CNN Español
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Son dos personajes estadounidenses. Uno es de ficción; el otro, de la realidad. Uno es inmigrante, el otro nació en Queens. Ambos son conocidos a nivel mundial, pero por razones distintas. Clark Kent es inmigrante y llegó a Kansas en 1938, Donald nació en 1946 en una familia adinerada de Nueva York.
Aunque le sorprenda, Clark Kent, del planeta Kriptón, mejor conocido como Superman, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tienen algo en común, su poder no es ilimitado.
Superman es invencible en la tierra, pero la kriptonita, restos de su planeta de nacimiento, lo vuelven mortal. Trump, quien suele ponerse el traje de omnipotente y promete usarlo nuevamente hoy en su discurso sobre el Estado de la Unión, se debilita antes su propia kriptonita, la Constitución de Estados Unidos.
Trump 47, el numeral de su segundo mandato, encontró en su interpretación de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés) una herramienta para imponer su voluntad a nivel nacional e internacional con aranceles que ordenaba contra quien quisiera y por el porcentaje que le provocara.
El 2 de abril de 2025 anunció su llamado “Día de la Liberación”. Fueron aranceles para todos, hasta para los pingüinos de las Isla Heard y las islas Macdonald, territorios australianos deshabitados en el océano indico, gravados con un 10%, aunque allí no hay actividad comercial desde 1877.
La teoría arancelaria de Trump desafía la ortodoxia económica. En su visión del mundo, Estados Unidos llegó a ser la principal potencia del mundo a pesar de que el resto del planeta se ha aprovechado de los mandatarios que le antecedieron. Así explica el déficit comercial, Estados Unidos importa más de lo que exporta, que en 2025 fue de 901 mil millones de dólares, según la Oficina de Análisis Económico del gobierno.
El jueves 19 Trump celebró en su red social y en mayúsculas el impacto de sus aranceles: “EL DÉFICIT COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS SE REDUJO EN UN 78% DEBIDO A LOS ARANCELES QUE SE APLICAN A OTRAS EMPRESAS Y PAÍSES”. Sin embargo, la misma Oficina de Análisis Económico, una agencia oficial, reveló ese día que la reducción en el déficit de bienes y servicios en 2025 fue del 0,2%, no del 78%, y que el déficit comercial, objeto de su estrategia, aumentó un 2,4% con respecto a 2024.
China, por el contrario, blanco de los aranceles más agresivos, que llegaron a ser de un 145%, vio su superávit comercial – es decir, exportó más de lo que importó – superar los 1,2 trillones de dólares. El castigo no surtió efecto
La mayor exposición de Trump a la kriptonita constitucional llegó el viernes. Ese día la Corte Suprema, que tiene la última palabra en temas judiciales, la misma que en julio de 2024 falló a su favor por 6-3 para determinar que, como expresidente, gozaba de inmunidad limitada sobre las decisiones que tomó como mandatario, algo extensivo a todos los expresidentes, le dijo que su poder no es absoluto.
En ambos fallos el autor fue el John Roberts, presidente de la Corte y cabeza una de las tres ramas del poder, la judicial. Trump está al frente del ejecutivo y Mike Johnson de la legislativa; no son subalternos el uno del otro, pero la Judicial puede revertir decisiones de los otros dos.
El razonamiento de la mayoría no sorprende por una razón sencilla, no hay que ser abogado para leer la ley IEEPA de 1977 y ver que no menciona la palabra “arancel”. El juez Roberts, luego de un repaso histórico, resume la decisión así: “No reclamamos competencia especial en asuntos económicos o de relaciones exteriores. Reclamamos solo, como debemos, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. Cumpliendo con ese papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al Presidente a imponer aranceles.”
El magistrado Neil Gorsuch, postulado por Trump en 2017, explicó sus razones para votar con la mayoría: “La Constitución deposita los poderes legislativos de la Nación únicamente en el Congreso y la doctrina de las cuestiones importantes (precedente del Supremo que establece que el Congreso no puede ceder sus funciones al Ejecutivo en temas de importancia económica) protege esa asignación frente a la intromisión del ejecutivo. Según los términos de la doctrina, el Presidente debe identificar una autoridad legal clara para el poder extraordinario delegado que reclama. Y, como explica la opinión principal, ese es un estándar que no cumple. Es decir, no es no.
Ese viernes Trump arreció contra los integrantes de la Corte Suprema que fallaron en su contra, los calificó de desleales y antipatrióticos y alabó a los tres que se opusieron como sus “héroes”.
El lunes seguía al ataque desde su red social, en términos similares a los que usaría un rival de Superman. Dijo que la Corte, que solo merece que se refiera a ella en minúsculas, de manera “accidental y sin proponérselo, me dio muchos más poderes y fuerza que antes de su ridículo, tonto y muy divisivo fallo internacional. Por un lado, puedo usar licencias para hacer cosas absolutamente ‘terribles’ a países extranjeros, especialmente a aquellos que nos han estado ESTAFANDO durante muchas décadas…”
Del anuncio inicial de imponer aranceles universales del 10%, amparado en la ley que sí le permite hacerlo, la ley Comercial de 1974, pasó al 15%, el máximo que le permite la medida. Tienen un límite, están en vigor por solo 150 días y después de esos 5 meses tendrá que recibir aprobación del Congreso para extenderlos.
La administración Trump explora además otros mecanismos, pero el cambio es inmediato. El café de Brasil, por ejemplo, pasó de un arancel del 40% a uno del 15% y así con los productos sancionados por el mandatario, que urde su plan para no perder el poder ilimitado que creía tener y que el Congreso, controlado por su partido, no osa disputarle.
En el mismo mensaje de redes dejó planteada su siguiente pelea con la Corte. El presidente se adelantó y dijo que, de seguro, la Corte fallará en contra de su intención de anular por decreto la ciudadanía por nacimiento consagrada por la Constitución y respaldada por fallos del mismo tribunal. Trump argumenta que esa protección solo cubría a los hijos de esclavos tras la guerra civil, en el siglo 19.
El Tribunal debe primero escuchar los argumentos de los demandantes y el gobierno, la decisión se conocería a mediados de este año. Serán meses muy movidos, como es lo habitual, en la presidencia de Trump.
