A exactamente un mes del terremoto que sacudió el occidente colombiano el 10 de agosto de 2026 con epicentro en San José del Palmar (Chocó), el Gobierno Nacional firmó este miércoles 11 nuevos decretos para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas. El presidente Abelardo De La Espriella presidió un consejo de ministros extraordinario en el que se anunciaron medidas que van desde la creación de un fondo especial hasta mecanismos de inversión privada y flexibilidad educativa.
Sin embargo, en el Congreso, donde una comisión especial hace seguimiento a la emergencia, el balance del primer mes fue mucho más crítico. Parlamentarios de Gobierno y oposición coincidieron en que la reconstrucción avanza con retrasos inaceptables y que el Gobierno debe pasar de los anuncios a un plan con metas, fechas y responsables verificables.
Los 11 decretos: qué ordenó el Gobierno
El paquete de decretos firmado por De La Espriella se concentra en cinco frentes. El primero y más importante es la creación del Fondo Patria Milagro, concebido como el principal instrumento para canalizar los recursos de la recuperación. “Necesitamos capacidad de ejecución, recursos y velocidad. Este fondo será uno de los instrumentos, quizá el más importante, para lograrlo”, afirmó el mandatario.
El segundo frente son las 17 medidas financieras para alcaldías y gobernaciones, que buscan darles liquidez temporal para que puedan actuar sin esperar transferencias del Gobierno central. Como medida excepcional, se autorizó a las entidades territoriales acceder, por única vez, a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FOMPED), sujeto al cumplimiento de las reglas de responsabilidad fiscal.
El tercer decreto prioriza la energía eléctrica en las zonas afectadas. Con recursos del FONDES, el Gobierno busca garantizar la continuidad del servicio. “La reconstrucción no puede avanzar con comunidades a oscuras”, dijo De La Espriella.
El cuarto mecanismo activa las obras por impuestos para el terremoto, con lo que se busca que empresas del sector privado aporten su capacidad de construcción a cambio de beneficios tributarios. El quinto permite las inversiones interjurisdiccionales: que una alcaldía o gobernación pueda financiar obras fuera de sus límites territoriales cuando esas obras sean determinantes para la recuperación de una región completa.
Además, el Gobierno estableció un régimen especial para el DANE de acceso a información reservada, con el fin de localizar con precisión las familias afectadas y focalizar mejor la ayuda. En materia educativa, se habilitó el funcionamiento de colegios afectados en espacios alternativos y se flexibilizó el calendario académico.
El Congreso: de los 2.000 ladrillos a las 12.000 viviendas sin atender
Mientras el Gobierno firmaba decretos, en el Congreso la sesión de la comisión especial de seguimiento a la emergencia fue un recuento de cifras que chocan con la magnitud del desastre. La senadora María Irma Noreña, del Partido De la U —bancada de Gobierno—, puso como ejemplo la situación en Pereira: “A Pereira llegaron 2.000 ladrillos, y eso no alcanza ni para construir una casa”.
El representante liberal Edgar Gómez Castillo fue más directo sobre el Cauca, uno de los departamentos más golpeados: denunció que pese a que más de 12.000 viviendas resultaron afectadas por el terremoto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Gobierno Nacional “no han hecho presencia suficiente en el territorio”.
Desde la oposición, el representante Santiago Osorio, de la coalición Alianza Verde-Pacto Histórico, reportó retrasos en la entrega de subsidios de arrendamiento en Caldas, un departamento donde la destrucción de viviendas dejó a miles de familias sin techo.
La exigencia unánime: un plan, no más anuncios
Lo que resultó notable de la sesión del Congreso fue la confluencia de críticas desde todos los sectores políticos. La representante liberal Astrid Sánchez, del Partido de la U por el Chocó, planteó la necesidad de que el Gobierno presente un plan integral que establezca no solo qué se va a hacer, sino cuándo, con qué recursos y quién responde por cada meta. “No necesitamos anuncios, necesitamos efectividad”, afirmó.
Los congresistas también solicitaron al ministro Jaime Andrés Beltrán que explique con detalle cómo operará el Fondo Patria Milagro —el principal instrumento anunciado por el presidente ese mismo día— y qué mecanismos de transparencia garantizarán el uso correcto de los recursos.
La comisión tiene previsto sesionar de nuevo en aproximadamente 15 días, cuando espera recibir del Gobierno un balance más concreto sobre el avance de la respuesta estatal. Para ese momento, la reconstrucción habrá cumplido mes y medio, y las cifras de viviendas atendidas, recursos ejecutados y familias reubicadas tendrán que hablar por sí solas.
El balance oficial a un mes
Según los datos del Gobierno, el terremoto del 10 de agosto dejó 321 personas fallecidas. Los daños se concentraron en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, con impactos graves en Cali, Manizales, Armenia y Quibdó. El Gobierno mantiene la emergencia vigente y es bajo ese marco que se expidieron los 11 decretos. El plazo de la emergencia, sus prórrogas y los recursos totales comprometidos son datos que la comisión del Congreso aún no tiene claros, y fueron parte de las preguntas que los parlamentarios dejaron abiertas para la próxima sesión.