El estudio revela la insuficiencia de peajes y vigencias futuras. Propone permitir obras por impuestos futuros de renta, concentrar regalías en corredores nacionales y habilitar la combinación de fuentes con catastros actualizados.
Aun con el impulso que dieron las APP en la última década, Colombia no cuenta hoy con fuentes suficientes para financiar la infraestructura vial que definió como meta.
Esa es la conclusión central de un estudio que Anif y la CCI, donde ponen un número al desafío: hasta $19 billones al año para carreteras hasta 2035 y una propuesta para reconfigurar cómo se pagan las obras, desde impuestos de renta futuros hasta regalías y valorización.
El estudio -que analiza el horizonte de inversión entre 2023 y 2045- no solo dimensiona la magnitud del desafío, también señala las vías alternativas que el Estado y las empresas han tanteado para cerrar las brechas.
El primero de ellos, “Obras por impuestos”, salió de la letra muerta y logró tracción. Entre 2018 y 2024, 210 empresas canalizaron 409 proyectos bajo ese instrumento. El poder del capital privado tiene cifras que lo demuestran: 233 obras se ejecutaron en municipios Pdet por $2,03 billones; 176 en Zomac por $931.034 millones.
El patrón sectorial muestra intereses en educación (217 proyectos por $1,11 billones) y un segundo lugar para transporte (92 proyectos por $1,13 billones).
Sin embargo,los costos no previstos, la debilidad técnica cuando los proponentes son entes territoriales y la ausencia de modelos que aseguren el mantenimiento posentrega aparecen como obstáculos recurrentes. Un mecanismo que funciona en volumen empresarial aún falla por el lado de la sostenibilidad.
Otra escena ilustrativa del documento es Sucre. Allí nació el primer proyecto bajo “Obras por regalías”: una placa huella de 3,8 km en San Benito Abad, fruto de un acuerdo entre Canacol Energy y la gobernación. Una obra modesta en longitud, pero inmensa en simbolismo.
La experiencia de Canacol evidencia un libreto pesado: burocracia, coordinación interinstitucional frágil y altos riesgos asumidos enteramente por las empresas. El mecanismo está restringido a territorios productores, depende del desempeño extractivo, carece de información pública suficiente y exige una sincronía que no siempre existe.
La capital del país ofrece un contraste narrativo. Bogotá, con catastros actualizados, equipos técnicos consistentes y reglas de juego relativamente claras, demostró que la “Contribución Nacional de Valorización” tiene potencial.
Pero cuando la lupa sube al plano nacional, la trama se complica: dificultades para medir el aumento real del valor predial derivado de las obras, bases catastrales desiguales, falta de capital humano idóneo, desconfianza ciudadana y resistencia social cuando el beneficio no es tangible.
El corazón de la discusión está en una proyección que exige recursos enormes. Según el ejercicio de Anif, completar el plan carretero 2023-2035 demanda $19 billones anuales promedio (1,1% del PIB 2024), a lo que se suman $5,6 billones para rehabilitar la red terciaria (0,3% del PIB 2024).
Para el segundo periodo (2036-2045), la cifra anual requerida para primaria/secundaria es $11,9 billones y para terciarias $6,7 billones. El ritmo baja en porcentajes de PIB, pero sube en longitud intervenida: 5.535 km de red troncal y 62.887 km de vías rurales que sostienen el relato productivo de Colombia.
Las recomendaciones finales del estudio dibujan un giro estratégico. La CCI y Anif proponen:
Obras por impuestos futuros: permitir que empresas comprometan renta de varios años, como vigencias futuras, usando impuesto de renta en lugar del presupuesto público.
Extensión territorial: ampliar el mecanismo más allá de municipios Pdet y Zomac.
Regalías a escala: concentrar recursos de territorios productores en corredores de impacto regional o nacional (logísticos y troncales).
Concurrencia de fuentes: habilitar el uso combinado de mecanismos (impuestos, regalías, valorización y otros) para un mismo proyecto, superando las restricciones legales y operativas.
Valorización nacional: actualizar el marco legal con variables y reglas claras para medir, liquidar y cobrar el beneficio, y asegurar catastros actualizados y confiables.
También le puede interesar: Infraestructura prende motores en un ambiente retador impulsada por los privados, que han invertido más de $100 billones
