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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha reafirmado la culpabilidad de la Policía Nacional en la muerte de varios jóvenes durante un incendio en el CAI de Soacha, al señalar que la falta de acción oportuna por parte de los uniformados contribuyó significativamente a esta tragedia.
Esta decisión, que fue divulgada por Cambio, implica una condena a la Nación y reconoce que la respuesta lenta de los custodios fue clave en la muerte de ocho internos y las graves lesiones de otros tres, estableciendo un precedente importante en términos de derechos humanos y la responsabilidad del Estado en la custodia.
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En su fallo, el Tribunal estableció que, aunque el incendio se originó accidentalmente por uno de los detenidos, la inacción de los policías a cargo de la custodia intensificó las consecuencias.
El documento judicial indica: “Considera la Sala que no se configuró el eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, dado que según lo probado, una vez iniciado el incendio, la inacción y falta de respuesta adecuada de los policías a cargo de la custodia, contribuyó a que el incendio produjera los lamentables efectos que hoy se analizan (muerte de 8 detenidos y lesiones graves a otros tres).”
El incendio se produjo el 4 de septiembre de 2020 en la estación de Policía de Soacha, donde nueve jóvenes perdieron la vida y 11 resultaron heridos.
Las familias de las víctimas y los sobrevivientes afirmaron que, al comenzar el fuego, los internos pidieron auxilio al custodio, quien se negó a abrir la celda. Solo cuando un patrullero ajeno al lugar intervenió y abrió la puerta, los reclusos pudieron escapar. Mientras tanto, familiares que se encontraban afuera intentaron romper las ventanas y apagar el incendio, pero denunciaron que los policías les lanzaron gas pimienta para impedirlo.
Las familias de Juan David Rojas y Anderson Steven Méndez, quienes fallecieron en el incendio, así como la de Carlos Duván García, quien resultó herido, interpusieron una demanda contra la Nación debido a la respuesta tardía de la Policía.
El Tribunal validó la condena, que ya había sido emitida en primera instancia en 2024, y dictaminó que la indemnización a favor de la familia de Méndez será reducida en un 70%, al considerar que la conducta del detenido tuvo mayor impacto en su propio daño. No obstante, el fallo favorece a las familias de las dos víctimas fatales y al joven herido, reconociendo los perjuicios morales y daños en la salud.
El abogado Javier Villegas Posada, representante de las familias, comentó a Cambio: “Los centros de reclusión en Colombia enfrentan una crisis humanitaria constante, en la que la violación sistemática de los derechos humanos alcanza niveles tan extremos que avergonzarían y horrorizarían a cualquier sociedad comprometida con la dignidad humana. Estos lamentables casos, que culminan en condenas al estado, son prueba fehaciente de ello.”
Un caso similar se documentó en el municipio Acevedo (Huila), donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también condenó a la Nación por la muerte de Jefferson Alejandro Buitrago Mendoza tras un incendio en la estación de policía local el 27 de junio de 2021, sobre las 9:15 p.m.
En esta ocasión, los policías intentaron ayudar a los detenidos, pidieron apoyo a las unidades de emergencia y utilizaron extintores junto con la comunidad para sofocar el fuego. Buitrago fue llevado a un centro médico, pero falleció el 1 de julio a consecuencia de las lesiones.
El Tribunal fundamentó su condena en el incumplimiento de la obligación de custodia y vigilancia por parte de la Policía, afirmando: “Así las cosas, la Sala confirmará la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la declaración de responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por la muerte del señor Jefferson Alejandro Buitrago Mendoza (q. e. p. d.)”, de acuerdo al fallo.
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