Vicepresidenta Francia Márquez pide garantías de seguridad y apoyo humanitario para comunidades del Catatumbo

La vicepresidenta Francia Márquez ha solicitado garantías de seguridad y asistencia humanitaria urgente para las comunidades del Catatumbo, tras el desplazamiento forzado de más de 250 personas debido a los conflictos entre el ELN y las disidencias de las FARC.

A través de sus redes sociales, Francia Márquez manifestó su inquietud por la situación de las comunidades que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el Catatumbo. La vicepresidenta declaró: “Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es imprescindible que se aseguren condiciones de seguridad que favorezcan el regreso y la permanencia de las personas en sus tierras, garantizando así el ejercicio pleno de sus derechos”.

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Márquez destacó la necesidad de que las instituciones garanticen la protección de los derechos de los residentes de la región. La funcionaria enfatizó que la crisis humanitaria requiere soluciones estructurales y una presencia activa del Estado, para que las personas puedan vivir en paz y ejercer sus derechos en sus territorios.

La vicepresidenta pidió acción urgente por parte de las autoridades nacionales y la comunidad internacional. “Hago un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas por el desplazamiento reciente en esta parte del país, como resultado de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, y para que se adopten medidas concretas y eficaces para prevenir esta situación”, escribió Márquez en su cuenta de X.

Este llamado busca que el Estado y los organismos internacionales garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno seguro de las familias desplazadas y su permanencia en sus tierras. La vicepresidenta considera que la atención debe ser prioritaria e incluir asistencia en salud, alimentos y protección, así como el despliegue de instituciones en la región.

Francia Márquez reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con las comunidades del Catatumbo y su empeño por alcanzar la paz en la región. Señaló que la solución real solo será posible mediante el respeto, la protección y una presencia institucional continua.

“Comprendemos que la paz y la justicia social en el Catatumbo solo se lograrán a través del respeto, la protección y la presencia institucional que responda a las necesidades auténticas de su población, y en eso estamos enfocados como Gobierno nacional”, afirmó la vicepresidenta.

Este mensaje subraya la necesidad de que el Estado colombiano movilice recursos y personal para atender de manera integral a los habitantes de la región, de manera que no solo se aborde la emergencia actual, sino que se trabaje hacia una solución duradera.

La reacción de Francia Márquez surgió tras la alerta de desplazamiento reportada en la región. Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y las autoridades locales, más de 250 personas provenientes, en su mayoría, de los municipios de Tibú y El Tarra han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña. En Cúcuta, se registró la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 individuos, mientras que a Ocaña arribaron 11 familias, alrededor de 50 personas.

El NRC informó que al menos 6.000 personas están en riesgo de confinamiento y desplazamiento debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. El corregimiento de Pachelly, en Tibú, es el que mayor riesgo presenta, como resultado de la presencia y actividades de los grupos armados organizados.

El llamado de Márquez se alinea con la activación de la respuesta humanitaria de emergencia del NRC, que enfatizó la necesidad de garantizar refugio seguro, alimentos, agua potable y protección para las familias desplazadas. El organismo también instó a que el Estado asegure atención inmediata y pidió que los grupos armados respeten a la población civil.

Las organizaciones humanitarias y la Defensoría del Pueblo también han solicitado el cese de los combates y la habilitación de corredores para el ingreso de equipos médicos y ayuda. La Defensoría informó que en el corregimiento de La Gabarra, parte de la población se encuentra refugiada en una escuela, incluyendo familias con menores de edad, ante la escalada de enfrentamientos y el uso de artefactos explosivos.