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Suspensión de la regla fiscal en Colombia podría ser demandada por falta de hechos extraordinarios | Economía
La decisión del Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) de activar la cláusula de escape para suspender la regla fiscal por tres años abrió un nuevo capítulo en el debate institucional colombiano, ya que aunque el procedimiento siguió los pasos establecidos en la Ley 1473 de 2011 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, diversos sectores han comenzado a cuestionar la validez de los fundamentos que dieron pie a esta decisión.
El hecho de que no exista un hecho extraordinario que justifique una medida de tal magnitud, ha generado dudas entre los gremios, analistas y autoridades como la Contraloría, dado que se habla de levantar la talanquera del gasto público y dar carta abierta para hacer lo que se quiera con las finanzas públicas.
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Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, fue el primero en anunciar que interpondrá una demanda contra la decisión. Para él, el Gobierno está sobrepasando sus funciones al activar la cláusula sin que exista una justificación real, si se tiene en cuenta que “aquí no hubo una pandemia, no hubo una guerra. Simplemente decidieron que quieren gastar más”, advirtió.
Según Sánchez, el Ejecutivo debería priorizar la reducción del gasto ineficiente en lugar de recurrir a mecanismos que aumentan el endeudamiento y comprometen la estabilidad fiscal y entre los ejemplos que cita están los $240.000 millones que costaría el nombramiento de 12.000 contratos de prestación de servicios propuesto por el Ministerio del Interior, así como el intento de impulsar una consulta popular con un costo de $700.000 millones.
Regla fiscal y economía.
“Esto nos va a encarecer la deuda, y pone en riesgo nuestros títulos. Las calificadoras nos podrían bajar la calificación, lo cual encarece también el crédito para empresarios y ciudadanos”, aseguró.
Desde su perspectiva, no solo se vulnera el principio de legalidad del gasto público, sino que además se deja al próximo gobierno en una posición insostenible y, debido a esto, “vamos a tener que hacer una reforma tributaria gigantesca para corregir este desastre. Están tomando decisiones que hipotecan el futuro económico del país”.
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Revisar con detalle
Entre tanto, para el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, la decisión plantea un debate jurídico serio, ya que “desde el punto de vista del procedimiento, se cumplieron los pasos. Pero la ley dice que solo puede activarse esta cláusula ante eventos extraordinarios o amenazas a la estabilidad macroeconómica. Y eso no existe en este caso”, por lo que sugiere que habrá una revisión minuciosa.
Restrepo subraya que la interpretación de la ley debe hacerse en función de los hechos y deja claro que “no hay ninguna situación extraordinaria que justifique esta decisión. Por eso, la demanda tendría un camino viable desde el punto de vista de la interpretación jurídica sustantiva, más allá del cumplimiento formal del procedimiento”.
Presidente de Andesco y Consejo Gremial, Camilo Sánchez
Por su parte, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, también considera que existe una falsa motivación detrás de la suspensión y que “el problema fiscal que enfrentamos no es consecuencia de un evento externo o imprevisible. Es el resultado de un mal manejo de las finanzas públicas”.
Para Londoño, la medida es grave porque no solo no resuelve el problema estructural, sino que lo agrava, recordando que “ya incumplimos la regla fiscal en 2024 y lo disfrazamos con transferencias de única vez. En 2025 íbamos por el mismo camino y por eso suspenden la regla. Pero esto solo traerá más deuda, más intereses y menos capacidad de inversión pública”.
El impacto en la credibilidad financiera del país, advierte, será significativo, a tal punto que “podemos perder el grado de inversión, lo que implicaría mayores primas de riesgo, cierre de fuentes de financiamiento y caída en la inversión pública y privada. A largo plazo, eso se traduce en mayor pobreza”.
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Sustentar la medida
El abogado y tributarista Juan Carlos Arbeláez Mesa coincide en que la demanda tiene viabilidad jurídica, siempre que se formalice el acto administrativo que activa la cláusula de escape y explica que “la ley exige que exista evidencia técnica de un evento extraordinario que amenace la estabilidad macroeconómica. Si esto no se demuestra, el acto es nulo por falta de motivación o desviación de poder”.
Arbeláez sostiene que el camino para interponer la demanda es ante el Consejo de Estado, mediante una acción de nulidad simple contra el documento Conpes o resolución del Confis. Además, puede solicitarse una medida cautelar para suspender los efectos del acto mientras se resuelve el fondo del asunto.
Presidente Gustavo Petro
Un argumento clave para la demanda sería el concepto técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), ya que si este órgano emite una opinión contraria a la activación de la cláusula, ello serviría como prueba de que el Gobierno ignoró el análisis técnico, lo cual vulnera el principio de legalidad y “refuerza la tesis de que no existía justificación objetiva para la decisión”, subrayó.
Si el Consejo de Estado anula la activación, el Ejecutivo estaría obligado a cumplir los topes de déficit de la regla fiscal, lo cual implicaría recortes drásticos en el gasto y se podrían impactar programas ya aprobados y comprometer el financiamiento de sectores clave como educación, infraestructura o subsidios.
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A nivel institucional, la admisión y eventual prosperidad de la demanda podría enviar un mensaje de fortaleza institucional y a su vez “sería una señal de que los controles funcionan y que el principio de legalidad prima sobre decisiones discrecionales”, según apuntó Arbeláez. Sin embargo, también podría generar tensiones políticas si se interpreta como un obstáculo a las políticas sociales del Gobierno.
Desde la perspectiva ciudadana, una eventual anulación de la cláusula podría generar frustración a corto plazo, especialmente si implica recortes en programas sociales. Pero a mediano plazo, estabilizar las finanzas públicas podría proteger el poder adquisitivo de los colombianos, contener las tasas de interés y salvaguardar el acceso a financiamiento internacional en condiciones favorables.
Así las cosas, la discusión, que comenzó como un asunto fiscal, ha mutado en un debate jurídico de fondo sobre los límites del poder ejecutivo; mientras que la demanda anunciada por el Consejo Gremial y los análisis de expertos jurídicos y económicos sugieren que la controversia está lejos de cerrarse. La decisión final podría recaer, no en los técnicos ni en los políticos, sino en los jueces.
