“Urgente Reforma: Claves de Edad y Tasa de Reemplazo según Asofondos”

La normatividad de la reforma pensionaria o Ley 2381 del 2024 avanza, aunque no al ritmo que muchos de los participantes del sistema desearían, ya que hay varios asuntos fundamentales por resolver y el tiempo restante para que esta nueva legislación entre en vigor es inferior a tres meses, el 1.° de julio del 2025.

Desde Asofondos señalan que no solo existe incertidumbre respecto a los aspectos que aún faltan por normar, que son muchos, sino también sobre la resolución que pueda adoptar la Corte Constitucional en relación a esta reforma, no obstante, las entidades continúan laborando para estar preparadas cuando la ley comience a aplicarse.

Precisamente sobre esos progresos y lo que implicará la implementación de esta reforma, EL TIEMPO dialogó con Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, gremio que congrega este jueves y viernes en Cartagena a especialistas (nacionales e internacionales), para evaluar cómo avanza la aplicación de la Ley y los posibles escenarios y repercusiones de las decisiones de la Corte Constitucional, así como los retos que se presentan en relación al mercado laboral actual, a las inversiones en tiempos de transformación, la situación geopolítica y de la economía mundial, entre otros temas.

A tres meses de la entrada en vigencia de la reforma pensional, ni la Corte Constitucional se manifiesta ni el Gobierno acelera su normativa, ¿dónde están los obstáculos que impiden el avance?

La reforma provoca transformaciones significativas en el sistema, y los retos para implementarlas son enormes. Las administradoras han destinado millones de dólares y muchas horas/hombre para asegurar que todo opere sin contratiempos a partir del 1.° de julio. No tenemos otra alternativa a excepción de aguardar a que se aclare la incertidumbre en torno a la Corte: debemos estar listos en caso de que la Ley se implemente. Adicionalmente, hay decretos normativos que no han sido emitidos o no están firmes, pero aun así nosotros tenemos que seguir avanzando. En estas situaciones corremos el riesgo de que el decreto sea emitido en una dirección distinta y debamos ajustar las preparaciones operativas.

¿Cuál es la situación actual en las mesas técnicas que se llevan a cabo con el Gobierno para discutir esta normativa?

Se encuentra una buena disposición para el diálogo. Asofondos no forma parte de las mesas de regulación, sin embargo, las administradoras (AFP) y la asociación han desempeñado un papel activo presentando sugerencias según nuestra percepción de la mejor manera de implementar la ley aprobada, siempre pensando en los afiliados y en nuestra responsabilidad fiduciaria con los recursos de aproximadamente 20 millones de trabajadores.

¿Cuáles son esos asuntos que necesitan un espacio de discusión y no han sido tratados hasta ahora?

Existen varios temas relevantes que aún requieren definición, algunos ejemplos incluyen el seguro previsional, la equivalencia de semanas, la consolidación de la pensión, todo lo relacionado con las cuentas generacionales y las licencias modulares para que las AFP ofrezcan nuevos productos de ahorro a largo plazo. Hay muchos otros e interacciones entre sistemas y actores que también deben establecerse. Los espacios de interacción han sido creados y están operando en la mesa de seguimiento operativo con el Gobierno.

Una de las inquietudes de Asofondos son las modificaciones

¿Las comisiones para las AFP se mantendrán como lo propuso el Gobierno?

Hemos expresado que es esencial asegurar una estructura de costos que permita a las AFP continuar brindando un servicio de calidad en la administración del ahorro de aproximadamente 20 millones de trabajadores. La legislación estableció las comisiones que formarán parte del nuevo sistema, que la normativa, por cierto, redujo. Tal como están las cosas, los ingresos de las administradoras disminuirán, mientras que el sistema exige de nosotros más inversiones y servicios. Tendremos que hacer más con menos, lo que significa que se requerirán ajustes significativos. Nuestra labor deberá progresar para adaptarse al nuevo sistema y buscar oportunidades para ofrecer nuevos métodos de ahorro que acompañen a los trabajadores en la formación de una mejor pensión.

Esto representa un duro golpe para los fondos, ¿qué podría suceder con estas entidades y con las que desean ingresar al mercado en el futuro?

Las comisiones reducidas pueden dificultar la entrada de nuevos participantes. Los márgenes en la industria de administración de fondos de pensiones ya eran ajustados antes de la reforma. Este sistema estaba y seguirá estando regulado en competencia, y, aunque la participación de nuevos actores siempre será bien recibida, deberán ser altamente eficientes e innovadores para adaptarse al mercado. A mediano plazo, el desafío radica en aprovechar las oportunidades que brinda la reforma para ofrecer nuevos productos de ahorro que complementen la pensión de los trabajadores.

¿Qué tanto se ha progresado respecto a los fondos generacionales y el Fondo de Ahorro administrado por el Banco de la República?

Aún persiste la incertidumbre sobre los pormenores de la gestión de estos fondos. Se cuenta ya con un borrador de decreto relacionado con el fondo de ahorro, pero los detalles sobre la administración de las inversiones, así como los de los fondos generacionales, aún están por definirse. Los proyectos normativos sugieren que se conceda el tiempo necesario para que todas las entidades se preparen adecuadamente para administrar el Fondo de Ahorro. Asimismo, se propone que los recursos que se ahorrarán deben ser administrados temporalmente por las AFP en cuentas independientes, para estar listas a ser enviadas junto con sus rendimientos al Fondo de Ahorro una vez que este sea establecido por el Banco de la República.

¿Considera que Colpensiones estará administrativa y tecnológicamente preparada para asumir toda la carga que se avecina con la Ley 2381?

Esta es una consulta para Colpensiones, cuya función será complementaria a la nuestra en el nuevo sistema, por lo que es de nuestro mejor interés que logren gestionar toda la carga de la mejor forma posible. La entidad tendrá que procesar un volumen elevado de nuevas afiliaciones y gestionar recursos en una escala significativamente mayor.

¿Perciben que la competencia con Colpensiones será justa?

Con la Ley 100, la competencia es desbalanceada, ya que los jubilados de Colpensiones reciben un subsidio del Gobierno de cerca del cien por ciento de su ahorro con rendimientos. La reforma modificará esta dinámica; todos los colombianos estarán afiliados a Colpensiones para la parte básica del pilar contributivo, y las administradoras ofrecerán el componente complementario para las contribuciones que superen 2,3 salarios mínimos mediante la licencia Accai (Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual). Será crucial que la regulación aclare las reglas del juego sobre la competencia de Colpensiones en el segmento complementario, junto al resto de las Accai.

Si no se resuelven todos los inconvenientes del sistema actual, ¿será imprescindible implementar una nueva modificación en el régimen de pensiones?

Las tres dimensiones (justicia, acceso y viabilidad) constituyen una excelente manera de determinar los resultados de la reforma. La legislación avanza, al menos en parte, en lo que respecta a la equidad. Los subsidios para las pensiones elevadas se disminuyen de 25 salarios mínimos a 2,3 salarios mínimos. Sin embargo, en cuanto a viabilidad, la situación se complica.

La reforma es bastante generosa en relación a la transición, el adelanto en las prestaciones, la disminución de semanas y las condiciones preferenciales para grupos elegibles. Además, la carga financiera del Estado incrementa con el sistema de pilares, ya que asume todas las pensiones que están por debajo de 2,3 salarios mínimos. Esta situación conlleva que la deuda pensional aumente del cien por ciento del PIB previo a la reforma al 160 por ciento posterior a la misma. Es una carga que se transfiere a las futuras generaciones, quienes deberán encontrar los medios para hacer frente a esta obligación.

Recientemente, se ha afirmado que la reforma mejora la inclusión, pero se están mezclando las transferencias sociales o los subsidios gubernamentales con una pensión. Los programas estatales dependen del Presupuesto Nacional, han estado vigentes durante muchos años y la reforma promete expandirlos. Los pilares solidario y semicontributivo prometen incrementar la inclusión de los programas sociales, pero no conllevan un aumento en la cobertura pensional.

Para lograr modificaciones significativas en la cobertura pensional, es esencial abordar los inconvenientes del mercado laboral: fomentar la inclusión de ciertos grupos clave, como mujeres, campesinos y jóvenes; disminuir el desempleo estructural que se sitúa entre el 10 y el 12 por ciento y la informalidad. Solo así, y aumentando de manera efectiva el ahorro, se podrá elevar el porcentaje de personas mayores con la posibilidad de acceder a una pensión.

Incremento de la edad y tasa de reemplazo, ¿deberán ser incluidos sí o sí en una futura reforma?

Ciertamente, son cuestiones ineludibles en cualquier reforma estructural del sistema de pensiones. Aunque políticamente poco populares, en algún momento será necesario abordarlas para asegurar la viabilidad y avanzar en la equidad del sistema. La demografía y la realidad fiscal del país obligarán a reconsiderar estos aspectos más temprano que tarde.