Colombia
Tribunal del Meta le dio 48 horas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se pronuncie por presunta trashumancia electoral masiva en el Guaviare

El Tribunal Administrativo del Meta ha proferido un sentido fallo contra lo que se perfila como un presunto fraude a las curules de paz en el departamento de Guaviare.
El fallo de tutela, conocido en las últimas horas, ampara de forma integral los derechos fundamentales de la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda la Y (ASOYERURAL), que hoy ven amenazada su representación política por una presunta operación de trashumancia masiva.
La asociación denuncia incrementos en el censo electoral rural de hasta el 1.540%, en un presunto caso de trasteo de votos.
El caso más alarmante se registra en Agua Bonita (San José), donde el censo pasó de 170 inscritos en 2022 a 2.789 en 2026. Un fenómeno similar ocurre en Tierra Alta (El Retorno), que saltó de 268 a 743 votantes en el mismo período.
Trashumancia electoral. Foto:archivo particular
La sentencia no solo reconoce la vulneración al debido proceso ya la igualdad, sino que lanza un mandato perentorio de 48 horas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que resuelva el complejo entramado de inscripciones irregulares en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 7 (CITREP 7).
Los puntos críticos identificados por la justicia como posibles escenarios de fraude incluyen las sedes Santo Domingo y Rafael Pombo de la IE Agua Bonita, la IE Puerto Arturo, y sectores como San Isidro Uno y Cerritos.
Lea y descargue el fallo
El fallo, además, ordena a la Registraduría Nacional proceder de conformidad con lo que decide el CNE y publicar las decisiones de manera transparente para que el electorado sepa quiénes. Serían dados de baja del censo.
A la Procuraduría General de la Nación le asigna la tarea de verificador oficial. El Ministerio Público deberá vigilar que el CNE y la Registraduría cumplan con la depuración del censo en el Guaviare antes de que se abran las mesas de votación.
“…ha sido la inacción del CNE en el cumplimiento de sus atribuciones al no definir de manera oportuna el procedimiento por él mismo previsto respecto de la inscripción de cédulas, quien ha conducido a la situación que debía resolver esta Sala”, señala el fallo en uno de sus aparte.
La denuncia plantea, entre otros, un presunto traslado masivo de funcionarios de la Gobernación del Guaviare, de la empresa de energía Energuaviare, y de las alcaldías de San José, El Retorno y Calamar hacia puestos de votación rurales para inscripción de cédulas.
Dos días para decidir
Así son las oficinas del CNE Foto:cne
El magistrado ponente, Carlos Enrique Ardila, ha señalado que el CNE tiene un plazo máximo de dos días para proferir una decisión de fondo sobre el proceso administrativo abierto desde octubre de 2025.
La justicia advierte que la proximidad de los comicios del 8 de marzo no puede ser una excusa para la inacción o el silencio administrativo.
Incluso si los términos legales de la Resolución 7671 de 2021 superan la fecha de las elecciones, el Tribunal ordena que el procedimiento debe culminar y publicarse de manera inmediata. Es una orden que busca evitar que posibles votos fraudulentos logren consolidar una curul que, por derecho constitucional, pertenece exclusivamente a las víctimas del conflicto.
la asociacion de mujeres señalan a contratistas y funcionarios de trasladar el censo urbano hacia la zona ruraldesvirtuando la naturaleza de las Curules de Paz, creadas exclusivamente para dar voz a las víctimas del conflicto armado y no a las maquinarias políticas tradicionales.
“Hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rural de manera descarada para inscribir la cédula (…) y así favorecer a un candidato”, reza uno de los apartes de la denuncia ciudadana que hoy es base del fallo judicial.
La batalla por la legitimidad de la CITREP 7
Este litigio, liderado por mujeres rurales, pone el dedo en la llaga sobre la fragilidad de las circunscripciones especiales.
Si el fallo no es impugnado, el el expediente viajará directamente a la Corte Constitucional para su revisión.
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La trashumancia electoral, más conocida como el ‘trasteo de votos’, es un delito penal en Colombia que socava la representatividad.
En el caso de las CITREP, el daño es doble: no solo se defrauda el sistema electoral, sino que se revictimiza a quienes esperaron décadas para tener un espacio propio en el Congreso.
En las calles de San José del Guaviare y El Retorno la carrera es contra el tiempo para limpiar unas elecciones que a horas de la jornada democrática caminan bajo la sombra de la sospecha.
Además, te invitamos a
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Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:







