Trump firma órdenes para poner fin a la fianza sin efectivo en EE.UU.

Bloomberg — El presidente Donald Trump firmó el lunes un par de órdenes ejecutivas destinadas a poner fin a la fianza sin efectivo en Washington y presionar a otras ciudades para que también eliminen esa práctica, el último esfuerzo de la Casa Blanca para revisar el sistema de justicia penal del país.

La orden relacionada con la capital de la nación encargará a las agencias policiales la tarea de garantizar que las personas arrestadas en el Distrito de Columbia permanezcan bajo custodia federal en la máxima medida permitida por la ley aplicable, según la Casa Blanca.

La segunda orden pretende poner fin a la fianza sin efectivo en todo el país, ordenando al Departamento de Justicia que elabore una lista de las jurisdicciones que mantienen esa política, y esos lugares se enfrentan a la posibilidad de que se les retire la financiación federal.

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Algunas ciudades, entre ellas Washington, han reducido el uso de la fianza en efectivo ante la preocupación de que los delincuentes acusados estuvieran detenidos en la cárcel simplemente porque no podían pagar la fianza, en lugar de porque supusieran un riesgo para la seguridad pública.

Mientras que los detractores de la fianza en metálico afirman que perjudica de forma desproporcionada a las personas con bajos ingresos y provoca que los arrestados no puedan volver a sus trabajos o a sus obligaciones familiares, los defensores afirman que el sistema mantiene a los delincuentes fuera de la calle.

“Pensaron que era discriminatorio obligar a la gente a poner dinero porque acababan de matar a tres personas tiradas en una calle, en cualquier calle de todo el país, la fianza sin efectivo… vamos a acabar con ella”, dijo Trump. “Pero estamos empezando por acabar con ella en DC, y eso tenemos derecho a hacerlo mediante la federalización”.

Trump ha tratado de tomar medidas enérgicas contra lo que ha retratado como una delincuencia fuera de control, con Washington en el epicentro de sus esfuerzos. El presidente ha tomado el control de la fuerza policial de la ciudad y ha desplegado unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para patrullar la capital de la nación, a pesar de que los datos muestran que los crímenes violentos allí alcanzaron el año pasado su nivel más bajo en 30 años.

Pero Trump ha apuntado a otras jurisdicciones lideradas por demócratas, amenazando con una intervención federal en ciudades como Chicago y San Francisco y criticando a los líderes políticos del partido de la oposición. Trump reiteró esas críticas el lunes, señalando al gobernador de Illinois, JB Pritzker, y al gobernador de California, Gavin Newsom.

Creo que los demócratas deberían ser más astutos. Y, bueno, políticamente, espero que no, pero en realidad, en términos de amor por el país, espero que sí, porque será bueno trabajar juntos, dijo Trump.

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A principios de este mes, Trump pidió al Congreso que pusiera fin al sistema de fianzas sin efectivo de Washington. Washington eliminó principalmente la fianza en efectivo en la década de 1990, convirtiéndose en una de las primeras ciudades de EE.UU. en alejarse de la práctica por preocupaciones de derechos civiles.

Trump también firmó el lunes una orden ejecutiva que encarga al Departamento de Justicia la revisión de los casos de quema de banderas para ver si se pueden presentar cargos que no sean específicos de la quema de banderas en sí, como las leyes de alteración del orden público o conducta desordenada.

Trump ha buscado durante mucho tiempo imponer sanciones por la quema de banderas, proponiendo castigos que incluyen una sentencia de prisión o la pérdida de la ciudadanía después de ganar su primera elección presidencial.

La Constitución de los Estados Unidos protege ampliamente la libertad de expresión y la protesta pacífica, y los tribunales han sostenido durante mucho tiempo que la expresión política es una de las formas de expresión más sagradas. En 1989, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó, por 5 votos a 4, que quemar una bandera es en sí misma una forma de expresión política protegida por la Primera Enmienda y no puede ser ilegalizada.

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