Colombia
Secretaría de Educación de Bogotá responde a investigación de la Contraloría por presunta incidencia fiscal cercana a 11.000 millones de pesos
La lupa está puesta sobre el sector educación en Bogotá. La Contraloría General de la Nación, a través de una auditoría de cumplimiento, identificó tres hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de 11.000 millones de pesos en recursos del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y proyectos de infraestructura educativa.
En el caso del PAE, el ente de control comprobó que presuntamente habría un perjuicio patrimonial por 1.863 millones de pesos en la ejecución de convenios, relacionado con la prestación del servicio con menos personal operativo del contratado y pagado. Esta situación fue atribuida a fallas en la interventoría y en los procesos de seguimiento.
Según la Contraloría, el presunto detrimento se basa en la disminución del personal operativo por parte del asociado Compensar para el cumplimiento del programa, teniendo en cuenta que dicho talento humano no se contrató por la Secretaría de Educación.
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Frente a estos señalamientos, la entidad distrital respondió que los recursos observados no corresponden a pagos indebidos ni a un perjuicio patrimonial, sino a procesos de optimización entre rubros del programa, derivados de ajustes diarios según la asistencia real de las y los estudiantes a los colegios públicos de la ciudad.
Otro de los hallazgos, por 9.032 millones de pesos, está relacionado con la construcción del colegio Boitá, en la localidad de Kennedy. De acuerdo con la Contraloría, este caso se trataría de eErrores e incumplimientos en el contrato de consultoría, deficiencias en la intervención y supervisión, así como a mayores cantidades de obra no previstas que habrían generado sobrecostos.
Desde la Secretaría de Educación afirmaron que los ajustes y mayores valores obedecieron a condiciones técnicas que se detectaron durante la ejecución de la obra en 2022.
“En ese momento, los estudios y diseños fueron recibidos a satisfacción, contaron con revisión e intervenciónría y permitieron la expedición de la licencia de construcción, sin que existieran elementos previos que permitieran anticipar dichas condiciones”explicaron desde la entidad.
Los hallazgos incluyen presunto detrimento en el PAE y sobrecostos en obras. Foto:iStock
Asimismo, indicaron desde la cartera que una vez identificadas las problemáticas, estas fueron informadas a la Contraloría Distrital y se adoptaron medidas de control para garantizar la correcta ejecución de la obra y la protección de los recursos públicos.
En la auditoría también se identificaron hallazgos en el colegio Procables, donde se evidencia un pago superior al monto ejecutado al Consorcio COL PROCABLES 2022, encargado de la construcción de una nueva planta física de la institución. Además, dectectaron fisuras y deterioro prematuro en los descansos de las escaleras de dos torres.
Estudiantes del Julio Flórez Foto:Cortesía CITD Julio Flórez
La Contraloría General también advirtió riesgos fiscales en el proyecto ‘Construcción del Centro de Alto Rendimiento en el Marco de la Manzana de Cuidado del Porvenir – Gibraltar, en la Localidad de Kennedy en la Ciudad de Bogotá’, por valor comprometido de 158.985.357.760, en la localidad de Kennedy, debido a retrasos e inactividad administrativa, lo que, según el ente de control, pone en riesgo la inversión comprometida.
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“La Contraloría General marcado incumplimiento del cronograma inicial de planeación y retrasos significativos de la obra e inactivad administrativa por parte del IDRD frente a las posibles alternativas de solución para la continuidad del proyecto, situación que pone en riesgo fiscal toda la inversión inicial y actual de la obra”, indicaron desde en organismo de control.
Frente a los señalamientos relacionados con el colegio Procables, la Secretaría de Educación aseguró que el dinero consignado fue incorporado en el Acta Final de Obra, csobre verificación dentro del proceso auditor, sin que se generen pagos adicionales ni incrementos en el valor del contrato. “Esto garantizó el uso correcto de los recursos públicos y la adopción oportuna de medidas de ajuste y control”, aseguró.
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ
