“Veterinario Desmonta la Nueva Ley de Antibióticos para Animales: ¡Costos Altos y Más Complicaciones a la Vista!”

El miércoles 5 de marzo, los médicos veterinarios de España se congregarán para manifestarse frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en rechazo al decreto que regula el empleo de fármacos veterinarios. Aunque esta disposición, que comenzará a tener efecto en enero de 2025, pretende supervisar estos tratamientos para optimizar su uso y combatir el fenómeno de las resistencias, los profesionales del área advierten que podría poner en riesgo la salud de las mascotas.

Este sistema presentará la herramienta telemática PresVet, que facilitará el registro oficial de los antibióticos prescritos para las mascotas. Esto generará una mayor burocracia, limitando la capacidad de actuación de los veterinarios, quienes podrían verse imposibilitados de intervenir con rapidez en caso de que un animal sufra una enfermedad grave que requiera atención urgente.

Ante tales circunstancias y las multas que los profesionales podrían enfrentar si no cumplen con la normativa, que oscilan entre 60.000 y un millón de euros, los veterinarios han creado la plataforma VetsUnidos y han convocado una manifestación nacional para protestar contra este nuevo decreto, que, a su juicio, impacta negativamente en su labor profesional.

El veterinario con especialización en animales exóticos y salvajes Tomás Palomares Rolandi ha compartido un video en sus redes sociales (@tomijunglevet en Instagram), que también ha sido difundido por el Partido Animalista PACMA en su cuenta oficial (@partidopacma), en el que explica el procedimiento actual que deben seguir los expertos al recetar antibióticos para las mascotas, subrayando las complicaciones tanto económicas como de eficacia del nuevo sistema.

Las alteraciones con el nuevo decreto

Tomás Palomares se manifiesta de manera contundente sobre la herramienta PRESVET: “última innovación que perjudica la profesión veterinaria”. El especialista enfatiza que este nuevo decreto afecta no solo a los profesionales del área, sino también “a tu animal y a ti”: “Todo será más costoso y complicado de aquí en adelante. Hay un consenso sobre la necesidad de controlar los antibióticos, pero no comprendo por qué únicamente a nosotros se nos impone carga adicional y condiciones semejantes”.

El primer obstáculo que plantea esta nueva ley de prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios es que, según Tomás Palomares, solo se puede atender a los “animales que tengan microchip”. Sin embargo, el texto complementario aclara que se podrá administrar tratamientos a estos animales en tres circunstancias: “gatos comunitarios no identificados por el ayuntamiento, animales abandonados o perdidos sin identificación, y animales no identificados que presenten patologías que puedan comprometer su salud o la de las personas con las que conviven”.

Asimismo, el veterinario menciona que “ya han decidido por nosotros cuáles son los antibióticos que tenemos la autorización para utilizar”, lo cual denuncia, ya que siente que su criterio, tras completar su formación y especialización, “no tiene valor”. El proceso actual consiste en: usar uno de los antibióticos de la lista D, a pesar de que “yo sepa cuál es el antibiótico que puede salvar a tu animal”; si tras diez días no hay mejoría, “aunque yo ya sabía que no iba a funcionar”, se prescribe uno de la lista C. Después de ese período, “te obligo a realizar un cultivo” antes de emplear uno de la lista A o la B. “Todo está excelentemente diseñado”, expresa.

Además de la obligación de emplear únicamente las opciones más potentes después de justificar su uso mediante análisis o cultivos anteriores, la nueva normativa también exige adquirir muchos fármacos a través de farmacias, cuando anteriormente estos podían ser vendidos directamente en clínicas. “Te desafío a que vayas a tu farmacia de confianza y compruebes la disponibilidad de antibióticos. Cuando surja una urgencia, es probable que no tengan todos los que necesites”, aclara el veterinario. Esto podría implicar que los propietarios tengan que esperar hasta una semana para obtener el medicamento necesario para sus mascotas, lo cual podría comprometer su salud.