La Policía Metropolitana de Barranquilla Reveló detalles sorprendentes sobre una operación judicial de gran magnitud que desarticuló a una organización delictiva dedicada al despojo y comercialización ilegal de tierras públicas en Barranquilla y su área metropolitana.
Este lunes se confirmó la detención de 17 individuos relacionados con el escándalo, entre los cuales se encuentran varios funcionarios públicos de alto rango, señalados de participar activamente en una red de corrupción y falsificación documental que facilitó la apropiación fraudulenta de terrenos destinados a infraestructura social.
Según lo indicado por la Fiscalía General de la Nación, esta operación representa el primer caso de esta envergadura en el departamento. Entre los arrestados se encuentran funcionarios de Registros de Instrumentos Públicos, Inspectores de Policía, un Notario, un Calificador de Instrumentos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad, quienes trabajaban en coordinación para legitimar la apropiación de terrenos.
La investigación, guiada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y la Fiscalía, se llevó a cabo a lo largo de cuatro líneas estratégicas que permitieron revelar cómo esta organización actuaba mediante la omisión deliberada de controles legales.
El modus operandi consistía en ignorar la revisión jurídica y documental de los terrenos, para así otorgarles una apariencia de legalidad. Posteriormente, los lotes eran fraccionados y vendidos a terceros que, en muchos casos, actuaban de buena fe sin conocer el origen ilícito de las tierras.
Yid PeñaComandante de la Regional Ocho de la Policía Nacional
Terrenos de colegios y parques no se salvaron
Entre los terrenos afectados figura una parcela destinada a la construcción de un megacolegio, la cual fue desviada a manos de particulares y comercializada de forma ilegal en lotes con un valor aproximado de 50 mil pesos cada uno.
El avalúo comercial total de los terrenos comprometidos asciende a 22 mil millones de pesos, con una extensión de cerca de 277.000 metros cuadrados.
Las autoridades tardaron más de un año en la investigación que permitió la detención de 17 personas. Foto:Política
Los registradores implicados facilitaron la expedición de matrículas inmobiliarias y el desbloqueo de resoluciones sobre terrenos de dudosa posesión. A su vez, los notarios permitieron la protocolización de escrituras sin verificar el pago de impuestos ni la legalidad de los registros catastrales.
“El calificador jurídico omitió su deber de revisión de los documentos presentados para el registro. Por su parte, los inspectores de policía habrían emitido informes policiales a favor de los usurpadores, permitiendo la ocupación indebida de los terrenos”, señala una comunicación de la Policía.
Este caso también afectó a diversas constructoras que habían planeado desarrollar proyectos urbanísticos, como jardines infantiles y parques, en áreas destinadas para uso público.
Entre las actuaciones más graves se destacan las siguientes:
- Registro de instrumentos públicos: facilitaron la creación de matrículas inmobiliarias fraudulentas, el desbloqueo de resoluciones
- Judiciales y El Reloteo de Terrenos de Cuestionable Procedimiento.
- Notario: AUTORIZARON LA Protocolización de Documentos sin corroborar el Abono de Tributos, Ni Examinar Registros Catastrales Ni Legalidades Previas.
- El Evaluador Legal de la Oficina de Instrumentos Públicos: desatendió Su Obligatoriedad de Comprobar la Legalidad de los documentos antes de su inscripción.
- Inspectores de Policía: EMANARON AMPEROS POLICIVOS a favor de los usurpadores y intermediarios corruptos, Permitió que Ocupasen Terrenos de Forma Ilegal Bajo la Apariencia de Legales.
ESTE ROJO No sólo perjudicó el Patrimonio Público, Sino que También proyectos Urbanísticos que comprendían Jardines infantiles, parques y centros comunitarios. Varias Constructoras que Habían Planeado Desarrollar Obras de Interés Social en Las Zonas Afectadas Quedaron atrapadas en un entramado legal. Asimismo, Se estima que Menos de 1.800 Residentes de Familias Resultaron Afectadas por la Confusión Jurídica y Social Provocada por Estas Prácticas fraudulentas.
Detenidos Relacionados con el Caso:
Operación que Resultó en 17 Personas Detenidas. Foto:Policía Barranquilla
- Luis Martínez – Intermediario.
- Inés Salas – Agente corrupta.
- Iván Páez – Registro de Soledad.
- Rafael Bossio – Abogado.
- Andrés Díaz – Jurídico de la Alcaldía de Soledad.
- Marlon Mora – Inspector de Policía.
- Ismael Cárcamo – Corruptor de Agente.
- Juan Ucrós – Exregistrador de Soledad.
- Neissy Cantillo – Exinspectora de Policía.
- Alex Ahumada – Abogado.
- Wilmar Machuca – Poseedor Irregular.
- José Pacheco – Calificador de Instrumentos Públicos.
- David de Castro – Exregistrador.
- Francisco Mejía – Notario de Santo Tomás.
- José Peñaloza – Poseedor irregular.
- Roque Lugo – Testigo Falso.
- José Márquez – Abogado.
Las Autoridades Destacaron que ESTA ES SÓLO LA PRIMERA ETAPA DE UN PROCESO MÁS AMPLIO Y COMPLEJO. La fiscalía y la Policía Nacional Advirtieron que las indagaciones prosiguen para identificar y llevar ante la justicia a Todos los implicados en este entramado delictivo que ha menoscabado los intereses del estado, afectado a miles de ciudadanos y evidenciado las carencias en la administración de la gestión pública local.
Este escándalo Pone de Manifiesto la Urgente Necesidad de Reforzar los Sistemas de Control Institucional y de Fortalecer la Vigilancia Ciudadana sobre la Gestión del Suelo y el Uso del Espacio Público en las Zonas Urbanas. Las Víctimas, la Ciudad y la Justicia claman por respuestas y, Sobre TODO, por la recuperación de lo perdido.
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