“Toda agresión contra la población civil debe ser condenada”: Gobierno expresa preocupación por desplazamientos en Catatumbo

La delegación de paz del Gobierno Nacional que está involucrada en las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente de las FARC-EP (EMBF) emitió una declaración pública donde manifestó su inquietud por la situación humanitaria en el Catatumbo, particularmente en relación al desplazamiento forzado de comunidades campesinas en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

El mensaje incluyó un llamado directo a los actores armados y a las entidades estatales encargadas de asistir a las víctimas.

En el comunicado, que fue emitido tras la revelación de nuevos movimientos poblacionales en la región, la delegación indicó que los actos de violencia durante los enfrentamientos afectan directamente a los civiles ajenos al conflicto.

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El documento también afirmó: “Ningún hecho de violencia es aceptable. Toda agresión contra la población civil debe ser condenada con claridad y acompañada de solidaridad con las familias afectadas, así como de una exigencia firme de no repetición. La paz no la construye únicamente un Gobierno ni el diálogo particular con un grupo armado ilegal”.

La comunicación oficial subrayó que la construcción de paz en el Catatumbo requiere la participación y el compromiso de todos los actores, tanto institucionales como sociales. Según la delegación, los procesos de diálogo buscan crear condiciones que faciliten la reducción de las afectaciones a la población y avanzar en transformaciones territoriales, dentro de un contexto marcado por la presencia de economías ilegales y disputas armadas.

En otro fragmento del pronunciamiento, el equipo negociador reiteró que el diálogo es una herramienta para fortalecer la democracia y enfatizó que el uso de la violencia no tiene cabida en los esfuerzos conjuntos por garantizar la tranquilidad en las zonas afectadas. “El diálogo fortalece la democracia y deja claro que la violencia no puede tener lugar en el esfuerzo colectivo por vivir con tranquilidad”, afirmó el texto difundido por la delegación.

En relación al proceso específico que se lleva a cabo con el EMBF, el Gobierno recordó que este incluye al Frente 33, que tiene presencia en el Catatumbo. Así, el comunicado aclaró: “El proceso de paz que se está desarrollando con el EMBF, que incluye el Frente 33 presente en el Catatumbo, busca poner fin a las violencias y transformar los territorios. Este objetivo se ve gravemente obstaculizado por la presión constante de aquellos que se benefician de la perduración de las dinámicas de violencia y economías ilegales”.

La delegación también hizo un llamado a los grupos armados para que respeten la acción humanitaria en los territorios y solicitó a las entidades públicas coordinar esfuerzos para brindar atención integral y oportuna a las personas desplazadas. Reconoció también el respaldo de organismos nacionales e internacionales que supervisan la situación.

El documento destacó el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal de Colombia, la MAPP/OEA y la Misión de Verificación de la ONU, instituciones que, según la delegación, contribuyen a la transparencia de los procesos y la búsqueda de soluciones duraderas. “Su presencia es garantía de transparencia y soluciones sostenibles. En momentos de alta tensión como el que enfrenta hoy el Catatumbo, el apoyo internacional es crucial”, se señala en el comunicado.

Los pronunciamientos oficiales se emitieron mientras continúan los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN en diferentes puntos del Catatumbo. Según informes humanitarios, estas confrontaciones han provocado nuevos desplazamientos masivos de población campesina hacia áreas urbanas del departamento.

Recientemente, al menos 11 núcleos familiares, representando 30 personas, llegaron a Cúcuta desde la vereda Mineiro, en Tibú. La Defensoría del Pueblo confirmó esta información mediante un mensaje en la red social X, indicando: “Hoy llegaron a Cúcuta 11 familias desplazadas, compuestas por al menos 30 personas, provenientes de la vereda Mineiro, de Tibú, Norte de Santander”.

En esa misma comunicación, la entidad indicó que el desplazamiento estaría relacionado con enfrentamientos armados entre el ELN y el Frente 33 de las Farc, pidiendo a la administración municipal de Cúcuta atención humanitaria inmediata para las familias afectadas. Además, la Defensoría renovó su solicitud a los grupos armados para que disminuyan las confrontaciones en la región.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, comentó sobre los anuncios de ceses al fuego realizados por estructuras armadas durante la temporada navideña, señalando limitaciones en su efectividad. En su pronunciamiento, manifestó: “Este desplazamiento que ocurre hoy en el Catatumbo muestra claramente por qué los ceses al fuego anunciados por el ELN y las disidencias del Frente 33 son muy insuficientes”.

Según cifras del Puesto de Mando Unificado (PMU) Catatumbo, desde el 16 de enero de 2025 hasta la actualidad, 87.438 personas se han visto forzadas a desplazarse de esta región del país, en una situación de orden público que sigue generando serias afectaciones humanitarias, según información divulgada por W Radio.