Colombia anuncia una nueva era en pensiones: cambios que impactarán a los trabajadores desde el 1 de mayo.

La Comisión Cuarta del Senado convocó a un debate de control político a 68 días de que se implemente la reforma pensional. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó que los tiempos en la expedición de la normativa hayan causado alguna repercusión en la aplicación de la ley.

Sanguino indicó que dos de las tres normativas en proceso que regularán la reforma pensional se publicarán esta semana desde las carteras de Trabajo y Hacienda.

Además, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, mencionó que el primero de mayo el presidente revelará los decretos; “estamos listos, no tenemos inquietudes de fondo”, comentó.

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La Comisión Cuarta del Senado convocó a un debate de control político a 68 días de la implementación de la reforma pensional, conforme al plazo estipulado por la ley (1 de julio de 2025), argumentando que la reglamentación “está pendiente”, según la senadora Angélica Lozano.

Según los calendarios de las entidades, el proceso de emisión de normativa debía culminar en marzo. Sin embargo, hasta el momento solo se ha publicado una circular, dos decretos y una resolución.

Sanguino argumentó que dichos calendarios se han ido ajustando y reveló que el Decreto Único Reglamentario del Ministerio de Trabajo ya tiene una versión final, tras analizar cerca de 1.000 observaciones de la comunidad, y estos días realizará el proceso de recolección de firmas para que “esta misma semana” sea expedido.

Asimismo, el decreto del Ministerio de Hacienda, relacionado con aspectos de gobernanza del fondo de ahorro del pilar contributivo, también fue modificado tras dos períodos de observaciones y comentarios y comenzará a circular por las entidades para las firmas. “Ya hemos logrado desarrollar una disposición reglamentaria”, afirmó el funcionario.

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y la transformación del sistema pensional

En conclusión, un proyecto de resolución del Ministerio de Salud, específicamente respecto al Registro Único de Afiliados (RUAF), que regula las disposiciones pertinentes a las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), está listo para la firma del titular del Ministerio de Salud.

El ministro Sanguino refutó que los tiempos en la emisión de la normativa hayan ocasionado alguna incidencia en la ejecución de la ley porque en los espacios técnicos y el comité de transición “hemos estado tomando decisiones y realizando seguimiento a cómo el conjunto de actores del sistema se han venido integrando y alistando y porque los decretos ya emitidos han generado realidades en el sistema.”

De hecho, pidió a la Corte Constitucional que considere que existen realidades institucionales, decisiones de políticas públicas, normativas reglamentarias, inversiones de todos los participantes del sistema y expectativas de los ciudadanos al examinar y tomar en cuenta las demandas que están en marcha “a la hora de adoptar una decisión que debería ser validar y enviar un mensaje de apoyo a este sistema pensional.”

(Vea también: Buena nueva para algunos trabajadores: podrían solicitar más de 100 semanas para pensión)

En relación a la regulación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), que deberá ser gestionado por el Banco de la República, conforme a la normativa, el ministro indicó que el Gobierno optó por que no se realizará a través de un decreto reglamentario sino mediante un procedimiento del Ministerio de Hacienda, aunque no proporcionó más detalles.

Otro tema pendiente, la colaboración entre Colpensiones y las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai) en la transferencia de los trabajadores que aportan por debajo de 2,3 salarios mínimos y hasta hace unos meses solamente estaban afiliados a las AFP, es la única tarea que queda, según el presidente de Colpensiones.

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Finalmente, el ministro de Trabajo informó que de los $1.143,5 millones mencionados en el presupuesto para la implementación del sistema pensional se han comprometido $262,8 millones al 31 de marzo de 2025 correspondientes a órdenes de prestación de servicios (contratos).

Asimismo, precisó que los $153,3 millones reservados en el presupuesto de 2024 para el Sistema de Información para la Protección Social Integral para la Vejez no pudieron ser utilizados debido a las modificaciones al presupuesto. Para este año, con el mismo objetivo, se asignaron $500 millones.

Sanguino comentó que se encuentran en un proceso de contratación del sistema, sobre el cual, inicialmente, se había mencionado que sería desarrollado por la Universidad Nacional. “Estamos en proceso de decidir de qué manera podemos ponerlo en funcionamiento pronto, en los próximos días”, afirmó.

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