Colombia
Violencia en Antioquia aumenta: homicidios se duplican en el norte del departamento
La violencia en Antioquia alcanza niveles críticos en municipios rurales, especialmente en la subregión Norte donde los homicidios se han duplicado en lo corrido de 2026. Según datos de las autoridades militares, la región enfrenta una crisis de orden público sin precedentes que compromete la seguridad de civiles y el control territorial del Estado.
¿Por qué aumenta la violencia en Antioquia en 2026?
El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, identificó tres actores armados ilegales operando en el Norte antioqueño: el “clan del Golfo” a través de la subestructura “Luis Hernando Rozo Bertel”, los frentes 18 y 36 de disidencias de las Farc, y el frente “Héroes de Tarazá” del Eln. La disputa por el control territorial en municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño y Yarumal ha intensificado los enfrentamientos entre estas estructuras criminales.
Las autoridades regionales, incluido el gobernador Andrés Julián Rendón, argumentan que la política de “paz total” del Gobierno nacional ha generado un aumento exponencial en la presencia de grupos armados ilegales en Antioquia. De las nueve subregiones del departamento, el Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca presentan las situaciones más graves.
¿Cómo financian sus operaciones los grupos armados en Antioquia?
La minería ilegal se ha convertido en la principal fuente de ingresos para los actores armados, superando incluso los recursos del tráfico de estupefacientes. Los grupos criminales cobran porcentajes entre el 10% y el 20% de la producción a los mineros ilegales que operan en la región, asegurando así su dominio territorial. Según El Tiempo, esta estrategia de extorsión a la minería clandestina ha consolidado enclaves de coca y ha expandido significativamente las economías ilícitas del departamento.
Las subregiones afectadas enfrentan deterioro acelerado en indicadores de seguridad, generando desplazamiento de comunidades civiles y limitando la presencia estatal. La ruralidad antioqueña resulta más impactada que municipios del Valle de Aburrá, donde Medellín concentra tradicionales operaciones de seguridad.
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