Colombia
Representante uribista pidió que se vincule a Gustavo Petro en investigaciones sobre presuntas filtraciones de las disidencias de las Farc

José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara del Centro Democrático, envió el 27 de noviembre de 2025 una carta a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, pidiendo que se incluya al presidente Gustavo Petro en la investigación por presuntas filtraciones a disidencias de las Farc. Este escándalo surgió el 23 de noviembre tras la investigación de Noticias Caracol, donde se revelaron presuntos vínculos con el grupo armado.
El congresista opositor, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, también solicitó información sobre la posible implicación del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wílmar Mejía, quienes estarían involucrados en las informaciones que detallan cómo los hombres bajo el mando de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, tendrían infiltradas las dependencias estatales con información de alta relevancia.
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“Solicitamos a la Fiscalía que se aclare si ha vinculado al proceso a Gustavo Petro, Francia Márquez, Gustavo Bolívar y/o María José Pizarro”, indicó Uscátegui, que subrayó la necesidad de aclarar la actuación de altos funcionarios involucrados, quienes ya han sido suspendidos provisionalmente por el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.
En su accionar ante este tema, el congresista también presentó una denuncia penal contra Danilo Rueda, ex alto Comisionado para la Paz, por los delitos de omisión de medidas de protección y abuso de autoridad por omisión de denuncia. Señaló que su oficina tenía conocimiento de los riesgos que enfrentaba David Estiven Fernández Soler, un joven que desapareció y fue encontrado muerto tras haber estado en un campamento del Estado Mayor Central de las Farc.
“La Oficina del Alto Comisionado para la Paz estaba al tanto del peligro que corría el joven”, destacó Uscátegui, quien relató que recibió la alerta sobre un posible fusilamiento el 29 de agosto de 2023 y que ya contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde el 28 de julio de 2023; “pero no se actuó con la prontitud requerida ni se observó la posición de garante del entonces comisionado”.
Por su parte, Uscátegui recordó que Fernández Soler fue asesinado por alias Calarcá y criticó los escasos resultados de las autoridades competentes en este y otros casos de menores reclutados a la fuerza por estas organizaciones que operan en el sur y occidente del país. “La nación merece respuestas claras sobre por qué un crimen de esta magnitud sigue sin avanzar”, enfatizó Uscátegui.
También subrayó que el caso cuestiona la responsabilidad del Estado por la falta de acciones preventivas. “A pesar de la seriedad de la situación, no se activaron las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida de David Estiven”, lamentó el representante uribista, expresando su indignación ante este nuevo escándalo que vincula al Gobierno de Petro, que aún tiene 253 días en el poder.
Junto a su colega Jhon Jairo Berrio y la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, Uscátegui demandó información sobre el estado actual del proceso, las diligencias realizadas y la oficina encargada de la investigación. Asimismo, preguntó si se han recogido declaraciones de aquellos que habrían tenido contacto directo con la víctima, incluidos Petro, Márquez, Bolívar y Pizarro, tal como lo muestran las fotografías.
“La presente solicitud no implica una afirmación o presunción de responsabilidad penal, sino que tiene como objetivo averiguar si estas personas han sido convocadas como declarantes, testigos o para cualquier diligencia que la Fiscalía considere necesaria en el marco del proceso investigativo”, aclaró Uscátegui respecto a esta solicitud, destacando la importancia de la justicia y la necesidad de esclarecer los hechos para las víctimas; en este caso, el joven mencionado en la denuncia.
“La desaparición y asesinato de David Estiven Fernández Soler no puede quedar en silencio o en la oscuridad. Es un caso doloroso que compromete directamente la responsabilidad del Estado. Existieron alertas, información y medidas de protección, pero no se actuó. Por eso acudimos a la justicia: porque este país merece conocer lo que ocurrió, quién falló y por qué se ignoró a un joven colombiano que necesitaba ayuda”, resaltó Uscátegui.
Por último, el representante solicitó que la Fiscalía proporcione el Número Único de Noticia Criminal, el nombre y la dependencia del fiscal encargado, las actuaciones recientes y que sustente sus respuestas con los documentos pertinentes. “El proceso debe seguir adelante con claridad. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a que la Fiscalía actúe de manera independiente. No retrocederemos en este objetivo”, concluyó.







