Vladimiro Montesinos, condenado por secuestro y asesinato, abre Tik Tok: legislación peruana le permite reaparecer en internet

La reciente aparición de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial peruano condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, en la plataforma TikTok ha generado críticas sobre si esto podría constituir un delito, tal como apología a la violencia o exaltación del reo. Los videos publicados en esta red social, que finalizan con mensajes que sugieren su posible retorno a la política, junto a su supuesta candidatura a un partido político sin inscripción, Por Amor al Perú, abren una serie de interrogantes.

Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Zegarra, explicó a Infobae Perú que, según el artículo 316 del Código Penal peruano, se considera apología cuando alguien “públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a una persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe”. En este sentido, cualquier contenido que respalde o justifique crímenes como asesinato, desaparición forzada y corrupción podría ser considerado apología.

Montesinos está cumpliendo una condena que finalizará en junio de 2026 en el penal de la Base Naval en el Callao y aún no ha abonado la reparación civil que se le impone por los delitos cometidos.

Otro punto de controversia es cómo un individuo privado de su libertad puede estar activo en redes sociales. Estela Valdivia, la abogada de Montesinos, confirmó al diario Peru21 que el contenido publicado en TikTok cuenta con su respaldo, aunque no es él quien lo gestiona directamente desde el penal. Teóricamente, las personas encarceladas no deberían tener acceso a dispositivos móviles ni a internet por razones de seguridad, no obstante, en este caso, el control de la cuenta parece estar en manos de terceros en libertad, lo que no infringe directamente las normas penitenciarias, detalla Ugaz.

El abogado penalista subrayó que, aunque la legislación peruana no prohíbe explícitamente a una persona condenada tener presencia en redes sociales, las publicaciones no deben incurrir en delitos como la apología. Este hecho y el posible impacto de los videos en la opinión pública han generado un debate sobre la necesidad de revisar las regulaciones existentes.

A parte de los cuestionamientos sobre la legalidad de su presencia en redes sociales, el público ha notado que los videos de TikTok han sugerido la posibilidad de un retorno de Montesinos a la política. Sin embargo, Ugaz destaca que esta opción enfrenta múltiples barreras legales. Según el artículo 33 de la Constitución peruana, el ejercicio de la ciudadanía se suspende por sentencia con pena privativa de libertad. Esto implica que Montesinos no podría postularse a ningún cargo público durante su condena.

Además, la Ley 30153 establece que aquellos que no hayan cumplido con el pago de su reparación civil también están inhabilitados para postularse a cargos electivos. En el caso de Montesinos, aún le queda una reparación civil de 500.000 dólares por pagar, lo que refuerza su inhabilitación. También, la jurisprudencia peruana ha ampliado la interpretación de la inhabilitación, aplicándola no solo para ser elegido, sino también para votar o ser parte de partidos políticos.

El caso de Montesinos también ha reavivado el debate respecto a los derechos de las personas condenadas una vez que cumplen sus penas. El jurista del estudio Ugaz indica que la legislación peruana no contempla la “muerte civil” total, lo que significa que, tras cumplir su condena y pagar su reparación civil, una persona podría recuperar sus derechos, incluida la posibilidad de expresarse en redes sociales. No obstante, en el caso de Montesinos, su condena sigue en vigor, y tiene otros procesos judiciales que podrían extender su tiempo de prisión.

Este caso evidencia un vacío legal en la regulación de la actividad pública de personas condenadas. Aunque existe una fuerte crítica social y ética hacia estas acciones, la normativa actual no prohíbe expresamente que alguien en prisión tenga presencia mediática a través de terceros. Esto resalta la necesidad de revisar las leyes para evitar que estas situaciones provoquen confusiones o afecten la percepción pública de la justicia.