La Gobernación de Sucre defiende el recaudo de 20 mil millones de pesos por la sobretasa a la seguridad, invertidos en dotación para la fuerza pública desde 2022. Gremios económicos del departamento rechazan este impuesto, argumentando afectación al bolsillo de los ciudadanos y cuestionando su legalidad. La controversia resalta el debate sobre la financiación de la seguridad regional y su impacto económico local.

La `sobretasa seguridad Sucre` ha generado un debate entre la Gobernación y los gremios económicos del departamento, luego de que el gobierno local defendiera la inversión de 20 mil millones de pesos recaudados. Este gravamen departamental, que es un impuesto específico para financiar la seguridad pública, busca fortalecer las capacidades de la fuerza pública en la región. La gobernadora Lucy García Montes afirmó que los recursos, recolectados desde 2022, se han invertido en dotación para la policía y el ejército en todos los municipios de Sucre.

Según la mandataria, el dinero permitió adquirir vehículos, motos, drones, equipos de inteligencia y tecnología, así como necromóviles, elementos que “nunca habían pasado en el departamento”. Sin embargo, el Comité Intergremial de Sucre rechaza el cobro, especialmente para los estratos 4, 5 y 6, y la zona comercial o industrial de Sincelejo, Coveñas y Corozal.

¿Qué implica la sobretasa seguridad Sucre para los ciudadanos?

La `sobretasa seguridad Sucre` afecta directamente a una parte significativa de la población y el sector productivo en Sincelejo, Coveñas y Corozal, según los gremios. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Sucre y del Intergremial, Gabriel De La Ossa, argumenta que el impuesto incide negativamente en el bolsillo de los sucreños. Además, el Comité Intergremial solicitó a la gobernadora García Montes esperar las políticas de seguridad que implementará el presidente electo, Abelardo De La Espriella, antes de tomar decisiones sobre el gravamen.

El cobro de esta sobretasa ya había sido objeto de controversia. En el pasado, el Tribunal Administrativo de Sucre determinó la cesación provisional de su cobro, argumentando que la Asamblea de Diputados de Sucre no era competente para usar el consumo de energía como base tributaria. Esta decisión obligó a la administración departamental a realizar ajustes al proyecto para que pudiera entrar nuevamente en vigencia.

La oposición gremial se fundamenta en varios puntos clave:
Afectación económica: El pago de un nuevo impuesto impacta el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.
Cuestionamiento legal: Dudas sobre la legalidad tributaria del cobro y su base impositiva, un aspecto ya señalado por el Tribunal Administrativo.
* Eficacia de la inversión: Aunque la gobernadora destaca la inversión de 20 mil millones de pesos, los gremios, como Asogasucre, mencionan que desde 2024 hasta 2025 se recolectaron 32 mil millones, cifra que consideran de poca incidencia frente a las necesidades del departamento.

La Gobernación de Sucre, no obstante, sostiene la necesidad y el beneficio de la `sobretasa seguridad Sucre` para la protección ciudadana. La discusión continúa, mientras los habitantes y empresarios de Sucre esperan claridad sobre el futuro de este gravamen. Para más información sobre debates tributarios en Colombia, puede consultar El Tiempo.

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