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Trump ha ordenado desplegar tropas en Portland. Es solo la punta del iceberg de lo que pasa con las FFAA de EEUU
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha convocado a cientos de altos mandos de las Fuerzas Armadas a una reunión en una base del Cuerpo de Marines en Virginia esta semana. El llamado, efectuado con poca antelación y filtrado por The Washington Post, busca inculcar a los oficiales la “ética del guerrero” y plantear una “nueva visión” para los militares estadounidenses.
La inusual convocatoria ha de ser entendida en el contexto de los numerosos cambios efectuados estos últimos nueve meses en el ámbito castrense, que suelen interpretarse de dos maneras: por un lado, están quienes defienden la idea de aligerar, espolear y otorgar más margen de maniobra a las FF. AA. para potenciar su eficacia. Por otro, los críticos alertan de que estos ajustes debilitan la rendición de cuentas y politizan el uso de la fuerza militar al servicio del presidente de EEUU.
Este sábado, por ejemplo, Donald Trump ha autorizado el “uso completo de la fuerza” del Ejército en la ciudad de Portland: tercer enclave demócrata que verá soldados en sus calles efectuando tareas normalmente reservadas a la policía. Trump ha dicho que Portland es un lugar “devastado por la guerra”. Su argumento es que los agentes de ICE, la policía federal que detiene y deporta a los inmigrantes sin papeles, están siendo víctimas de los ataques de “terroristas domésticos”.
Antes de examinar la lógica del uso de soldados en suelo americano, hay que recordar cuáles son los cambios que se han aplicado en las Fuerzas Armadas estos nueve meses. Y, sobre todo, cuáles pueden ser sus intenciones.
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Argemino Barro. Nueva York
Poco después de jurar su cargo el pasado enero, el presidente Trump despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown Jr., que apenas llevaba un año largo en un puesto cuyo mandato, de seis años, se suele cumplir entero. Cambie o no el inquilino de la Casa Blanca.
La decisión de Trump de reemplazar a Brown por el teniente general Dan Caine tampoco fue convencional. Caine es el primer militar de la historia de EEUU que ocupa el máximo cargo sin haber ostentado el rango de almirante o de general de cuatro estrellas, razón por la cual tuvo que recibir una exención. Según Trump, Caine le había dicho, en 2018: “Mataría por usted, señor”, al tiempo que se calaba una gorra de Make America Great Again. Caine desmintió la historia en el Senado.
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Enrique Andrés Pretel
En los últimos meses, el Gobierno ha relevado o reemplazado a 16 altos cargos militares. Una maniobra que tampoco tiene precedentes. En mayo, el secretario Hegseth ordenó reducir un 20% el número de generales de cuatro estrellas y un 10% el resto de generales y altos mandos, como medida para combatir la “inflación de rango” (un problema que ya intentaron abordar los antecesores de Hegseth), “optimizar” la estructura y eliminar “capas burocráticas innecesarias”.
Además, Hegseth ha despedido a los jueces abogados generales (JAG, por sus siglas) del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Los JAG son los expertos legales que supervisan el cumplimiento de la ley y de las normas por parte de las FF. AA. Cuando un militar es sometido a un consejo de guerra, los JAG son los fiscales.
El Pentágono también ha suspendido todos los programas de diversidad e inclusión (“el 99,9%”, según Pete Hegseth) y borrado las imágenes, vídeos, artículos y referencias, en sus páginas web y en sus redes sociales, a todo lo que suene a izquierdismo o celebración de las minorías. El consejo que, desde hace décadas, se encarga de atender a las necesidades de las mujeres militares, referentes a su salud o a la prevención de abusos, ha sido desmantelado. Las reacciones al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, cercano a Trump, también han servido de palanca para lanzar otra campaña de despidos en la jerarquía militar.
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El secretario Hegseth dice que el objetivo del Pentágono, al deshacerse de todas estas iniciativas y al prohibir a las personas transgénero servir de uniforme, es reorganizar las Fuerzas Armadas en torno a las ideas de “letalidad, meritocracia, rendición de cuentas, estándares y preparación”.
Esto respecto a los cambios en las estructuras militares. Luego están los cambios en el rol que desempeñan las Fuerzas Armadas, y que podemos examinar a la luz de los crecientes despliegues militares en suelo americano.
Una de las predicciones más fáciles de hacer de cara a esta segunda Administración Trump era que, en algún momento, veríamos soldados armados en las calles de Estados Unidos. Trump ya los quiso desplegar en la primavera de 2020, durante las protestas provocadas por el asesinato de George Floyd; The Washington Post publicó que los decretos necesarios, justificados con la Ley de Insurrección, habían sido preparados por el entorno de Trump mucho antes de su retorno a la presidencia, y el Brennan Center for Justice ya advertía en febrero de 2024 que esta era una clara posibilidad y que había que establecer salvaguardas.
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Agencias
La presencia de 4.700 soldados patrullando los vecindarios del sur de Los Ángeles (ahora reducidos a 250) o de 2.200 copando el centro de Washington, por tanto, estaban en la baraja desde el principio. Y es necesario contrastar la justificación ofrecida por el Gobierno con el contexto de cada uno de estos lugares.
En el caso de Los Ángeles, llamó la atención la rapidez del despliegue y la fragilidad de la excusa para llevarlo a cabo, tal y como denunciaría el juez federal Charles Breyer. La secuencia, a grandes rasgos, fue la siguiente: la Casa Blanca (por boca de su figura más radical: Stephen Miller) ordenó a la policía migratoria, ICE, lanzar redadas al azar en los barrios angelinos de Compton y Paramount, donde siete de cada diez vecinos son latinos. Cientos de personas acudieron a protestar ante el centro de detención. En cuanto se registraron altercados, que la policía de Los Ángeles dijo estar en posición de resolver, Washington ordenó la federalización y el uso de la Guardia Nacional, pese a las protestas del gobernador de California.
Como argumentó recientemente el juez Breyer en su dictamen de 52 páginas, esta forma de operar es “ilegal”. El Pentágono “usó sistemáticamente soldados armados“, en concreto guardias nacionales y marines, para emprender tareas policiales, lo que violaría la Ley de Posse Comitatus de 1878. El presidente de EEUU parece estar “creando una fuerza de policía nacional” con él de jefe.
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Respecto al contexto del despliegue en Washington, Trump se aferró a las cifras de crimen de la capital para justificar la toma de control federal de la policía metropolitana, así como el uso de otras agencias de seguridad y el envío, una vez más, de soldados. A diferencia de Los Ángeles o de cualquier otra ciudad, Washington no está en un Estado y por tanto su gestión está muy vinculada al Gobierno. Es un “blanco fácil”, y la operación suscita muchas preguntas.
Si de verdad son tan terribles las cifras de criminalidad en Washington, ¿por qué presumió Donald Trump, a principios de mayo, de que el crimen había bajado un 25% en la capital? Porque eso es lo que reflejan las últimas cifras: que, después del repunte registrado tras la pandemia, la cantidad per cápita de homicidios, asaltos a mano armada, robos de coches y demás, ha descendido. Según la Fiscalía de Washington DC, los crímenes violentos están en mínimos de los últimos 30 años.
Si a la Casa Blanca le preocupa tanto la seguridad de los washingtonianos, ¿por qué recortó un 44% la partida del “fondo de seguridad urbana”, del Departamento de Seguridad Nacional, destinada a la capital? Si la respuesta al crimen es tan prioritaria, ¿por qué no se han puesto en marcha operativos similares en ciudades con mayor criminalidad, como Kansas City, Nueva Orleans, Memphis o San Luis?
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Argemino Barro. Nueva York
Luego está la cuestión, resaltada por expertos en el mantenimiento del orden público, de si tiene sentido utilizar a soldados para combatir el crimen. Para empezar, estos no están desplegados en las zonas donde se concentran los delitos, sino cerca de los monumentos, en lugares turísticos: a la vista de los iPhones y de las cámaras de televisión. Y si se concentraran en los barrios problemáticos, ¿qué sabe un soldado de la Guardia Nacional de cómo lidiar con la delincuencia común?
En el primer mes del despliegue, los delitos violentos han descendido un 10%. Lo cual desmiente las repetidas declaraciones de Trump de que “Washington DC es totalmente seguro”, o “no informáis de crímenes porque no se produce ninguno”.
A la vista de estas contradicciones, hay una serie de explicaciones alternativas. La primera es que Trump quiere cumplir su prometida deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Algo que, forzosamente, tiene que venir acompañado por operaciones represivas. Simplemente, hay muchos inmigrantes sin papeles en Estados Unidos, puede que hasta 15 millones, y es improbable que regresen de forma voluntaria a los países de los que, pese a los riesgos, decidieron marcharse.
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Argemino Barro. Nueva York
Este aumento de las operaciones ha implicado triplicar el presupuesto y el personal de ICE, desechar las laboriosas investigaciones que requiere identificar a los inmigrantes sin papeles que cometen delitos y lanzarse a por todos: a por los vendedores de helados, a por los transportistas, a por las abuelas y a por los jardineros, aunque hayan criado a tres marines estadounidenses. Esto requiere establecer puestos de control en las carreteras y parar a los conductores que tengan aspecto latino; requiere dividir familias, improvisar centros de detención en sótanos, construir prisiones en lugares remotos y complicar la supervisión judicial de los casos.
Y esto requiere, también, ir a por las llamadas “ciudades santuario“, donde un inmigrante irregular puede hacer su vida de manera razonablemente segura porque las autoridades, en principio, no le van a exigir los papeles. Como sucede, efectivamente, en Los Ángeles, Chicago, Nueva York o Boston, ciudades demócratas y grandes, con una insaciable demanda de mano de obra. La tesitura de tener a encapuchados metiendo a gente en furgonetas sin matrícula en estos bastiones progresistas puede haber hecho que Trump se refuerce con soldados.
La segunda explicación de por qué la Casa Blanca está recurriendo a despliegues militares está relacionada con la primera, y es quizás más importante: si hay un patrón que define todo lo que está haciendo Donald Trump, desde los aranceles a más de un centenar de países a las presiones a las universidades y despachos de abogados, los procesos judiciales a adversarios políticos y cargos federales independientes, es que Trump quiere todo el poder. Un poder imperial. Y colocar en las calles, a la vista de los transeúntes, soldados con metralletas y chalecos antibalas a bordo de vehículos pesados, es una forma de comunicar al país que va en serio. Especialmente a quienes puedan estar pensando en protestar.
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Daniel Iriarte
Al hilo de los despliegues, el Pentágono está “sopesando planes” para crear una “Fuerza de Reacción Rápida a Perturbaciones Civiles Domésticas“, según informó The Washington Post. Lo que implicaría que la Casa Blanca tendría a su disposición una fuerza armada, probablemente compuesta de guardias nacionales cedidos por Estados republicanos, para reprimir protestas en cualquier parte del país.
Quizás el discurso de Pete Hegseth a los centenares de altos mandos, esta semana, arroje un poco más de luz sobre los planes del Pentágono. Que, de todas formas, son cada vez menos nebulosos.
