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El sector hospitalario de Antioquia está enfrentando una crisis financiera sin precedentes, de acuerdo con la alerta emitida por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.
La deuda acumulada por las EPS con los prestadores alcanzó los 8 billones de pesos hasta septiembre de 2025, una cifra que sobrepasa cualquier registro previo y pone en riesgo la viabilidad de hospitales públicos y privados.
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Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud departamental y exgerente de la IPS Universitaria, destaca que la gravedad de la situación no tiene precedentes.
“Es la peor crisis que hemos enfrentado en el sector, y lo más lamentable es que es intencionada”, afirmó Ramírez en una entrevista con el diario regional El Colombiano. Según la funcionaria, la falta de liquidez “se ha agudizado en los últimos cuatro meses”, afectando la capacidad de respuesta de las instituciones.
Ramírez explicó que desde 2023 la deuda ha mostrado un aumento dramático, lo que ha impedido que los hospitales se preparen para un deterioro tan acelerado. En muchas instituciones, solo han podido recuperar “el 25% de lo que facturaban, como máximo el 40%”, lo cual es insuficiente para cumplir con compromisos esenciales como el pago de la prima navideña y los salarios.
A pesar de los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia, no se ha logrado revertir el colapso. Ramírez detalló: “En los últimos dos años, 2024 y 2025, hemos invertido más de 220.000 millones de pesos… El último modelo que implementamos fue una línea de créditos con el IDEA a tasa compensada, de la cual destinamos 85.000 millones para apoyar un programa de saneamiento fiscal y financiero”.
Sin embargo, solo el hospital de Envigado ha completado el proceso para recibir estos recursos; otros centros como Sabaneta, La María, y el hospital de Itagüí están en trámite.
La secretaria aclaró a El Colombiano que, aunque se espera beneficiar a 60 hospitales con estos apoyos, “cualquier esfuerzo de la Gobernación resulta insuficiente para cubrir los 8 billones que deben las EPS a las instituciones públicas y privadas: 2 billones a las públicas y 6 billones a las privadas”. Además, mencionó que la red privada “está mejor equipada para atender a los pacientes graves”.
El efecto humano de esta crisis ya ha dejado secuelas profundas. “Los representantes de los pacientes han denunciado que ya han fallecido más de 2.500 pacientes con enfermedades graves, a la espera de un tratamiento”, subrayó Ramírez.
La funcionaria hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Procuraduría, cuestionando la falta de acción de la Superintendencia de Salud: “La Superintendencia está fallando en su deber de supervisar el flujo de los recursos”.
Además, Ramírez advirtió: “El Ministerio (de Salud) debería estar muy alerta sobre lo que realmente está sucediendo con el personal de salud y los pacientes”.
El drama también afecta a quienes sostienen la atención hospitalaria. “Están sufriendo mucho. No es justo que quienes realmente salvan la vida de los pacientes en el modelo que prometieron mejorar, se encuentren hoy en esta situación”, lamentó la secretaria.
Al referirse a los testimonios de médicos afectados, Ramírez indicó que la angustia y el dolor son evidentes: “El llanto que vimos… es de desesperación, de dolor, de impotencia, de alguien que también es médico y que siente que no puede garantizar lo básico a sus empleados”.
Ante este contexto, Marta Cecilia Ramírez concluyó con un pedido: “Pido soluciones claras y concretas de liquidez para mitigar la situación de los trabajadores de la salud y el funcionamiento de los hospitales”.
La controversia sobre la situación de los hospitales públicos de Antioquia se ha intensificado tras las acusaciones del ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien citó presuntos manejos irregulares y políticos en el Hospital de Itagüí.
Durante una visita al Hospital Universitario de Santander, Jaramillo advirtió sobre lo que considera una captura política de ese centro asistencial. El ministro fue contundente: “En particular, el Hospital de Itagüí ha sido entregado a la clase política; es bien sabido en Antioquia que ese hospital está gestionado por los diputados, ha habido mala administración, ha habido corrupción, y han tenido que liquidarlo y formalizarlo en varias ocasiones”, afirmó a medios locales.
La polémica escaló tras el último Consejo de Ministros, donde el ministro de Salud denunció que varios hospitales de la región habrían sido “entregados al mejor postor”, mencionando al gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, sugiriendo que “tendría familiares en la política”.
En respuesta a estas alegaciones, la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, defendió al equipo directivo. Ramírez señaló: “Hemos asumido la dirección de un hospital con muchas dificultades, pero hemos trabajado durante dos años en un programa de saneamiento fiscal y financiero, con la supervisión del Ministerio de Hacienda. Afirmar que existe corrupción sin una denuncia formal es un acto de atrevimiento e irrespeto”, declaró a la prensa.
La funcionaria agregó que, según información oficial, ni la Fiscalía ni la Procuraduría han indicado investigaciones vigentes contra Arroyave o los miembros de su equipo.
El Hospital San Rafael tiene una deuda superior a 22.000 millones de pesos, cifra que, según fuentes oficiales, se relaciona principalmente con pagos pendientes de EPS que han sido intervenidas por el Gobierno Nacional, incluyendo Savia Salud y la Nueva EPS.
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