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Trump se postuló con una promesa de venganza. La está cumpliendo – Chicago Tribune
Por NICHOLAS RICCARDI
Donald Trump se postuló con la promesa de usar los poderes del gobierno para vengarse de aquellos que, según él, le hicieron daño. Ahora parece estar cumpliendo esa promesa de campaña, mientras amenaza con expandir sus poderes mucho más allá de Washington.
El viernes, el FBI registró la casa de John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, que posteriormente se convirtió en su crítico y llamó a la administración “la presidencia de la venganza” la semana pasada en una entrevista.
El equipo del mandatario ha abierto investigaciones sobre la demócrata Letitia James, la fiscal general de Nueva York que demandó a la empresa de Trump por presunto fraude al falsificar registros, y el senador demócrata de California Adam Schiff, quien, como congresista, encabezó el primer juicio político contra el presidente. La administración republicana ha acusado a la representante demócrata de Nueva Jersey, LaMonica McIver, por sus acciones en una protesta de inmigración en Newark, Nueva Jersey, después de arrestar al alcalde Ras Baraka, también demócrata. Asimismo, está bajo investigación el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, candidato a alcalde de la ciudad de Nueva York.
Trump ha ordenado a los fiscales que investiguen a otros dos miembros de su primera administración: Miles Taylor, quien escribió un libro donde advertía sobre lo que, en su opinión, eran las tendencias autoritarias de Trump, y Chris Krebs, quien se ganó la ira del presidente por asegurar a los votantes que las elecciones de 2020, que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden, fueron seguras.
Las acciones parecen ser la represalia que Trump dijo que buscaría tras ser acusado de cuatro conjuntos separados de cargos penales durante los cuatro años que estuvo fuera del cargo. Entre ellos se incluye una acusación por su esfuerzo para anular las elecciones de 2020, la cual fue eliminada por la Corte Suprema de Estados Unidos, que dijo que los presidentes tienen amplia inmunidad frente a enjuiciamientos por actos oficiales mientras están en el cargo.
“Joe Biden convirtió su administración en un arma para atacar a sus oponentes políticos, más célebremente, al presidente Trump”, dijo el sábado Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca. Trump, dijo ella, “está restaurando la ley y el orden”.
Además de cumplir sus promesas de venganza, el presidente ha desplegado al ejército en varias ciudades estadounidenses para combatir el crimen o colaborar en los arrestos de inmigración. Ha enviado miles de tropas de la Guardia Nacional y agentes de las fuerzas federales del orden para patrullar las calles en la capital de la nación, después de activar a la Guardia y a los Marines en Los Ángeles a principios de este año.
En conjunto, las acciones han alarmado a los demócratas y a otras personas, que temen que Trump esté utilizando la autoridad de su cargo para intimidar a sus oponentes políticos y consolidar el poder de una manera sin precedentes en la historia estadounidense.
“Se combina la amenaza de enjuiciamiento con tropas armadas en las calles”, dijo Brendan Nyhan, politólogo del Dartmouth College. “La imagen es bastante clara para cualquiera que haya leído un libro de historia sobre el tipo de administración con el que estamos tratando”.
Las investigaciones electorales pasadas son uno de los objetivos de Trump
Trump comenzó su segundo mandato indultando a más de 1.500 personas condenadas por delitos durante el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Mientras tanto, su Departamento de Justicia ha despedido a algunos fiscales federales que habían impulsado esos casos. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, ordenó a un jurado investigador que indague sobre los orígenes de la pesquisa sobre los vínculos con Rusia de su campaña de 2016, y el mandatario ha pedido a su departamento que investigue al expresidente demócrata Barack Obama.
La agencia de vigilancia del gobierno inició una indagación sobre Jack Smith, el fiscal especial que investigó los esfuerzos de Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020 y los documentos clasificados almacenados en su propiedad de Florida. Esos casos fueron algunos de los que persiguieron a Trump en el periodo entre sus dos mandatos presidenciales, e incluyen el caso de fraude en Nueva York y los cargos por interferencia electoral en Georgia presentados por el fiscal demócrata del condado de Fulton.
Todas esas investigaciones lo llevaron a afirmar que los demócratas convirtieron al gobierno en un arma en su contra.
“Me asombra la cantidad de personas a las que el gobierno de Trump ha perseguido, todas identificadas por el hecho de que lo investigaron o lo criticaron de una forma u otra”, dijo Stephen Saltzburg, un exfuncionario del Departamento de Justicia y actual profesor de derecho de la Universidad George Washington.
El viernes, Trump utilizó los poderes gubernamentales de otras maneras para impulsar sus objetivos.
El mandatario ha intentado sin éxito tomar el control de la Reserva Federal, que es un organismo independiente. Después de que su directora de vivienda alegara que una de las gobernadoras del banco central había cometido fraude hipotecario, Trump exigió que renunciara o fuera despedida. También anunció que Chicago podría ser la próxima ciudad sujeta a despliegues militares.
Trump se ve a sí mismo como el “jefe de las fuerzas del orden”
En una entrevista televisiva, el vicepresidente JD Vance negó que Bolton estuviera siendo investigado debido a sus críticas a Trump.
“Si no hay delito, no lo vamos a procesar”, dijo Vance a “Meet the Press” de NBC el viernes.
Trump pidió a su personal que no le informe sobre el registro a Bolton con anticipación, pero enfatizó que tiene autoridad sobre todos los enjuiciamientos.
“Podría saberlo. Podría ser yo quien lo inicie”, dijo el presidente a los periodistas. “De hecho, soy el jefe de las fuerzas del orden”.
Bolton ocupa un lugar especial en las filas de los críticos de Trump. El veterano halcón de política exterior del Partido Republicano escribió un libro publicado en 2020, después de que Trump lo despidiera el año anterior. La primera administración del republicano demandó para bloquear la publicación del libro y abrió una indagación de un jurado investigador, ambas detenidas por el gobierno de Biden.
Bolton apareció en una lista de 60 exfuncionarios elaborada por el ahora director del FBI, Kash Patel, que él describió como un recuento del “Estado Profundo del Poder Ejecutivo”. Los críticos advirtieron que era una “lista de enemigos”. Cuando Trump regresó al cargo en enero, su administración retiró el equipo de seguridad que se le había asignado a Bolton, quien enfrentaba amenazas de asesinato por parte de Irán.
El FBI ahora investiga al exfuncionario por el posible manejo indebido de información clasificada, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para hablar públicamente de la investigación. En contraste, Trump condenó el registro del FBI en su propia finca de Mar-a-Lago en 2022.
La revancha abarca desde jueces hasta el ejército
Trump también ha tomado represalias contra instituciones que lo han desafiado.
El presidente emitió órdenes donde prohíbe que varios bufetes de abogados involucrados en litigios en contra suya o de sus aliados, o que contrataron a sus oponentes, hagan negocios con el gobierno federal. También cerró acuerdos con varios otros bufetes para realizar trabajo legal gratuito en lugar de enfrentar sanciones. Ha advertido a varias universidades que recortará su financiamiento si no siguen las directivas de su administración.
Su gobierno presentó una queja de mala conducta judicial contra un juez que dictaminó que los funcionarios de Trump probablemente cometieron desacato criminal al ignorar su directiva de traer de vuelta a aviones que transportaban personas enviadas a una famosa prisión de El Salvador.
Las acciones forman parte de distintos pasos que parecen intensificarse. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha despedido a varios líderes militares percibidos como críticos del presidente o no lo suficientemente leales, y a principios de esta semana la administración revocó las autorizaciones de seguridad de unas tres docenas de funcionarios de seguridad nacional actuales y anteriores.
“Es lo que prometió”, dijo Justin Levitt, exfuncionario del Departamento de Justicia y miembro del personal de la Casa Blanca de Biden, que actualmente es profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount. “Es lo que hacen los matones cuando nadie les dice ‘No’”.
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El periodista de The Associated Press Eric Tucker en Washington contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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