Subgerente de Rtvc publicó el polémico contrato con el que se habría contratado supuesto maquillador de Verónica Alcocer

La controversia sobre la gestión de recursos públicos en la Presidencia de Colombia ha ganado impulso tras las denuncias que sugieren la existencia de un contrato significativo, potencialmente destinado a beneficiar al maquillador y al fotógrafo asociados con la primera dama, Verónica Alcocer.

Esto ha llevado a la Fiscalía General de la Nación a iniciar una investigación preliminar. A pesar de esto, el sistema de medios públicos Rtvc ha negado cualquier ilegalidad o favoritismo en relación con dicho contrato para servicios especializados.

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Las acusaciones indican que hay contratos firmados desde 2022, considerados de gran valor y realizados bajo la modalidad de prestación de servicios. Se mencionan pagos hacia Fady Javier Flórez (maquillador) y Mauricio Vélez (fotógrafo) vinculados a las actividades de la primera dama. La crítica principal se centra en la posible falta de transparencia en la contratación pública, sugiriendo beneficios directos para ciertos contratistas.

Sin embargo, el domingo 15 de febrero, la subgerente del Sistema Público de Medios, María Paula Fonseca Gómez, publicó en su cuenta de X el contrato polémico, aclarando que no se trató de una anormalidad, sino de un acuerdo habitual en el ámbito ejecutivo.

El contrato detalla que el acuerdo fue firmado con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi). Mediante administración delegada, esta cooperativa actúa como intermediaria y gestiona la producción audiovisual y logística para las actividades de la Presidencia.

Los servicios incluyen maquillaje, fotografía, alojamiento, transporte, montaje y desmontaje de escenarios, catering y la transmisión audiovisual de eventos oficiales.

La cláusula principal estipula la provisión de los bienes y servicios necesarios para la producción audiovisual del Departamento Administrativo de la Presidencia. Otra cláusula menciona la provisión de recursos humanos, técnicos y logísticos, como maquillaje, vestuario, internet, transporte, catering y otros elementos esenciales para la transmisión de actos oficiales.

Además, el contrato exige que la cooperativa cumpla con las normativas legales, ambientales y de transparencia, así como que ajuste la contratación a los protocolos institucionales vigentes.

En respuesta a las acusaciones, Rtvc y su subgerente Fonseca negaron cualquier irregularidad. La funcionaria subrayó que el monto anual del contrato no ha sobrepasado los 5.000 millones y desestimó la existencia de un acuerdo exclusivo para maquillaje o fotografía para la primera dama.

Fonseca defendió la legalidad y continuidad de este tipo de contratos, que se han utilizado desde 2006 para actividades oficiales de la Presidencia a través de diversas administraciones.

“Este es el contrato que tiene RTVC con la cooperativa Savi para suministrar todos los servicios logísticos y de producción para cubrir la presidencia de la República. Es manipulado como si este contrato, que anualmente no ha superado los 5 mil millones e incluye múltiples servicios, fuera únicamente para un maquillador y un fotógrafo”, expresó la subgerente.

La funcionaria destacó que el contrato se enmarca en la necesidad de servicios técnicos y logísticos integrales para la institución, y no responde a solicitudes personalizadas. Aclaró que la cifra mencionada en las denuncias no se refiere a pagos directos ni únicos por maquillaje o fotografía, sino a un conjunto de necesidades para la infraestructura audiovisual nacional e internacional.

En cuanto a los pagos y subcontrataciones, la cooperativa Savi se encarga de contratar a los profesionales para cada servicio, incluyendo a Flórez y Vélez.

Según se estipula en el documento, Rtvc no efectúa pagos directos a estos colaboradores; su vinculación y remuneración se realizan mediante contratos de prestación de servicios gestionados por la cooperativa.

Diferentes críticos han cuestionado el mecanismo contractual utilizado. El experto en crimen financiero Juan Carlos Portilla mencionó a la revista Semana que la modalidad de administración delegada podría disminuir los niveles de control y facilitar el uso indebido de fondos públicos.

Según Portilla, este esquema puede llevar a irregularidades administrativas y aumentar el riesgo de que algunos contratistas se beneficien fuera de los principios de transparencia y equidad que rigen la contratación estatal. Su análisis sugiere indicios de delitos administrativos y una gestión ineficiente de los recursos públicos.