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Hace unas semanas, funcionarios electorales republicanos en Colorado comenzaron a recibir llamadas y mensajes de texto no solicitados de un consultor del Partido Republicano que aseguraba trabajar con la administración Trump en “integridad electoral”.
En un mensaje a uno de los funcionarios, el consultor, Jeff Small, indicó que actuaba por solicitud de Stephen Miller, el subsecretario general de la Casa Blanca. En una llamada telefónica con otro asistente, Small dijo que estaba coordinando con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia la “implementación” de un decreto sobre elecciones firmado por el presidente Donald Trump, recordó Justin Grantham, principal responsable electoral del condado de Fremont.
Grantham y Carly Koppes, quien supervisa las elecciones en el condado de Weld, en el norte de Colorado, dijeron a CNN que Small hizo una petición específica: ¿permitirían que un tercero tuviera acceso a su equipo electoral?
Ambos se negaron.
“No solo es un rotundo no, es decir, ni siquiera vas a respirar cerca de mi equipo”, dijo Koppes.
El acercamiento a los funcionarios de Colorado es solo una de varias recientes acciones federales lanzadas por la administración Trump y grupos afines al presidente.
Aunque la Casa Blanca se ha distanciado de Small, Trump y sus aliados están recolectando grandes cantidades de datos de votantes y buscan cambiar las reglas de juego para las legislativas del próximo año, a menudo invocando la autoridad del Gobierno federal.
Las legislativas del próximo año representan mucho en juego para Trump y su oposición. Los demócratas solo necesitan ganar tres escaños en la Cámara de Representantes de EE.UU. en 2026 para arrebatar el control a los republicanos. Una Cámara controlada por los demócratas podría bloquear la agenda legislativa de Trump e iniciar investigaciones contra el presidente en la segunda mitad de su segundo mandato.
Samantha Tarazi, CEO de la organización sin fines de lucro Voting Rights Lab, que ha seguido de cerca los acontecimientos estatales, dijo que cree que Trump se está preparando “para usar el poder de su cargo e interferir en las elecciones de 2026”.
“Lo que empezó como un decreto inconstitucional —directrices para la acción estatal sin importar lo que decidan los tribunales— se ha convertido en toda una movilización federal para tomar el control de nuestras elecciones”, señaló.
El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo que Trump “lucha por la integridad electoral” y que seguirá haciéndolo “a pesar de las objeciones demócratas, que dejan en evidencia su desprecio por salvaguardias de sentido común como verificar la ciudadanía”.
“Las elecciones libres y justas son la base de nuestra República Constitucional, y confiamos en lograr a la postre una victoria en los tribunales”, señaló en un correo electrónico.
Restringir quién puede acceder a las máquinas de votación y al software electoral sensible ha cobrado más importancia para los responsables electorales en los últimos años, luego de vulneraciones en sistemas de votación en estados como Colorado y Georgia. Aliados de Trump intentaron acceder a las máquinas para encontrar evidencias que respaldaran la versión del presidente de que el fraude generalizado empañó las elecciones de 2020.
No obstante, veedores electorales y algunos funcionarios electorales demócratas aseguran que la actividad de Trump y grupos afines desde su regreso a la Casa Blanca ha generado temores de un esfuerzo más amplio por rediseñar las elecciones.
Las acciones recientes de la administración y sus aliados incluyen:
-Trump firmó un decreto en marzo que buscaba obligar a los estados a exigir prueba de ciudadanía para registrarse como votante y tomar “medidas de cumplimiento” contra aquellos estados que acepten votos por correo después del día de las elecciones. Jueces federales han bloqueado partes del decreto, señalando que la potestad para regular las elecciones recae en los estados y el Congreso, no en el presidente.
-El Departamento de Justicia ha solicitado en las últimas semanas a más de una decena de estados que proporcionen listas de votantes, expliquen sus procedimientos para eliminar posibles votantes no elegibles de sus registros o discutan la posibilidad de celebrar acuerdos de intercambio de información para ayudar a la agencia a erradicar el fraude electoral. Las solicitudes van desde pedir copias de los registros de votantes en estados clave, como Michigan, hasta una petición más amplia en Colorado para entregar documentos electorales que datan desde 2020.
-Los republicanos en Texas están llevando a cabo un inusual rediseño de distritos a mitad de década, tras las exhortaciones de Trump. Un mapa difundido el miércoles por legisladores republicanos que controlan la legislatura estatal busca arrebatar cinco escaños adicionales a los demócratas, lo que daría ventaja al Partido Republicano en 30 de los 38 distritos congresionales del estado.
-La Cámara de Representantes, bajo control republicano, aprobó en abril el proyecto de ley SAVE, que emula partes del decreto de Trump que exige prueba de ciudadanía para registrarse como votante. La propuesta también convertiría en delito que un funcionario electoral inscriba por error a alguien que no ha presentado prueba de ciudadanía. Los críticos señalan que ya es ilegal que los no ciudadanos voten en elecciones federales y advierten que exigir prueba de ciudadanía podría privar de sus derechos a votantes elegibles que carecen de los documentos necesarios o que han cambiado de nombre por matrimonio.
Para justificar la redistribución de distritos en su estado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, citó una carta de Harmeet Dhillon, jefa de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, que cuestionaba la legalidad de cuatro distritos congresionales existentes.
Dhillon señaló en un comunicado: “Registros electorales depurados y salvaguardias electorales básicas son requisitos para unas elecciones libres, justas y transparentes”.
Añadió que la agencia “tiene un mandato legal de hacer cumplir nuestras leyes federales sobre derechos electorales, y garantizar la confianza del electorado en la integridad de nuestras elecciones es una de las máximas prioridades de esta administración”.
Trump ha sido directo sobre sus objetivos partidistas en Texas y ha sugerido que otros estados controlados por los republicanos deberían impulsar sus propios procesos de redistribución de distritos, una medida que amenaza con desatar una guerra total de redistribución este año con los demócratas en California y otros estados gobernados por ese partido.
Las acciones recientes del Gobierno han inquietado a algunos funcionarios electorales, quienes han soportado años de amenazas y acoso tras las elecciones de 2020 y las teorías conspirativas sobre fraude electoral que se propagaron después.
Los funcionarios electorales “están pisando arenas movedizas”, dijo David Becker, CEO y fundador del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, una organización no partidista, y exabogado de derechos electorales del Departamento de Justicia.
“No saben qué significa el decreto, si es que significa algo”, añadió. “No saben si serán investigados solo por cumplir con su trabajo. No saben si el inmenso poder del Gobierno federal se va a utilizar en su contra. No saben si el Departamento de Justicia les va a demandar”.
Así lo confirma una reciente encuesta a 858 funcionarios electorales locales realizada por el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, de tendencia liberal. Más de la mitad de los funcionarios locales —el 59 %— dijeron estar preocupados porque los líderes políticos intervengan en la forma en que ellos desempeñan su labor. Y el 46 % manifestó inquietud ante investigaciones motivadas políticamente tanto sobre su propio trabajo como el de otros funcionarios electorales.
A principios de julio, como infomó previamente The Washington Post y medios de comunicación en Colorado, funcionarios republicanos encargados de las elecciones comenzaron a recibir llamadas y mensajes de texto de Small.
Small, quien ha trabajado para la congresista republicana de Colorado Lauren Boebert y para el Departamento del Interior de EE.UU. durante el primer mandato de Trump, ahora es directivo de una firma de asuntos públicos en Denver.
Funcionarios de condado entrevistados por CNN dijeron que Small les explicó que se estaba comunicando específicamente con funcionarios republicanos en estados demócratas en un intento por impulsar el decreto de Trump.
Grantham, el encargado de las elecciones en el condado de Fremont, dijo que el hecho de que Small se acercara solo a funcionarios republicanos fue una de las primeras señales de alarma durante su conversación. También dijo que otra preocupación surgió cuando Small mencionó la posibilidad de acceder al equipo electoral del condado.
“Mi respuesta fue: ‘No creía que el presidente tuviera la autoridad en la Constitución para emitir decretos que afectaran las elecciones y que, hasta que la Corte Suprema dictaminara que sí, no dejaría que nadie accediera a mi equipo de votación’”.
CNN contactó a Small, y su abogada, Suzanne Taheri, respondió a la consulta de CNN. En un mensaje de texto, Taheri aseguró que el acercamiento de Small “apoyó los esfuerzos de aliados en la administración para animar a los funcionarios a participar en el decreto sobre seguridad electoral del presidente Trump”.
Añadió que realizó esta actividad “de manera voluntaria, en su tiempo libre, durante su licencia de paternidad”. Ni Small ni Taheri respondieron a preguntas sobre quién exactamente en la administración le pidió que contactara a los funcionarios electorales.
La Casa Blanca se deslindó de las acciones de Small en un comunicado.
“Jeff Small no habla en nombre de la Casa Blanca ni fue autorizado para realizar asuntos oficiales en nombre de la Casa Blanca”, dijo un portavoz de la Casa Blanca en un correo electrónico a CNN.
Miller no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.
En Colorado, los funcionarios electorales aseguran que existe una sensibilidad especial sobre quién puede acceder al equipo electoral, luego del sonado enjuiciamiento de la exencargada de elecciones del condado de Mesa, Tina Peters. Ella se convirtió en una celebridad entre los activistas pro-Trump que han promovido afirmaciones falsas de que las máquinas de votación fueron manipuladas para cambiar votos de Trump al entonces candidato Joe Biden en las elecciones de 2020.
Muchas leyes estatales establecen estrictos estándares de seguridad para las máquinas de votación a fin de evitar la manipulación de las elecciones. Colorado prohíbe expresamente que terceras personas accedan al equipo electoral.
El año pasado, un juez sentenció a Peters a nueve años de prisión tras ser condenada por cargos estatales debido a su participación en una violación del sistema electoral de su condado, como parte de una fallida búsqueda de fraude.
Sin embargo, Trump y su administración han hecho suya la causa de Peters.
A principios de este año, el Departamento de Justicia dijo que estaba revisando el caso de Peters como parte de un amplio mandato de Trump para contrarrestar juicios que, según afirmó, buscaban “infligir daño político más que buscar justicia real”.
Además, en una publicación en redes sociales en mayo, el presidente intervino personalmente, calificando a Peters de “prisionera política inocente” y ordenando al Departamento de Justicia “tomar todas las medidas necesarias para asegurar” su liberación.
La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, dijo a CNN que su oficina ha entregado al Departamento de Justicia información reciente de los votantes que está generalmente disponible al público.
Sin embargo, dijo que se negó a cumplir con una solicitud relacionada con documentos de las elecciones de 2020 porque el gobierno federal no tiene “base legal” para solicitarlos. La ley federal solo exige la preservación de datos electorales en contiendas federales durante 22 meses.
Griswold, una demócrata, dijo que las acciones recientes de Trump demuestran que el presidente “está utilizando el poder del Gobierno federal para socavar las elecciones estadounidenses y minar la confianza de los votantes en ellas”.
En Colorado, un estado que Trump perdió en sus tres intentos por la Casa Blanca, las tensiones sobre la administración electoral siguen siendo altas.
Koppes, la secretaria republicana del condado de Weld, dijo que enfrentó tantas amenazas por su defensa abierta de los resultados de las elecciones de 2020 —y el uso en su condado de las máquinas de votación Dominion— que comenzó a variar sus rutas de ida y vuelta al trabajo, una práctica que continúa actualmente.
Crane, el jefe de la asociación de secretarios, dijo que hizo falta “mucho valor” por parte de los secretarios del condado para rechazar las recientes propuestas, dada la atmósfera de sospecha y acoso que aún persiste. Señaló que una oficina electoral en el sur de Colorado que albergaba máquinas Dominion fue incendiada recientemente. Nadie resultó herido en el incidente, que ocurrió fuera del horario laboral.
“Las amenazas contra los funcionarios electorales son muy reales”, añadió.