generan más del 80 por ciento del empleo formal, figuran entre las más vulnerables. Para estas, el aumento puede traducirse en incrementos cercanos al 30 por ciento en los costos laborales, lo que eleva el riesgo de informalidad y cierre de negocios.
Un restaurante promedio tendría que vender 15 almuerzos más diarios para cubrir el alza salarial. Foto:iStock
Tecnología y planeación, claves para 2026
Ante este escenario, expertos coinciden en que las empresas deberán actuar con rapidez. La actualización de la nómina, la revisión de presupuestos y la simulación de escenarios de estrés serán determinantes para evitar sorpresas en el primer trimestre de 2026.
Desde el sector tecnológico, compañías como Siigo señalan que contar con herramientas de automatización y visibilidad financiera en tiempo real se vuelve una ventaja competitiva. “Tener claridad financiera permite replantear prioridades, optimizar procesos críticos y tomar mejores decisiones en periodos de ajuste”, afirmó David Ortiz, presidente de la firma.
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Alertas desde la academia
Un análisis reciente del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario advierte que el incremento se da en un contexto de inflación más controlada, pero con productividad estancada, lo que plantea riesgos sobre su sostenibilidad. Aunque el desempleo ha bajado, se observa una recomposición del empleo hacia mayores niveles de informalidad.
Entre 2024 y 2025, el número de trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo pasó de 10,1 millones a 11,3 millones, según cifras del Dane. “Estos efectos no siempre se reflejan en el desempleo, sino en la calidad del empleo”, señala el estudio.
El Observatorio concluye que, sin avances en productividad y competitividad, aumentos de esta magnitud pueden generar presiones inflacionarias, fiscales y monetarias, y limitar la capacidad del salario mínimo para mejorar de forma sostenible el bienestar de los trabajadores.
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