Colombia
“Declarar ineficaz la resolución”: juez ordena reintegrar a directivo insubsistente en Girón
Un juez en San Juan de Girón ha ordenado el reintegro de José Manuel Reinozo Gómez, quien fue el director operativo de movilidad y control vial del municipio.
La resolución judicial se tomó tras la acción de tutela presentada por el funcionario, quien había dejado su cargo tras la llegada del alcalde provisional designado por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.
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La situación fue reportada inicialmente en Semana y ha generado interés debido a las circunstancias en que ocurrió la declaración de insubsistencia.
Reinozo argumentó en su tutela que, al asumir Fredy Cáceres como alcalde interino, se requirió la renuncia protocolaria de todos los funcionarios con cargos de libre nombramiento y remoción.
Según su relato, la carta fue firmada “bajo presión y sin voluntad libre”, por lo que luego envió un correo institucional manifestando su desistimiento. En el mencionado mensaje también notificó que gozaba de protección reforzada por fuero de paternidad, siendo padre de familia.
El funcionario añadió que compartió esta información con la Secretaría de Gestión Humana, explicando que su hija tenía ocho meses y que su esposa estaba dedicándose a su cuidado durante el periodo de lactancia. Con esto, argumentó que la petición de renuncia carecía de base y que debería mantenerse su contrato laboral hasta que se respetaran las regulaciones aplicables.
El 5 de noviembre, la Secretaría Administrativa emitió una resolución donde fue declarado insubsistente. El documento indicaba que la medida fue adoptada bajo la “facultad discrecional del nominador” y que la decisión se tomó “en pro del mejoramiento del servicio público (…) y en concordancia con los principios de eficacia”. Para Reinozo, esta determinación carecía de justificación suficiente y no tuvo en cuenta su condición de padre cabeza de familia.
El juez Alejandro Pastrana Ortiz revisó la secuencia de eventos y concluyó que el municipio estaba al tanto de la protección reforzada. El despacho señaló que el demandante “demostró que avisó oportunamente a la Alcaldía de Girón, encargada de garantizar el contenido de la garantía fundamental como ‘padre cabeza de familia’”. Al revisar el expediente, se constató también que el funcionario era el único miembro con empleo formal en su familia.
A partir de esta valoración, el despacho consideró que el fin del vínculo laboral acarreaba consecuencias en el mínimo vital, la seguridad social y la estabilidad del hogar. El juez indicó que la resolución de insubsistencia carecía de fundamento suficiente para sobrepasar la protección derivada de su situación familiar.
Con base en este análisis, el tribunal ordenó declarar “ineficaz” el acto administrativo que había puesto fin al cargo y dispuso su reintegro como director operativo de movilidad y control vial.
Esta decisión se produjo en un contexto institucional caracterizado por una investigación disciplinaria abierta por parte de la Procuraduría contra el gobernador Juvenal Díaz y el alcalde encargado Fredy Cáceres.
El organismo de control anunció previamente la indagación por presuntas irregularidades en la designación del alcalde encargado y en la emisión de actos administrativos relativos a la remoción de varios empleados en Girón.
La Procuraduría indicó que la investigación busca “determinar, en primer lugar, si hubo irregularidades en la designación del alcalde encargado de Girón, Santander, por parte del gobernador de dicho departamento”. Para la entidad, hay elementos que requieren ser analizados respecto a los criterios empleados en las decisiones administrativas del municipio.
Asimismo, el ente de control revisará las posibles inconsistencias en las declaratorias de insubsistencias de otros funcionarios. Las indagaciones persiguen esclarecer si las decisiones se tomaron conforme al ordenamiento y asegurando la protección de los derechos laborales de aquellos que fueron removidos durante la transición administrativa.
El caso de Reinozo se ha convertido en uno de los primeros fallos que ordenan revertir una insubsistencia en medio del proceso disciplinario que está en marcha. Aunque la decisión judicial se refiere exclusivamente al demandante, se inscribe en un contexto en el que varios funcionarios han manifestado su desacuerdo con los actos administrativos expedidos durante la llegada del alcalde encargado.
El fallo también coincide con la evaluación de la Procuraduría sobre el procedimiento aplicado para solicitar la renuncia protocolaria a los titulares de cargos de libre nombramiento. Este procedimiento, habitual en procesos de transición, debe realizarse bajo criterios que respeten las garantías previstas para quienes tienen protección reforzada o situaciones especiales reguladas por la ley.
Luego de la orden del juez, la administración municipal deberá formalizar el reintegro y aplicar las decisiones dictadas. La resolución deja abierta la posibilidad de que continúen las investigaciones anunciadas, mientras se determine si hubo fallos en los procedimientos adoptados durante la gestión del alcalde interino y el gobernador pertinente a la designación.
