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En su Informe del Sector Gas Natural 2025, Promigás aseguró que el sector está en un punto en el que se requiere una visión de largo plazo, decisiones oportunas y una coordinación efectiva entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales, el sector privado y las comunidades.
Esto es necesario para que se garantice el abastecimiento de gas natural y más de 35 millones de ciudadanos sigan contando “con un energético confiable, asequible y con una menor huella de carbono que sus sustitutos”.
El informe resalta que diciembre de 2024 marcó un hito en la historia energética de Colombia por ser el mes a partir del cual fue necesario acudir a la importación de gas natural como fuente estructural de abastecimiento del mercado colombiano.
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Así las cosas, diciembre de 2024 fue la fecha en que iniciaron las importaciones permanentes de gas natural para segmentos distintos a la generación térmica, lo que refleja la pérdida de autosuficiencia en un momento en el que los debates de política energética se entrelazan con la agenda climática global.
Esta fecha determinó el punto de inflexión en el que el país pasó de un mercado superavitario a uno deficitario. Colombia tenía una condición superavitaria porque la oferta nacional permitía cubrir en su totalidad los consumos de los usuarios del servicio público domiciliario de gas natural, con la excepción de parte de la demanda térmica localizada en la Costa Caribe.
Para cubrir este faltante, el Gobierno Nacional promovió la construcción de la regasificadora de Cartagena y así no afectar el funcionamiento normal del mercado.
Luego de diciembre de 2024, la condición deficitaria se da porque se requiere gas importado para satisfacer los consumos de los distintos segmentos de la demanda, y ya no exclusivamente para la generación térmica en la región Caribe.
En este nuevo contexto, el análisis señala que se requiere asegurar un balance permanente entre las cantidades demandadas y las ofrecidas por productores nacionales e importadores.
“Resulta imperativo examinar si la capacidad del sistema de transporte es suficiente, para soportar los flujos asociados al gas importado, así como los posibles cambios en los patrones de flujo del gas nacional. En un mercado deficitario, la información sobre las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena y las gestiones operativas adquieren mayor relevancia”, expone Promigás.
Además, detalla que esta nueva condición hace que el Gobierno Nacional y los agentes del mercado se vean obligados a tomar decisiones con menos grados de libertad y, en algunos casos, con menor antelación de la que era posible en el pasado.
El gas natural es uno de los combustibles más importantes. Foto:iStock
¿Cómo aumentar la oferta de gas natural en el país?
Una de las alternativas para tener una mayor oferta de gas natural nacional, es lograr que los recursos contingentes se conviertan en reservas y posteriormente en producción.
Para lograr esto, el informe del sector Gas Natural recoge cinco recomendaciones de dos empresas que se dedican a la exploración y producción de hidrocarburos.
La primera es la competitividad fiscal y regulatoria, pues dicen que se requiere que Colombia recupere competitividad internacional en términos de carga fiscal para atraer inversión en gas.
La segunda es que se eliminen sobretasas sectoriales, se garantice estabilidad fiscal y se cuente con un marco regulatorio, ambiental y económico ágil, balanceado y practicable.
La tercera es que se garantice el acompañamiento de gobiernos y entidades del Estado para ejecutar proyectos de manera segura.
“Los diagnósticos ambientales sólidos y los diálogos con comunidades son fundamentales para manejar impactos, asegurar compensaciones y promover bienestar en las regiones” exponen las compañías.
La cuarta es evitar destrucción de la demanda y para ello es prioritario enviar señales claras de disponibilidad de gas para evitar cierres de plantas o migración a sustitutos más contaminantes. “Los proyectos de importación de gas natural se plantean como parte esencial de la ecuación a corto, mediano y largo plazo”, apuntan.
En quinto lugar, está la viabilidad económica y jurídica y para ello se requieren un análisis costo-beneficio para optimizar operaciones sin comprometer seguridad y sostenibilidad.
“La estabilidad normativa, la promoción de la industria y mejoras en infraestructura son determinantes. Los incentivos tributarios pueden fomentar inversión y aumentar la producción y las regalías y el cumplimiento normativo, la adaptación ágil de regulaciones y contratos, y la estandarización de acuerdos de coexistencia son claves para la continuidad de proyectos”, puntualizan.
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