Sector gastronómico alerta que emergencia económica del Gobierno subiría impuestos y afectaría a restaurantes

El sector de la gastronomía ha expresado su inquietud ante la posibilidad de que la declaración de emergencia económica del Gobierno implique un aumento en los impuestos que afecte la viabilidad de los restaurantes formales, según advirtió la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) Bogotá Región.

El Gobierno, liderado por Gustavo Petro, ha declarado el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país a través del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Este instrumento tendrá una duración inicial de 30 días y permite al Ejecutivo emitir decretos con fuerza de ley centrados principalmente en asuntos tributarios.

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El decreto establece que la nación enfrenta “una situación grave e inminente que compromete la estabilidad fiscal del Estado y su capacidad para garantizar derechos fundamentales”. Las razones expuestas incluyen el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, necesidades de inversión en seguridad y defensa, repercusiones de la ola invernal, subsidios energéticos y deudas judiciales y contractuales pendientes.

En un comunicado reciente, Acodrés Bogotá Región externó su “profunda inquietud por el proyecto de decreto que está considerando el Ministerio de Hacienda en el marco de un eventual estado de Emergencia Económica, cuyas medidas tendrían un efecto directo y negativo sobre la operación formal de los restaurantes del país”.

Entre las acciones propuestas por el Gobierno, la asociación destacó:

• Aumento del impuesto a las transacciones financieras del 4 al 5 por mil, un costo que afecta directamente a la actividad empresarial formal y a miles de micro, pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico.
• Incremento de impuestos sobre licores premium, vinos importados y destilados de alto valor, productos que suelen acompañar los menús y cuyos precios ya han subido por la inflación.
• Regulaciones adicionales que, junto con las recientes cargas operativas impuestas por los Ministerios de Comercio y Trabajo, siguen encareciendo la operativa formal y alimentando la informalidad en el país. Estas acciones, en conjunto, representan un riesgo considerable para la viabilidad de los establecimientos gastronómicos, que ya enfrentan un panorama económico complicado marcado por la baja en el consumo, el aumento de costos, el recorte de horas productivas y el alza de cargas laborales.

Liliana de las Mercedes Montaño Rincón, presidenta y representante legal de Acodrés Bogotá Región, advirtió que “estas medidas, en conjunto, presentan un riesgo significativo para la viabilidad de los establecimientos gastronómicos, que ya se encuentran en un contexto económico complejo marcado por la caída del consumo, el aumento de costos, la reducción de horas productivas y el incremento de cargas laborales.”

El comunicado también indica que “la estructura tributaria propuesta restringe la capacidad de consumo de los ciudadanos, afectando de manera directa la demanda en los restaurantes”. Además, el sector considera que “el aumento de cargas fiscales eleva los costos operativos, dificultando la viabilidad de los negocios formales”.

Desde Acodrés, se advierte que las nuevas medidas podrían “desincentivar el emprendimiento, mermar la competitividad y profundizar la migración hacia modelos informales”. El comunicado subraya que estos ajustes tributarios se proponen en un contexto donde muchos establecimientos aún buscan recuperarse de los efectos de la inflación, la desaceleración económica y recientes cambios regulatorios.

La organización gremial ha hecho un llamado al Gobierno nacional para que reconozca la relevancia del sector gastronómico formal como generador de empleo, motor del turismo, promotor del emprendimiento y actor clave en la reactivación económica del país.

La solicitud específica es que cualquier medida tributaria que se contemple considere “el impacto real sobre la operación diaria de MIPYMES gastronómicas, así como la necesidad de preservar la sostenibilidad del empleo formal y la importancia de fomentar la competitividad y contener la expansión de la informalidad”.

Acodrés Bogotá Región reafirmó su voluntad de colaborar “articuladamente con el Gobierno, las entidades territoriales y el sector privado para encontrar soluciones que fortalezcan la economía, mantengan la formalidad y aseguren el bienestar de los empresarios y trabajadores del sector gastronómico”.

Con la declaración en efecto, el Ejecutivo tiene la potestad de emitir los decretos legislativos necesarios para abordar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. El Gobierno ya ha anticipado que considerará ajustes al impuesto al valor agregado (IVA), la creación de un impuesto al patrimonio para individuos con mayor capacidad contributiva, el aumento de la tributación para el sector financiero y el refuerzo de los llamados impuestos saludables, que incluyen gravámenes sobre bebidas alcohólicas y productos de vapeo.

La industria gastronómica se mantiene alerta ante la definición de las medidas y su impacto sobre la operación diaria y la creación de empleo formal. El sector recalca la necesidad de que las decisiones tributarias sean equilibradas para evitar un retroceso en la formalidad y la competitividad del sector.