‘Se perderían más de 772 mil empleos’: Fenalco demanda alza del mínimo y solicita suspensión inmediata

El gremio advierte sobre deficiencias legales graves y riesgos económicos que podrían costar empleos y el cierre masivo de pymes.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7%. Junto con la demanda, el gremio solicitó la suspensión provisional urgente de la medida.

Según Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, el decreto presenta graves irregularidades que desconocen el marco legal y constitucional vigente:

• Sustitución de variables obligatorias: El Gobierno reemplazó los criterios legales establecidos (inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional) por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante.
• Invasión de competencias técnicas: Se desconoció la competencia exclusiva del Dane como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, fundamento esencial para la medición de la inflación en el país.
• Falta de sustento técnico: El decreto no explica de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justificaban ajustes del 6,21% a un incremento del 23,7%.

Fenalco advierte que la aplicación del decreto generará consecuencias irreversibles para la economía colombiana. Se proyecta la pérdida de 772.340 empleos formales y el cierre masivo de micro, pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, la medida generaría presiones inflacionarias, un aumento de la informalidad laboral, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.

“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida”, aclaró Cabal, “Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”.

La demanda busca que el Consejo de Estado deje sin efectos el decreto y suspenda su aplicación mientras se adelanta el análisis judicial, con el propósito de proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país. Cabe destacar que esta es la segunda acción judicial presentada contra el Decreto 1469 de 2025, lo que evidencia la preocupación generalizada del sector frente a la medida.

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